La boutique Villar & Asociados asesora a FlexAbility, el proyecto mejor valorado en el ‘sandbox’ del sector eléctrico en España

La Secretaría de Estado de Energía ha dado luz verde a FlexAbility, el proyecto mejor puntuado entre los 32 presentados para acceder al primer banco de pruebas regulatorio del sector eléctrico en España. Esta iniciativa, que recibirá 1,3 millones de euros de financiación europea, supone un avance clave en la innovación energética y regulatoria del país.

El despacho Villar & Asociados ha desempeñado un papel fundamental en este hito, liderando el asesoramiento jurídico-regulatorio que ha permitido a los promotores del proyecto acceder a este sandbox regulatorio.

Villar & Asociados es una boutique de derecho administrativo que ofrece soluciones en derecho administrativo, combinando el rigor académico con los enfoques de negocio más innovadores.

José Luis Villar, socio fundador de la firma, explicaba a Economist & Jurist en otro reportaje que «Villar & Asociados es una boutique fuertemente especializada en la realización de actuaciones en vía administrativa y contencioso-administrativa, lo que nos permite ofrecer servicios de defensa legal de la más alta calidad, con un enfoque práctico y orientado siempre a resultados. Asimismo, la práctica de la firma se extiende a la jurisdicción civil y el arbitraje en aquellos asuntos sujetos a derecho privado, como consecuencia de su particular régimen jurídico».

Un paso clave para la transformación del mercado eléctrico

Impulsado por un consorcio de compañías líderes en el sector —ACE-Servicios de Gestión de Energía, Minsait, OMIE, Galp, Ferrovial, Etecnic, Norvento y Green Eagle—, FlexAbility permitirá testar un nuevo modelo de negocio en un entorno controlado y supervisado por la autoridad reguladora, eliminando temporalmente las restricciones normativas que actualmente limitan su implantación en el mercado.

Este banco de pruebas será determinante para el desarrollo normativo de la figura del agregador independiente, un actor clave en la transición energética que, a día de hoy, no cuenta con un marco regulatorio que le permita operar en el mercado español. Su despliegue favorecerá mercados eléctricos más eficientes, flexibles y con precios más competitivos, además de impulsar un sistema energético más independiente y sostenible.

El equipo de Energía y Sectores Regulados de Villar & Asociados ha sido clave en la identificación de las barreras normativas que impiden la integración del agregador independiente en el mercado eléctrico español. Además, ha trabajado en la argumentación jurídica que respalda la utilidad de este sandbox como herramienta para adaptar el marco regulatorio nacional a las directrices europeas en materia de flexibilidad y gestión de la demanda.

En el sandbox eléctrico, cinco proyectos han sido validados para la reforma del sistema eléctrico. (Imagen: Ministerio para la Transformación Digital)

Con ello, se articula una fórmula de colaboración público-privada que aprovecha los conocimientos obtenidos durante las pruebas para determinar qué ajustes regulatorios son necesarios o qué nuevo desarrollo normativo debe implementarse para acomodar jurídicamente la innovación testada.

«Participar en iniciativas como FlexAbility refuerza nuestro compromiso con la innovación regulatoria y la transformación del sector energético. Este tipo de proyectos nos permite aportar nuestro conocimiento jurídico para construir un marco normativo más moderno y eficiente, alineado con las necesidades del mercado y los retos de la transición energética», señala Jorge Galán, socio de Villar & Asociados.

La novedad del sandbox

Galán, en declaraciones a Economist & Jurist, revela que las dos principales dificultades para presentarse a este tipo de programas radican en que «la primera es la novedad que representa la concurrencia a un banco de pruebas regulatorio o regulatory sandbox, al tratarse de la primera convocatoria en el ámbito del sector eléctrico para este tipo de instrumento».

«Aspectos como la justificación del alcance de las pruebas a realizar en el marco de un entorno controlado o la precisa identificación de las exenciones regulatorias que requiere el desarrollo del proyecto —y que conlleva la inaplicación puntual y limitada de normativa— son elementos esenciales que pueden verse afectados por la ausencia de experiencia al respecto. El número de proyectos solicitantes que han sido descartados para acceder al banco de pruebas así lo corrobora», prosigue.

