La falta de una jurisdicción de familia, infancia y capacidad vulnera los artículos 14 y 19 de la Constitución
La nueva normativa de organización de la Justicia plantea dicha sección de forma aleatoria, a diferencia de la jurisdicción mercantil
Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, se comprometió a crear las secciones de familia, infancia y capacidad que no serán al final obligatorias. (Imagen: AEAFA)
La falta de una jurisdicción de familia, infancia y capacidad vulnera los artículos 14 y 19 de la Constitución
La nueva normativa de organización de la Justicia plantea dicha sección de forma aleatoria, a diferencia de la jurisdicción mercantil
Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, se comprometió a crear las secciones de familia, infancia y capacidad que no serán al final obligatorias. (Imagen: AEAFA)
Abogados, jueces y profesionales vinculados a la familia han visto de nuevo decepcionados sus intereses al confirmarse que la nueva organización de la Justicia en tribunales de instancia —frente a los juzgados tradicionales— no contempla de forma obligatoria la creación de secciones de familia, infancia y discapacidad en cada uno de ellos.
Pese a los esfuerzos de entidades como la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y la Plataforma Familia y Derecho, que junto con los Colegios de la Abogacía de Madrid y de Barcelona lucharon por lograr la especialización de la Justicia de familia, sus enmiendas no han sido tenidas en cuenta.
En vísperas del Día de la Constitución, desde Economist & Jurist hablamos con varios expertos en derecho de familia que señalan cómo la falta de criterio para implementar esta medida, anunciada el pasado mes de marzo por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien dijo que sí se iba a crear, ha vuelto a ser decepcionante.
Según los expertos consultados por este medio, de alguna forma se vulnera el artículo 14 de la Constitución (CE), relativo a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como el articulo 19 CE, el cual garantiza la protección social, económica y jurídica de las familias por parte de los poderes públicos.
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