La CEP denuncia que el Gobierno pretenda retirar las pelotas de goma de la operatividad policial
Afirma que constituye "el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia"
(Imagen: Policía Nacional)
La CEP denuncia que el Gobierno pretenda retirar las pelotas de goma de la operatividad policial
Afirma que constituye "el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia"
(Imagen: Policía Nacional)
«El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede continuar ni un minuto más al frente de ese departamento tras el anuncio hoy del acuerdo que el PSOE, Sumar y los herederos políticos del terrorismo han alcanzado para eliminar de la actividad policial el uso de las pelotas de goma». Así lo declara la Confederación Española de Policía (CEP), denunciando que este hecho supone «el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia».
Esta organización policial también alzó la voz el pasado mes de abril ante el Parlamento Europeo, junto a jueces, fiscales y otros empleados públicos el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción, pidiendo ayuda a la Unión Europea en defensa del Estado de Derecho.
Víctor Vigil, secretario general de la CEP, señala que el pacto alcanzado para la «amputación» de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es «tan grave» que constituye «un evidente intento de desmantelar el modelo de orden público español –admirado por Cuerpos de seguridad de todas las democracias europeas–, y situarlo en un punto de no retorno para que los comportamientos violentos en la calle puedan abrirse paso en medio de la más escandalosa impunidad».
«Quienes alteran la paz y la convivencia están hoy, sin duda, celebrando un acuerdo que traspasa todas las líneas rojas y que impide al ministro seguir siendo el máximo responsable político de un colectivo, el de los policías nacionales, frente al que ha perdido toda legitimidad al recortar la protección jurídica de la que disponen en su actividad», lamenta. En este sentido, recuerda que en 2023 sufrieron un delito de atentado una media diaria de 46 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Según asegura, «no es que el ministro desoiga las reiteradas llamadas de atención para tomar medidas que impidan que cada vez se agreda a más a los policías, sino que no ha sabido o podido impedir que quienes tienen la obsesión de tumbar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no lleguen a lograr el objetivo de desarmar jurídicamente a quienes protegen la vida y bienes de todos los españoles».
Policía Nacional y Guardia Civil. (Imagen: E&J)
Policías más expuestos frente a los violentos
La CEP advierte que así, tendremos «policías más expuestos frente a los violentos» y que este es «el «vergonzoso balance que este Gobierno va a poder exhibir frente a quienes llevan años tratando de podar una norma, la mal llamada ‘Ley Mordaza’, para que la violencia y el incivismo salgan gratis; para que los policías dejemos de proteger los derechos de todos y nos convirtamos en meros espectadores, impotentes frente a quienes pretenden imponer un modelo de convivencia basado en la impunidad de unos pocos y en la desprotección de unos muchos, la mayoría social, que sólo desea vivir y trabajar en convivencia pacífica».
«La retirada progresiva de las pelotas de goma del modelo de orden público español es una nueva muestra de que no hay líneas rojas para este Gobierno y que quien se llena la boca con los resultados de nuestro trabajo es incapaz de no someter a negociación política cuestiones que afectan directamente a nuestra seguridad personal, a nuestra vida y a la de nuestras familias», critica la CEP.
Según informa, el resto de medidas anunciadas esta mañana por EH-Bildu van ese mismo camino: «Convertir en leve la infracción grave de desobediencia o someter las faltas de respeto a la autoridad a un cúmulo de requisitos que las sitúe en la práctica en algo no sancionable son otras decisiones que afectarán gravemente a la actividad policial en la calle y que situarán a los profesionales de la seguridad pública frente a un escenario de desprotección y riesgos».
«El cálculo político cortoplacista nuevamente manosea y ensucia un ámbito en el que las políticas de Estado deberían imponerse frente a otras variables que tienen que ver con la aritmética partidaria», sentencia esta organización policial.
Por ello, reclama la dimisión del ministro. Asegura que «no puede continuar un minuto más al frente del colectivo de profesionales de la seguridad pública cuando su Gobierno o el partido que lo sustenta accede a desguazar la principal norma que, junto con el Código Penal, garantiza la convivencia de los españoles y la protección de quienes exponemos nuestra vida y salud a diario».
El ministro Fernando Grande-Marlaska. (Imagen: Moncloa)
La Confederación Española de Policía recuerda que desde el pasado mes de abril mantiene un conflicto colectivo frente al Ministerio del Interior «por, entre otros motivos, no encontrar respuesta a la necesidad de reforzar nuestra protección física y jurídica y declararnos profesión de riesgo«, y hace un llamamiento al resto de sindicatos de la Policía Nacional para que «cesen desde hoy mismo cualquier asistencia a reuniones nacionales con los órganos que dependen de ese departamento y declaren también ese conflicto colectivo».
«Quienes representamos a los policías no podemos dar cobertura a alguien capaz de negociar, por intereses políticos, un deterioro en nuestra seguridad nunca antes visto», concluye.
La AUGC también reclama reforzar el principio de autoridad
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también subrayan que «el Gobierno no puede seguir utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio dejándoles atados de pies y manos en su trabajo».
«Los agentes necesitamos herramientas para poder realizar nuestro trabajo con seguridad en un momento en el que las agresiones no paran de aumentar año tras año sobre los guardias civiles», declara a Economist & Jurist Pedro Carmona, secretario nacional de comunicación de AUGC.
Esta asociación de guardias civiles hace hincapié en que «es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresión sobre los agentes, con el fin de reforzar dicho principio de autoridad».
Recientemente, también ha denunciado que la Guardia Civil se gasta 300.000 euros en instrumentos de música, en vez de en chalecos antibalas.
En ampliación
Noticias relacionadas:
