La CEOE da un portazo a la reducción de jornada y el Gobierno se plantea aprobar la iniciativa vía de urgencia en el Parlamento

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido el pasado martes 5 de noviembre, ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral.

A su juicio, modificar por ley estas cuestiones que ya se pactan en los convenios supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución. En esta tesitura, los sindicatos piden al Gobierno que legisle ya, y la vicepresidenta Díaz se plantea aprobar la iniciativa de manera urgente.

Así, la aprobación de esta norma, para la patronal, no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia.

CEOE y Cepyme quieren dejar claro también que difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo.

En este debate, hay dos piezas que se van a ver alteradas: “una es el registro digital horario y la otra es el derecho a la desconexión digital. El registro digital es la gran palanca de cambio para seguir el modelo de la contratación temporal”, comentan expertos consultados por Economist & Jurist.

Al mismo tiempo, se incorpora en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) que el incumplimiento del registro de jornada tenga una sanción por persona trabajadora; antes se hablaba de un riesgo de 7.500 euros por empresa, y ahora tenemos de 10.000 por persona. Una compañía de 100 trabajadores tiene un riesgo de un millón de euros de sanción. “Algo desproporcionado”, comentan.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, podría decidirse a aprobar la reducción de jornada con el apoyo de los sindicatos. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Es el debate del año

Carlos de la Torre, socio de laboral de Gómez-Acebo & Pombo y vicepresidente de Adirelab, entidad que organiza su congreso anual el 4 de diciembre en Fundación Telefónica, es consciente de que “este debate de la reducción de jornada es el gran debate de las relaciones laborales en esta legislatura para todos los operadores laborales”.

Desde su punto de vista, “el Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta, digamos, muy de máximos, en el sentido de que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales solo se ve atemperada con el mantenimiento del 10% de la distribución irregular de jornada, antes de 40 horas, y atemperada también por el hecho de que se mantendría la jornada anual. Pero es indudable que esto va a generar un incremento de costes. Algunos expertos hablan de 30.000 millones de euros”.

A juicio de este jurista, “para amortiguar ese impacto en costes han propuesto dos medidas de redistribución de costes que son interesantes, pero insuficientes. La primera es el Plan 375, de incentivos a las contrataciones indefinidas a tiempo completo para empresas de menos de 10 trabajadores, pero muchas empresas quedan fuera sin cobertura. Y la segunda, que tiene poco impacto en costes, es utilizar las oficinas del SEPE”.

En cuanto a los escenarios que se avecinan, este jurista indica que “hay un primer escenario donde el Gobierno pone encima de la mesa un Anteproyecto de Ley e intenta sacarlo por el trámite acelerado en el Congreso. Si la aritmética parlamentaria lo permite, quizás podría aprobarse en cuatro o cinco meses. El otro escenario, por Decreto-ley, es complicado porque la patronal se mueve en el Parlamento y tiene sus apoyos, como todos sabemos”.

Otro tema interesante que señala este jurista es que “la jornada anual de 37,5 horas semanales son 1.712 horas anuales, y eso significa que se impondrá a muchos convenios de la noche a la mañana. Al entrar en vigor esa ley, cientos de convenios tendrían que adaptarse por el principio de jerarquía: la ley se impone al convenio. Con lo cual, las jornadas laborales superiores a 1.712 horas quedarían automáticamente derogadas sin esperar al fin de vigencia de los convenios”.

Carlos de la Torre cree que la reducción de jornada es el tema clave de esta legislatura.
(Imagen: Gómez-Acebo & Pombo)

Carlos de la Torre recuerda que esta situación ya ocurrió en 1983, “pero sí es cierto que de alguna forma es una pequeña revolución, ya que quita a la negociación colectiva la capacidad de modular la jornada en cada sector y territorio. Ese es el gran tema, porque la imposición de la ley limita la actividad de la negociación colectiva”.

Para este jurista, “es bastante probable que el Gobierno dé este paso. El gran tema no es solo el cómo, que será por ley y se impondrá a los convenios, sino los efectos que puede tener en costes y en empleo. Es posible que, para compensar la reducción de jornada, se incrementen las horas extraordinarias y luego la compensación en tiempos de descanso. También podrían generarse nuevas contrataciones, aunque estas serían a tiempo parcial”.

Otro tercer escenario que contempla es que “las empresas que puedan aguantar sin horas extraordinarias podrían dar más vacaciones anuales a los trabajadores para compensar las horas que les correspondan por la reducción de jornadas”.

“En todo caso, estas decisiones que tendrán que tomar las empresas van a suponer una cierta distorsión en nuestro modelo productivo y organizativo. Es posible que algunas reduzcan márgenes, mientras que otras creen empleo. No podemos olvidar que esta iniciativa afecta a 12 millones de trabajadores”, destaca.

Una reforma de gran calado

Para Alberto Novoa, socio de laboral de RocaJunyent, “la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin lugar a dudas, se trata de una de las grandes reformas que va a impactar en el tejido empresarial español de los últimos años, ya que, si no hay rectificaciones o modificaciones de última hora por parte del Gobierno, esta medida se implantará sin el apoyo de la CEOE, que ha calificado la medida como una intromisión ilegítima en la negociación colectiva”.

“La CEOE ha fundamentado su rechazo a la reducción de jornada sobre dos argumentos: desde la implantación por ley de la jornada máxima de 40 horas semanales, han sido los agentes sociales, dentro del marco de la negociación colectiva, quienes han negociado la distribución de la jornada en los diferentes convenios colectivos de aplicación en este país”, advierte.

