La FGE y las asociaciones bancarias firman un protocolo para mejorar la autonomía financiera de las personas con discapacidad

La Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España han firmado un protocolo de colaboración que busca garantizar la autonomía de las personas con discapacidad en relación con los servicios y productos bancarios.

El convenio sienta los cauces para que la práctica bancaria se adecúe al nuevo tratamiento legal a la discapacidad marcado por la legislación (Ley 8/21), que potencia que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones de forma autónoma, y pretende colaborar en el impulso progresivo de las adaptaciones necesarias para que puedan operar por sí mismos en el ámbito bancario, incluyendo, entre otras, la información en lenguaje accesible.

El acuerdo también prevé la constitución de un grupo de trabajo estable, en cuyo seno se estudie la función que deben desempeñar las nuevas figuras de apoyo reconocidas por la ley de discapacidad y se analicen también las cuestiones prácticas que se deriven de su aplicación, conjugándolas con la seguridad jurídica que requiere la actividad bancaria.

Se trata de “adaptar la actuación entidades bancarias a las personas con discapacidad para garantizar su autonomía. Ese es el mandato legal que nos vincula a toda la sociedad, el requisito necesario para que la igualdad sea efectiva”, comenta la Fiscal de Sala de Personas con discapacidad, María José Segarra.

Si la información bancaria puede resultar complicada de entender para gran parte de los usuarios, a lo que se suma la falta de transparencia tantas veces acreditada por sentencias que condenan por cláusulas que resultaban incomprensibles, para los usuarios con discapacidad, la situación es más compleja. Por eso, según ha informado la FGE, los grupos de trabajo estudiarán la mejor forma de ofrecer información y las ayudas a la comunicación para entender y ser entendidos.

La Ley 8/21 por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad eliminó la incapacitación y a los tutores porque “era un estatus en el que se sustituía la voluntad de las personas”, por lo que establece un sistema progresivo y singularizado de apoyos, comenta Segarra. “La guarda de hecho es una figura que siempre ha existido, pero es una actividad que debe vigilarse para que se desarrolle en beneficio de la persona”, concluye.