La aprobación de la Ley de Amnistía en un contexto de falta de separación de poderes devalúa al Parlamento denuncia Hay Derecho

La pérdida de autonomía de la Fiscalía respecto del Gobierno, la politización del Tribunal Constitucional o el abuso de gobernar con decretos leyes, sin estar clara la separación de poderes, son algunos de los males que la Fundación Hay Derecho aprecia en el funcionamiento de nuestra democracia donde la aprobación de la Ley de Amnistía ha tensionado nuestro marco político actual  en un nuevo informe presentado este pasado viernes.

En este informe se indica que la solución pasa por evitar la intromisión del poder ejecutivo en el resto y una descolonización de las instituciones ahora en manos del PSOE, partido en el Gobierno.

En un acto al que acudieron el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, y la Diputada de la Junta de Gobierno, Roberta Poza Cid, patrona de la entidad, junto a  Nicola Redondo, secretario general de los socialistas vasos entre 1997 a 2001, junto a los senadores del PP Miguel Ángel de La Rosa y Salvador de Foronda o Isabel Dutilh, vicepresidenta del Circulo de Empresarios, entre otros invitados,  este informe analiza al detalle la salud de la democracia en España, destacándose la creciente politización de las instituciones y la falta de independencia en el sistema judicial.

Ignacio Gomá, Segismundo Alvárez y Elisa de la Nuez, de Hay Derecho, con Eugenio Ribón, decano del ICAM. (IMAGEN: HAY DERECHO)

En el segundo informe del Estado de Derecho, esta fundación independiente ha analizado un aluvión de datos referentes a los años 2022 y 2023, (aunque se incluyen referencias más actuales a hechos producidos durante el periodo de redacción del informe en el primer semestre de este año) para llegar a conclusión de que nos encontramos en una situación de «estrés institucional».

Asimismo, uno de los factores que más ha tensionado el marco político constitucional en este periodo ha sido la tramitación de una ley de amnistía para determinadas actuaciones relacionadas con el procés, como condición para la investidura del Gobierno.

La tramitación parlamentaria de esta ley ha puesto de manifiesto de manera muy explícita muchos de los problemas relacionados con la disminución del papel del Parlamento y su subordinación al Poder Ejecutivo, así como a la disminución de las necesarias garantías tanto técnicas como desde el punto de vista de la participación ciudadana, al recurrirse a la proposición de ley por trámite de urgencia.

Por otra parte, deben destacarse las acusaciones de ‘lawfare’ desde determinados partidos políticos al Poder Judicial, muchas de ellas precisamente en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía.

Entre los aspectos positivos no obstante hay que destacar el acuerdo alcanzado entre el PP-PSOE que ha posibilitado, después de cinco años, el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se puede leer en el informe como resumen de los problemas democráticos de España.

«Hay una tendencia muy preocupante a la máxima politización de los magistrados» de la Corte de Garantías: ocho de los doce miembros del Pleno actual, «han tenido vinculaciones» más o menos directos con las formaciones que los han designado, ha expuesto el catedrático Germán Teruel, codirector del informe.

Y muchos de ellos «sin un periodo de enfriamiento», directamente desde el Ejecutivo, –como ha sucedido, por ejemplo, con el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo–, «sin experiencia casacional previa» y tras haber «desmantelado el cuerpo de letrados técnicos» del órgano que «vienen desempeñando sus funciones desde la adscripción temporal de los mismos», ha añadido el académico murciano.

Germán Teruel explicando la politización de las instituciones en un contexto en el que el Parlamento se reduce su actividad. (IMAGEN: HAY DERECHO)

El informe destaca la necesidad de preservar la independencia de los contrapesos al poder y la constatación de una tendencia hacia la politización de las principales instituciones de contrapesos como el Tribunal Constitucional.

Falta de contrapesos institucionales

«Se está deteriorando severamente el sistema de pesos y contrapesos por la colonización partidista de las instituciones», ha advertido Germán Teruel.

En la presentación de este informe han intervenido Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de la Fundación Hay Derecho; Safira Cantos, directora general; y los codirectores de la investigación, Elisa de la Nuez y Germán Teruel.

También ha intervenido Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, quien a modo de prologo de presentación de este informe indico que «las instancias de la Unión Europea tienen un papel creciente en la vigilancia de su cumplimiento y en la activación de un debate que suele ser incómodo para quienes se sienten aludidos por él».

El eurodiputado popular afirmó que durante un tiempo se enfocó como sospechosos de los problemas democráticos a Hungría y Polonia y se está produciendo un «deslizamiento de otros países democráticos hacia prácticas que realmente tienen poco que ver con una plasmación plena del Estado de derecho y la experiencia democrática» y, en este sentido, a su juicio, ”debemos mirar a nuestro país que tiene problemas serios con esa plasmación eficaz del Estado de derecho», como son el «deterioro de la separación de poderes y los frenos y contrapesos que equilibran el papel del Gobierno, la degradación del proceso legislativo y que nunca la democracia española ha sido menos parlamentaria».

Zarzalejos también alertó de las presiones sobre el Poder Judicial y la situación a la que ha llegado antes de su desbloqueo después de cinco años, lo que provocó «un colapso en algunos tribunales», así como calificó de «no menos grave el recurso a procedimientos legislativos para dejar sin efecto las resoluciones».