Para este jurista, «la segunda dificultad tiene que ver con la complejidad, desde el punto de vista administrativo, de presentar en paralelo y de forma coordinada las solicitudes y la correspondiente documentación a dos convocatorias diferentes (banco de pruebas regulatorio y ayudas a nuevos modelos de negocio), especialmente en el caso de la concurrencia de varias empresas de forma agrupada. Ello requiere un gran orden en la gestión documental, así como rapidez y eficacia para atender los requerimientos de subsanación».

A juicio de este experto en regulación, «para este tipo de proyectos innovadores en el sector eléctrico, más que la legislación de contratos del sector público, creemos que están siendo claves las convocatorias de ayudas en el marco de los programas de fondos de la UE, al focalizarse en ámbitos de actividad como el almacenamiento, el autoconsumo y la gestión de la demanda, que impulsan el emprendimiento en nuevos modelos de negocio muy ligados a la innovación tecnológica».

«En el caso del proyecto al que nosotros estamos asesorando, son varias las pymes que participan, y algunas lo hacen con aportaciones muy destacadas desde el punto de vista tecnológico. Por ello, el correcto funcionamiento de estos programas y, fundamentalmente, la celeridad en la tramitación y resolución de las ayudas resultan esenciales», comenta este profesional.

Sobre la incorporación de la mediación administrativa a este tipo de iniciativas para resolver controversias, Galán se muestra partidario, expresando que «sin duda, la articulación de instrumentos de resolución de controversias al margen de las vías de recursos administrativos y/o contencioso-administrativos puede resultar de ayuda para el despegue de este tipo de instrumentos, que, desde la óptica de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, suponen una clara novedad al tender a la horizontalidad en esas relaciones».

Jorge Galán destaca que «participar en iniciativas como FlexAbility refuerza nuestro compromiso con la innovación regulatoria y la transformación del sector energético». (Imagen: Villar & Asociados)

«En concreto, la implantación de la mediación administrativa para la resolución de los desacuerdos podría servir de incentivo, dado que —en nuestra experiencia— las empresas que concurren a este tipo de iniciativas contemplan cada vez más los litigios como algo remoto», señala.

El uso de la mediación administrativa

«No obstante, la mediación administrativa y, en general, la terminación convencional de los procedimientos en el ámbito administrativo todavía tienen un largo camino que recorrer, como se pone de manifiesto en el propio Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia», resalta.

Desde su punto de vista, «es fundamental fomentar este tipo de iniciativas, donde la colaboración público-privada se puede poner en marcha. Hay que fomentar esa colaboración en la que la Administración y las empresas trabajen de forma conjunta en la realización de estos proyectos».

«Para ello, creo que se requiere el cumplimiento de una doble condición. Primero, que ambas partes conciban el proyecto como un proceso en el que todos tienen algo que ganar: la Administración, una regulación basada en el aprendizaje práctico y de calidad para sectores de actividad cada vez más complejos en su funcionamiento; y las empresas innovadoras, seguridad jurídica para operar en esos nuevos sectores de actividad», opina.

Y, en segundo lugar, «el abandono de la concepción tradicional de la forma en que han de desarrollarse las relaciones entre la Administración y los particulares, transitando desde la asimetría en las posiciones de las partes hacia una cooperación más horizontal».

En este sentido, afirma que, «obviamente, esta visión cooperativa no impide que la Administración decida en último término, habida cuenta del interés general subyacente en la actuación de las entidades del sector. Pero creo que la vigente regulación de los bancos de prueba regulatorios ofrece margen suficiente para que las relaciones entre el sector público y privado se caractericen por la cercanía, la rapidez y la colaboración».

Según hemos podido saber, en la siguiente fase, Villar & Asociados acompañará a los promotores en la negociación del protocolo de pruebas con la Administración, el documento que establecerá las reglas para la ejecución del sandbox. A medio plazo, su labor culminará con la redacción de propuestas regulatorias concretas, dirigidas a consolidar un marco normativo sólido que permita la plena operatividad del agregador independiente en España, trasladando así los beneficios de este nuevo modelo de negocio a los consumidores.

Con esta participación, Villar & Asociados se posiciona como un referente en el asesoramiento jurídico a proyectos pioneros en el sector energético, contribuyendo activamente a la modernización y regulación de nuevas soluciones para un mercado más eficiente y competitivo.