Para Novoa, “esto, en cierta medida, resulta natural, dado que, partiendo del marco legal imperativo de una jornada máxima de 40 horas semanales, resulta lógico que los sujetos legitimados para fijar la distribución de la jornada e incluso reducirla del límite máximo de 40 horas semanales hayan sido los negociadores colectivos, conocedores del sector en el que operan y de los obstáculos que traen consigo normas rígidas que no permiten adaptar la jornada laboral a las circunstancias especiales de cada sector”.

Alberto Novoa es partidario de que la reducción de jornada se resuelva vía negociación colectiva, sin interferencias del legislador. (Imagen: (RocaJunyent)

“La jornada de trabajo, en mi opinión, es un ámbito de la relación laboral en el que solo deberían intervenir los negociadores sectoriales sobre la base de la jornada máxima que ya está establecida. Cualquier intromisión legislativa y generalizada en ese marco difícilmente acarreará beneficios generales”, comenta.

A su juicio, “esta reducción supone que la jornada laboral de los españoles no va a superar las 1.712 horas anuales, lo que choca e impacta de manera directa en la mayoría, por no decir en todos, de los convenios vigentes en nuestro país, que superan este límite”.

Alberto Novoa plantea la pregunta de si “¿España se encuentra preparada para esta medida cuando la mayor parte del tejido empresarial español gira en torno al sector turístico y hostelero?”.

En su opinión, “no cabe duda de que, si bien una jornada laboral de 37,5 horas ayudará a muchas personas a mejorar sus posibilidades de conciliación familiar, personal y laboral, también es cierto que, en determinados sectores, supondrá grandes desafíos en la organización de turnos y, con ello, importantes costes laborales”.

Este experto recuerda que “conscientes de los gastos que acarreará esta nueva reforma, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas de apoyo consistentes en ayudas directas de hasta 6.000 euros a las empresas que tengan menos de cinco trabajadores (microempresas) y a las pequeñas empresas de los sectores del comercio, la hostelería, las peluquerías, la limpieza o la agricultura, los sectores que presentan la mayor brecha”.

“Además, no habrá reducción salarial para los trabajadores a tiempo completo y se mantendrán los límites a las horas extraordinarias, con el anuncio del endurecimiento de las sanciones por parte de la Inspección de Trabajo”, advierte.

En su opinión, “en los próximos meses veremos el impacto y cómo se adaptan las empresas españolas a esta nueva medida que ha venido para quedarse, pudiendo comprobar si todos los efectos positivos de una medida anunciada como revulsivo para garantizar la conciliación de los trabajadores verdaderamente garantizarán sus derechos, sin que ello suponga una caída en la productividad de las empresas”.

Raúl Rojas recuerda que “la reducción de jornada propuesta no tiene en cuenta la diversidad de sectores económicos en España. Cada industria enfrenta desafíos particulares”.
(Imagen: Ecija)

Una decisión meditada

Por su parte, Raúl Rojas, socio de laboral de Ecija, cree que “la reciente postura unánime del Comité Ejecutivo de CEOE y Cepyme de rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la reducción legal de la jornada laboral pone en evidencia la importancia de proteger la autonomía de la negociación colectiva en España”.

A su juicio, “esta decisión refleja una preocupación legítima, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, sobre los posibles efectos negativos de esta medida en la competitividad y estabilidad del tejido empresarial español, que enfrenta un entorno económico cada vez más complejo”.

Para Rojas, “en España, las relaciones laborales se basan en la negociación colectiva, un derecho protegido por la Constitución (artículo 37.1), que garantiza la negociación entre trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios alcanzados”.

“Desde esta perspectiva, cualquier intento de imponer una reducción de jornada por vía legislativa podría socavar este principio y debilitar el sistema de acuerdos bilaterales que ha mantenido la paz social en el país durante los últimos 40 años. Las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, sostienen que esta medida no debe ser impuesta por el Gobierno, sino que debe ser objeto de negociación colectiva, adaptándose a las necesidades de cada sector y empresa”, comenta.

Este abogado señala que “la reducción de jornada propuesta no tiene en cuenta la diversidad de sectores económicos en España. Cada industria enfrenta desafíos particulares”.

Desde su punto de vista, “sectores como el turismo, la hostelería o la agricultura dependen de una mayor flexibilidad horaria, especialmente en períodos de alta demanda o estacionalidad. Imponer una jornada reducida uniforme podría poner en peligro la operativa de empresas en estos sectores y afectar su viabilidad, lo que podría generar pérdidas de empleo”.

Rojas indica que “otro aspecto que critican CEOE y Cepyme es que la productividad no depende únicamente de las horas trabajadas. Factores como la motivación, la organización interna y la eficiencia de los procesos son determinantes en la productividad empresarial”.

“Por lo tanto, la reducción de jornada impuesta por decreto no garantizaría un aumento en la productividad y podría generar una reorganización forzada de los recursos de las empresas, afectando particularmente a las pymes y autónomos, que ya enfrentan presiones económicas”, indica.

Este abogado señala que “las pymes, que representan alrededor del 98 % del tejido empresarial en España, tienen recursos limitados para adaptarse a cambios legislativos”.

“En lugar de aplicar normas rígidas que puedan desestabilizar su funcionamiento, se podrían proponer alternativas como medidas de flexibilidad interna o la aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo para mejorar la productividad, sin necesidad de ser desbordadas por medidas legislativas que afectan su estabilidad, como es la reducción de horas trabajadas”, advierte.

Raúl Rojas considera que “en conclusión, la postura de CEOE y Cepyme es esencial para proteger la autonomía de la negociación colectiva y la estabilidad económica del país”.

Para este experto, “las reformas laborales deben basarse en el consenso y el diálogo social, respetando las particularidades de cada sector y evitando medidas uniformes que puedan desestructurar el modelo de relaciones laborales que ha sido clave para la paz social en España durante los últimos 40 años”.