Faltan jueces y sobra politización, en especial en el Ministerio Fiscal

España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos jueces por habitante. A 1 de enero de 2024, la tasa en España era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del CGPJ. La media europea es considerablemente superior: unos 22 jueces por cada 100.000 habitantes. El CGPJ estima que se necesitan al menos 350 nuevos jueces anuales durante la próxima década, pero el acuerdo PP-PSOE sólo prevé la creación de 200 plazas cada año.

El informe también critica la ineficiencia del gasto en justicia. Aunque la inversión en justicia está en la media europea, esta no se traduce en mayor eficiencia. La tasa de congestión judicial ha seguido en ascenso desde el 1,3 en 2013 hasta el 1,6 en 2023.

Los expertos revelan que la amnistía ha tensionado el Estado de Derecho. (IMAGEN: HAY DERECHO)

El informe destaca también que los partidos han politizado la elección del Consejo General del Poder Judicial y la necesidad de una reforma del sistema, tanto de elección de sus miembros como de nombramientos de la cúpula judicial. Además, se han multiplicado los ataques de políticos a los jueces, con grave daño para la imagen de independencia de la justicia.

En cuanto al Ministerio Fiscal, el informe subraya la estrecha vinculación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno, que puede terminar contaminando la autonomía de todo el Ministerio Fiscal.

En este sentido, el informe pone de relieve problemas relevantes en la política de nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal, que han dado lugar a algunas resoluciones judiciales, anulando repetidamente nombramientos de fiscales afines al Fiscal General.

Malas praxis en el procedimiento legislativo

En el informe se constata la consolidación del abuso del decreto-ley. En 2022, el 27% de las normas aprobadas fueron decretos-leyes, cifra que se elevó al 32% en 2023. «Esta práctica deteriora la función legislativa del Parlamento y el proceso deliberativo. No solo se abusa del decreto-ley sin razones de urgencia y extraordinaria necesidad, sino que ninguno de los decretos-leyes luego tramitados como proyecto de ley en estos años ha sido aprobado como ley, lo que pone de relieve un problema grave», ha declarado Elisa de la Nuez.

El informe también señala la proliferación de decretos-leyes ómnibus (cinco de ocho en 2023 y siete de 20 en 2022). Se trata de un «truco para obligar al Congreso a votar en bloque sobre materias dispares, reduciendo la calidad del debate legislativo», ha destacado De la Nuez.

El informe subraya, además, la existencia de malas praxis en el procedimiento legislativo, como es el recurso a proyectos de ley «encubiertos» como proposiciones de ley o la congelación de iniciativas legislativas, y se denuncia la falta de previsibilidad normativa, con más de 200 normativas aprobadas en 2023 que no estaban previstas en los planes normativos anuales.

En cuanto al Poder Legislativo, la fundación recomienda reformar los Reglamentos de las Cámaras para lograr un procedimiento legislativo

«más participativo y más garantista, incluyendo audiencias de expertos y la posibilidad de requerir informes a órganos consultivos».

Además, España es el país con más procedimientos de infracción abiertos por parte de la Unión Europea, un total de 81 a lo largo del año 2023. 47 de ellos fueron por incorrecta transposición o aplicación de las directivas comunitarias, 24 por transposición tardía y 10 por infracciones de tratados, reglamentos o decisiones.

Para Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho, este incumplimiento revela que «todas estas declaraciones de europeísmo que se hacen desde el poder público, deberían trasladarse en algo concreto», según manifestó este viernes durante la presentación del documento.

Lobbies y lucha contra la corrupción

España sigue sin regular los lobbies, a pesar de los llamamientos de la OCDE y la UE. La ley de protección a informantes de corrupción también sigue sin aplicarse plenamente, con la Autoridad Independiente de Protección al Informante aún pendiente de creación, de manera que los denunciantes de corrupción carecen todavía de garantías efectivas.

Notable convocatoria la presentación de este estudio de Fundación Hay Derecho en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. (IMAGEN: HAY DERECHO)

«Esta investigación ofrece datos que muestran cómo se están agujereando desde dentro procedimientos legislativos y sistemas de control, deteriorando el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Es algo que no se puede normalizar desde el Gobierno, y como sociedad civil debemos exigir respeto al funcionamiento de las instituciones y que afecta a derechos de la ciudadanía», ha declarado Safira Cantos.

El informe del Estado de Derecho 2024 de la Fundación Hay Derecho proporciona una herramienta valiosa para promover un debate público riguroso y apartidista sobre la situación del Estado de derecho en España. Puede consultarse íntegramente a través de su página interactiva de visualización de datos en este enlace.

En cuanto a la regeneración del Estado plantea que pase por distintas medidas que Safira Cantos, directora general de la entidad señaló en su intervención. Una de ellas es la petición al Gobierno de que use los decretos-leyes para asuntos verdaderamente urgentes y que eluda los llamados «ómnibus», que regulan materias sin relación entre sí.

En sus cálculos, en 2022 y 2023 se aprobaron 28 decretos-leyes, en un bienio en el que, en contraste, salieron adelante 71 leyes y leyes orgánicas, mientras que en el bienio anterior, 2020 y 2021, los decretos-leyes habían sido 71, por 47 leyes y leyes orgánicas.

La fundación recuerda que los decretos-leyes tienen menos garantías de calidad técnica que las previstas para la elaboración de leyes ordinarias y orgánicas.