La APIF se niega a negociar con el fiscal general: se levanta de la mesa del EOMF

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha decidido hoy, por unanimidad, no participar en el grupo de trabajo constituido el pasado 10 de abril para el estudio de un proyecto de ley de nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Decisión que ya ha comunicado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de un correo electrónico.

Según expresa en la carta remitida al fiscal general, ha tomado esta decisión ante la última actuación de la Fiscalía, consistente en la orden dada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, a la fiscal que se está encargando del asunto sobre las querellas del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «indicándole que el informe que debe evacuar debe ser la inadmisión en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

Para la APIF, este comportamiento «se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España». «Esto supone, en la práctica, la falta de independencia de los fiscales de los casos concretos respecto a su jefatura», declara a Economist & Jurist el presidente de esta asociación, Miguel Pallarés. Ayer también se pronunció en este diario sobre la declaración institucional del fiscal general asumiendo la responsabilidad última de la nota de prensa sobre el caso del novio de Ayuso, echó en falta que García Ortiz aclarara si la orden partió de él.

En la misiva, la APIF resalta que no procede que «en la propia Fiscalía General del Estado, como han informado medios de comunicación, se haya producido, a instancia de la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento». «Esto es un comportamiento anómalo que no respecta la debida independencia del/los fiscales del caso», denuncia esta asociación.

En la primera reunión del grupo de trabajo creado en la Fiscalía General del Estado, la APIF indicó que «un nuevo EOMF debía contemplar una independencia absoluta en un doble sentido: primero, del Gobierno, ya que la Constitución Española nos sitúa dentro del Poder Judicial (con autonomía funcional); segundo: debía blindarse al fiscal del caso concreto, revistiéndole de total independencia para que no pudiera se inquietado en su labor investigadora, debiendo ser independiente hasta de la propia institución».

Afirma que «este último acontecimiento, llevado a cabo por el fiscal general pone de manifiesto, claramente, su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías debidas para el ciudadano, la instrucción de las causas penales».

La APIF señala que la situación provocada ahora se suma a «otros comportamientos del fiscal general, como haber sido condenado por desviación de poder» y, a su juicio, todo ello conlleva que no pueda ser considerado García Ortiz idóneo para ese cargo. Por ello, el pasado 11 de abril presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo impugnando su nombramiento.

La APIF concluye su carta apelando a su responsabilidad asociativa y, en consecuencia, manifestando que no puede participar en el grupo de trabajo para elaborar un nuevo estatuto siendo él el fiscal general.