La batalla sobre el derecho a portar armas se libra en el campo político, no en el judicial

El tiroteo que se ha producido en la escuela Robb de Uvalde (Texas), en el que han muerto 21 personas, entre ellas 19 estudiantes de entre siete y diez años, vuelve a despertar en Estados Unidos el debate sobre la venta de armas a la población.

En Estados Unidos hay tres polémicas recurrentes desde hace años: el aborto, la pena de muerta y la venta de armas. Dentro de que todas ellas son motivo de constante controversia, la venta de armas es la que suele estar más en cuestión como consecuencia de los habituales tiroteos que se producen en todo el país.

El derecho a portar armas se encuentra amparado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

Esta Segunda Enmienda ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo en al menos dos ocasiones. En 2008, en el caso Distrito de Columbia contra Heller, aprobó una decisión que anuló una prohibición de armas de fuego en Washington, DC, y estableció el derecho de las personas a tener un arma para ciertos fines privados, incluida la autodefensa en el hogar. El Supremo amplió la protección de la propiedad privada de armas dos años después en McDonald contra la ciudad de Chicago. En este caso, el tribunal determinó que los gobiernos estatales y locales también están sujetos a la Segunda Enmienda.

Agentes de policía acompañan a familiares de alumnos de la escuela Robb. (Foto: NYT)

A pesar de que el foco del debate sobre las armas se centra en esta Enmienda de la Carta Magna, lo cierto es que hay voces de expertos que alegan que este precepto constitucional no tiene tanta importancia como se cree. De hecho, hay quien considera que el terreno en el que se da la discusión sobre venta de armas sí o venta de armas no se está desarrollando en el entorno de los estados y en las leyes que promulgan al respecto y, a veces, en la falta de ellas.

En un reportaje emitido por la cadena de televisión ABC News, Joseph Blocher, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho de Armas de Fuego de la Facultad de Derecho de Duke, señala que “antes incluso de llegar a la Constitución, hay una gran variedad de otras leyes que superprotegen el derecho a poseer y portar armas”. «Este conjunto de leyes brinda a las personas mucha protección para las actividades relacionadas con las armas que la Segunda Enmienda no necesariamente requeriría», señala Blocher.

Por su parte, Adam Winkler, profesor en la Facultad de Derecho de UCLA, señala que la Segunda Enmienda está perdiendo su relevancia legal al distinguir las políticas legales de las ilegales debido a que la brecha entre lo que él llama la «Segunda Enmienda judicial» y la «Segunda Enmienda aspiracional» se ensancha.

Winkler define la Segunda Enmienda judicial como la forma en que los tribunales interpretan la disposición constitucional en sus decisiones, y la Segunda Enmienda aspiracional como la forma en que se utiliza la enmienda en el diálogo político. Este último es «mucho más hostil a las leyes de control armas que el judicial, y también más frecuente», ha declarado a ABC News.

Joseph Blocher. (Foto: Duke University)

“En la Segunda Enmienda judicial, los defensores del derecho a portar armas no han encontrado tanta protección”, afirma Winkler, quien destaca que “donde estos defensores encontraron protección fue haciendo que las legislaturas estatales, en nombre de la Segunda Enmienda, legislaran leyes permisivas sobre armas».

En un ensayo publicado en el Indiana Law Journal en 2018, Winkler sostiene que “la ley estatal está adoptando una visión tan sólida y antirreguladora del derecho a poseer y portar armas que la Segunda Enmienda judicial, al menos tal como se interpreta actualmente, parece tener cada vez menos que decir sobre la forma de las leyes de armas de Estados Unidos”.

A este respecto, Blocher destaca que algunos estados han optado por ir más allá de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en sus decisiones sobre el derecho a portar armas.

Tribunal Supremo de EE.UU. (Foto: France 24)

En más de 40 estados hay leyes de preferencia (preemption laws) que limitan expresamente la regulación de las armas por parte de las ciudades, y algunas llegan incluso a imponer multas y demandas a los funcionarios que desafíen las reglas del estado. Esto significa que, aunque una ciudad altamente poblada tuviera un apoyo abrumador para aprobar una ordenanza local que regula las armas, el estado puede impedir que el gobierno local tome medidas en virtud de estas leyes de preferencia.

Según la doctrina estadounidense, el concepto de leyes de preferencia se refiere a que cuando hay colisión entre la norma de una autoridad superior, en este caso el estado, y una inferior, el ayuntamiento, prevalece el criterio de la considerada autoridad superior.

Después de que la Asociación Nacional del Rifle (ANF) formó su propio comité de acción política en 1977, comenzó a apuntar a las legislaturas estatales para que aprobaran modelos de referencia y descubrió que era una forma más efectiva de reforzar los derechos de los propietarios de armas que pasar por el Congreso.

El esfuerzo les ha dado resultado. En 1979, dos estados de EE.UU. tenían derecho preferente total y cinco estados tenían leyes de derecho preferente parcial. Para 1989, 18 estados tenían leyes de preferencia total y tres tenían leyes parciales, según recoge loa cadena ABC, que cita a Kristin Goss y su libro Disarmed: The Missing Movement for Gun Control in America.

Las puesta en marcha de estas leyes ha supuesto que, por ejemplo, en Colorado, una ley de preferencia impidió que las ciudades y los municipios aprobaran medidas de regulación de armas. El municipio de Boulder intentó prohibir las armas semiautomáticas en 2018 después de que un hombre armado con un rifle estilo AR-15 abriera fuego en una escuela secundaria en Parkland, Florida, y matara a 17 personas.

Un tribunal estatal anuló la prohibición el 12 de marzo de 2021, diez días antes de que un hombre de 21 años con una pistola semiautomática Ruger AR-556 matara a 10 personas en una tienda de comestibles en Boulder. La decisión del juez no se basó en la Segunda Enmienda, sino más bien en una violación de la ley de preferencia de Colorado.