La Fiscalía espera una investigación larga sobre el vertido de un producto «claramente dañino para la salud»

Diversas playas en la comarca de Barbanza, Galicia, se han visto afectadas por la contaminación de numerosas toneladas de microplásticos conocidos como pellets. La emergencia surgió después de que, el pasado 8 de diciembre, el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, la Dirección de Costas y la Delegación del Gobierno recibieran la alerta de un buque mercante que, mientras navegaba en aguas portuguesas, había perdido varios contenedores que transportaban dicho material. A pesar de dicha notificación, no fue hasta el 13 de diciembre que las pequeñas bolitas de plástico comenzaron a aparecer en las costas, dispersas en sacos a lo largo del litoral.

La Fiscalía General del Estado ya ha iniciado una investigación sobre el vertido, abriendo diligencias hace cuatro días, tal y como han informado a este medio de comunicación. La complejidad del caso, de carácter transnacional, surge porque el barco —de bandera liberiana— no sólo ha afectado a las costas españolas, sino también a las francesas. En este sentido, la unidad especializada en medioambiente ha destacado que el Código Penal brinda base para la investigación, pero ha señalado que la situación aún está en una fase inicial, con la perspectiva de una prolongada indagación.

Desde entonces, numerosas organizaciones ecologistas han denunciado este «trágico» suceso, haciendo hincapié en que estas bolas pueden causar graves problemas de salud a muchos animales marinos, que las ingieren creyéndolas alimento. Asimismo, han incidido en que estos microplásticos pueden llegar a nuestros platos y que no es la primera vez que tiene lugar un hecho similar. Según han informado desde la Asociación Noia Limpia, estos pellets son pequeñas bolas de plástico de menos de cinco milímetros de diámetro que se utilizan para hacer productos de plástico. Bajo estas características, han advertido que «por su pequeño tamaño y peso ligero, es casi imposible limpiarlas una vez se esparcen por las playas».

Tal y como han denunciado ya estas asociaciones, las bolsas encontradas a orillas del mar pertenecen a la compañía Bedeko Europe, empresa polaca encargada del transporte de productos químicos. No obstante, los contenedores en los que se estaban transportando dichos sacos se encontraban en el buque ‘Toconao’, con bandera de Liberia. Hasta ahora, se ha confirmado la presencia de más de 60 bolsas completas, cada una de unos 15 kilos. Sin embargo, aquellas que se han roto o se han sumergido en las aguas del Atlántico van a ser muy complicadas de recuperar.

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia ha reiterado —a través de varios comunicados— que, aunque van a colaborar, son las administraciones locales las que deben «realizar estos trabajos de limpieza». Por su parte, varios de los ayuntamientos de la comunidad autónoma ya han manifestado su contrariedad ante estas declaraciones, alegando que desde la Xunta no están suficientemente implicados con esta «catástrofe», que se evidenció el 4 de enero, cuando se estimó que el contenedor perdido albergaba mil sacos, sumando un total de 25,000 kg de pellets de plástico esparcidos a lo largo de las Rías Baixas.

(Greenpeace)

En medio de estas tensiones, aunque la Xunta ya ha implementado un plan de contingencias ante la contaminación marina accidental, una demanda que diversas organizaciones venían expresando desde hace varias semanas, la asociación Greenpeace ha instado a emprender «acciones legales contra los responsables». Así, han señalado que desde que los medios se hicieron eco de este suceso, decenas de voluntarios se han autoorganizado para limpiar las playas, «a pesar de la falta de comunicación oficial sobre el procedimiento adecuado y la composición desconocida de los pellets, incluyendo su grado de toxicidad».

De acuerdo con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, la persona o entidad responsable de hacerse cargo de las medidas de prevención, evitación y reparación ha de ser aquella que cause el accidente. Una obligación que ya ha comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en reiteradas ocasiones, señalando que «la responsabilidad medioambiental se exige al titular de la actividad económica o profesional que ha ocasionado el daño, quien debe asumir la totalidad de los costes de las medidas de prevención, evitación o reparación adoptadas».

La Fiscalía General abre diligencias

Tal y como ha podido conocer de primera mano este medio de comunicación, la unidad especializada en medioambiente de la Fiscalía General del Estado abrió hace cuatro días diligencias de investigación sobre el vertido de pellets en las costas gallegas.

Fuentes de la Fiscalía apuntan a que la investigación puede prolongarse durante un tiempo que «no será corto» y subrayan que el asunto resulta «especialmente complejo» debido a su carácter transnacional, ya que hablamos de un barco de bandera liberiana en aguas no españolas. Al parecer, el contenedor se rompió en aguas de Portugal y los efectos no solo han llegado a España, sino que también han afectado a la costa francesa, por lo que no hay que descartar una posible colaboración futura entre las distintas fiscalías. “Es un tema que, a nivel procesal y de gestión va a resultar complicado”, afirman.

El artículo 325 del Código Penal menciona la contaminación con efectos transfronterizos, como en este caso en que se ha producido en alta mar. “Por lo tanto, base para investigar hay, pero aún nos encontramos en un estadio inicial”, señalan desde esta unidad especializada a Economist & Jurist.

“Sabemos que es un producto de origen petrolífero con aspectos claramente dañinos para la salud y está clara la perspectiva de que pueda resultar cancerígeno. Tenemos datos que habrá que constatar y terminar de verificar”, declaran.

Preguntados por una posible responsabilidad de la Administración por una actuación que pueda resultar tardía e insuficiente, desde la fiscalía llaman a la prudencia y piden esperar a tener informes detallados de la situación. Aclaran que se trata de una actuación preventiva en relación con los daños “porque la acción no procede de la Administración, sino de un barco de capital privado”, reiterando lo ya señalado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.