La Fiscalía en el entorno europeo y en Estados Unidos, un análisis comparado

La figura del Ministerio fiscal en Europa varía dependiendo de la jurisdicción, como igualmente los son las culturas y políticas de cada país del “viejo continente”. Con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el Ministerio de Justicia español se ha comprometido a aprobar, y con el rediseño de la figura de la Fiscalía, se hace relevante analizar qué similitudes y diferencias existen entre esta concreta figura legal en nuestro país con la de otros países comunitarios, o incluso con Estados Unidos.

‘Magistrats du parquet’ francés

Compuesto por magistrados que representan los intereses de la sociedad francesa, los magistrats du parquet (fiscales) emprenden diligencias oportunas en los procesos jursdiccionales, y su ámbito de actuación abarca las fases de instrucción y de juicio. Interviene como parte principal (ya sea parte acusadora, o defensa), y también asiste en labores de apreciación sobre la aplicabilidad de determinados preceptos legales convenidos a cada caso determinado.

Tanto los jueces como los fiscales conforman el Poder Judicial francés (l’autorité juficiaire). Estos últimos son nombrados por el Consejo Superior de la Magistratura, previa propuesta del ministro de Justicia.

Los fiscales en Francia tienen un rol primordial para su Gobierno (Capítulo II, Sección 2 del Código de Procedimiento Penal francés): supervisan la política penal y velan por su correcta aplicación en todo el territorio. Dirigen investigaciones que revistan de supuestos delitos penales, y participan en las actuaciones encaminadas al enjuiciamiento de dichas infracciones.

Otra labor relevante de los magistrats du parquet es la de decidir si se deben iniciar o archivar denuncias o querellas interpuestas por particulares o por funcionarios.

A su vez, ostentan labores de revisión en los procedimientos judiciales penales, investigación preliminar, investigación de los crímenes considerados más graves, dejando a su elección si actuar o no en casos de menor gravedad. También se adjudica a los fiscales las labores en materia de protección de menores y otras competencias en materia civil y mercantil.

‘Staatsanwaltschaft’ alemán

El Ministerio Fiscal en Alemania (Staatsanwaltschaft) es un órgano independiente que ejerce labores principalmente en los juicios del orden jurisdiccional penal, y tiene la obligación de intervenir en delitos perseguibles de oficio (legalitätsprinzip).

En concreto, esta figura realiza diferentes labores durante los juicios: acusación (aunque en muy pocas ocasiones), instrucción, valoración jurídica de los hechos expuestos en el proceso, esclarecimiento de hechos inculpatorios y exculpatorios, interposición de acciones penales cuando la ley así lo exija. Participa tanto en las primeras instancias como en las ulteriores (recursos de apelación y casación).

Cuando se trata de faltas, y otras situaciones establecidas por ley, los fiscales deben ejercer la acusación. Los fiscales, durante su ejercicio, pueden colaborar y ordenar labores a agentes de policía y aduanas, y a inspectores tributarios.

Como función especial, el fiscal alemán tiene potestad para interponer un recurso especial para corregir algún aspecto, de carácter fáctico o jurídico, de una resolución judicial.

Además de contar con la presencia de una Fiscalía Federal General del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal (Generalstaatsanwaltschaft), Alemania dispone de dieciséis fiscalías independientes, una por cada Länder (que viene a ser algo parecido a una Comunidad Autónoma), aunque estas están dirigidas por las Fiscalías Generales de los Tribunales Superiores de Justicia regionales, y estos últimos, a su vez, quedan supeditados a las órdenes de los Ministerios de Justicia de cada Länder.

El Generalstaatsanwaltschaft ejerce sus funciones en aquellos casos que revistan de delitos penales graves contra el Estado y que puedan afectar a la seguridad interior del país.

‘Pubblico Ministero’ italiano

El Ministerio Fiscal de Italia, a diferencia del francés, conforma un órgano judicial independiente al Poder Ejectutivo, integrándose dentro del Poder Judicial.

La propia Constitución Italiana de 1947 otorga al Ministerio Fiscal en su artículo 112 la “obligación de ejercer la acción penal”, y le garantiza su independencia en las jurisdicciones especiales, del mismo modo que esto mismo se lo concede a los jueces (artículo 107). Ambos comparten la condición de magistrati (magistrados) y tienen una misma forma de nombramiento, promoción y salario, estando supeditados a un mismo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura, que es el único que tiene potestad de cesar tanto a jueces como a fiscales.

Los fiscales son, pues, responsables de la fase de investigación en los procesos penales y se somenten a las valoraciones del juez, con capacidad de formular las peticiones que sean pertinentes. También pueden participar en procesos del orden jurisdiccional civil, como son casos de Derecho de Familia o de aquellos sujetos que carecen de capacidad jurídica. Por otra parte, ostentan la función de supervisar el cumplimiento de las leyes, la protección de los derechos del Estado, solicitar medidas cautelares oportunas y medidas de seguridad hacia alguna de las partes.

Tras la desaparición de la figura del juez de instrucción en el Código de Proceso Penal italiano, se le otorga al pubblico ministero la labor de dirigir la investigación o etapa preliminar, aunque no tengan capacidad de llevar a cabo actividades jurisdiccionales durante esta fase.

‘Prosecutor’ estadounidense

Más allá del océano Atlántico, en EE.UU., denominan de manera diferente a la figura del fiscal: ‘State Attorney’, ‘District Attorney’, ‘Commonwealth Attorney’ y en algunos Estados, ‘Prosecutor’.

Los fiscales están obligados a iniciar, o rechazar, procedimientos penales en procesos de faltas o delitos. También tienen un rol importante en la celebración de acuerdos para la finalización de los procesos antes de iniciarse el juicio.

Sus conocimientos legales son aprovechados por el tribunal para la redacción de las sentencias, puesto que los jueces han de tener en cuenta los argumentos jurídicos expuestos por los prosecutors en su escrito inicial.

Los fiscales, a su vez, responden a las solicitudes relativas al habeas corpus, tienen potestad para tramitar los recursos de segunda instancia y pueden ordenar el registro de inmuebles y la investigación a sospechosos.