La Fiscalía pide cinco años de cárcel para unos ‘inquiokupas’ que tras echarlos reclamaron la droga que se habían olvidado en el inmueble

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cinco años de cárcel para una pareja de ‘inquiokupas’ que tras ser echados del piso, reclamaron una «bolsita» que se habían dejado y resultó contener droga: cocaína, MOMA, 2C-B, Ketamina, LSD y Popper.

A ambos les imputa un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud de las personas, previsto y penado en el artículo 368.1 del Código Penal, por el que además de la citada pena de cárcel solicita que se les imponga una multa de 6.877 euros a cada uno.

También los acusa de un delito leve de lesiones al propietario del inmueble, del artículo 147.2, por el que reclama una multa de 480 euros a cada uno. Delito del que también acusa al dueño del piso, y pide que éste indemnice a la mujer con 150 euros.

«Se trata de un procedimiento cuanto menos surrealista en lo que atañe a nuestro representado, el propietario, quien tras conseguir que lo ocupantes ilegales abandonaran su piso, previo pago de la entrada en otro, sufrió una agresión y se ha visto envuelto en un procedimiento judicial en el que se juzga a los ocupas de un delito contra la salud pública», declara a Economist & Jurist el abogado del propietario, Manuel Chamorro Pavón, socio-director de Coraza Legal.

El letrado destaca que su representado «no sólo se encontró el inmueble destrozado, sino que, además, tuvo que desembolsar dinero para que dejaran de ocupar su casa, sufrió una agresión y se le acusa de supuestamente agredir a la ‘okupa'». 

«El propietario presentó una denuncia ante la Policía por la agresión que sufrió por parte de ambos, que fueron detenidos. Posteriormente, durante la limpieza del piso, mi cliente encontró la bolsa que habían ido reclamando los ‘inquiokupas’ y lo comunicó a la Policía advirtiendo que parecían ser sustancias estupefacientes. Ante esta circunstancia, los ‘okupas’, en presencia policial en los calabozos, manifestaron que dicha bolsa era suya, motivo por el cual se les informó de sus derechos y que se les iba a imputar un delito contra la salud pública», detalla Manuel Chamorro. 

Manuel Chamorro Pavón, socio-director de Coraza Legal, especializado en penal, mercantil y civil. (Imagen: Archivo)

Entonces, la Fiscalía presentó una denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, y el pasado mes de agosto acordó la apertura de juicio oral. Los hechos serán juzgados por la Audiencia Provincial, todavía no se ha señalado la fecha de la vista. 

Manuel Chamorro no tiene ni la menor duda de que su representado «saldrá absuelto, ya que la denuncia presentada contra él no es más que una consecuencia, represalia, por los hechos denunciados”.

Los hechos, según la Fiscalía

El caso se remonta al 1 de agosto de 2022, cuando sobre las 14:00 horas, los ‘inquiokupas’, una mujer y su pareja naturales de Venezuela, se encontraban realizando la mudanza de sus enseres en la vivienda de la que habían sido inquilinos, subarrendados, desde noviembre de 2022, ubicada en el madrileño barrio de Carabanchel.

ESegún relata el representante del Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, en un momento determinado surgió entre los tres acusados una discusión, con ocasión de un sofá, discrepando las partes acerca de si debían o no bajarlo a la calle, momento en el que el propietario recriminó a la pareja el estado de suciedad y abandono en el que se encontraba el piso, y en particular el sofá, «lo que hizo que la discusión subiese de tono hasta que, en un determinado momento, «con la intención de menoscabar la integridad física» del dueño del piso, el hombre se abalanzó sobre él, lo empujó contra el sofá y comenzó a agarrarle del cuello y a propinarle puñetazos en la cara, mientras que la mujer, con una botella trataba de golpearle, sin llegar a conseguirlo, a la vez que le decía a su pareja «mátalo».

En ese momento, el hermano del dueño «subió de la calle, al escuchar los gritos y alboroto», y logró apartar a los dos acusados de su hermano. A continuación, entre los dos hermanos «lograron echar a la pareja de la casa, agarrando con fuerza» del cuello el propietario al acusado, ocasionándole unas lesiones, según expone la Fiscalía.

(Imagen: E&J)

Indica que como consecuencia de este incidente, ella sufrió contusiones y cervicalgia postraumática, que precisaron para su curación de una primera asistencia facultativa, tardando en curar tres días, no impeditivos para sus ocupaciones habituales y por los que reclama.

Por su parte, el propietario del inmueble sufrió cervicalgia postraumática, que tardó en curar cuatro días, uno de ellos impeditivo para sus ocupaciones. No ha quedado acreditado quién causó las lesiones sufridas por el otro acusado, las cuales requirieron para su curación de una primera asistencia facultativa.

Tras estos hechos se personó la Policía, hacia las 14:20 horas, momento en el que sólo se encontró en la vivienda al dueño del piso y al inquilino, quienes narraron lo sucedido.

Posteriormente, hacia las 16:30 la pareja regresó al domicilio, «con la intención de recuperar una bolsa que se habían dejado olvidada en la mudanza, manifestando en ese momento al propietario que ‘si no les daba la bolsa se iba a enterar'».

El propietario les indicó entonces que sólo podrían regresar a la casa acompañados de la Policía, procediendo a llamar de nuevo a los agentes. Tras pocos minutos se personó en el lugar una patrulla, pero a la llegada de los policías la pareja ya se había marchado.

(Imagen: E&J)

Finalmente, hacia las 17:15 horas, recogiendo de la vivienda los objetos inservibles que hubiesen podido quedar en la misma tras la marcha de los inquilinos, un amigo del propietario localizó en el salón una bolsa, que contenía varios botes de leche para bebés «y una cartera que le hizo sospechar al verse parcialmente su interior, que pudiese contener droga, lo que motivó una nueva llamada a la Policía, personándose de inmediato una patrulla, quien se hizo cargo de la citada bolsa, y del contenido de la misma».

De este modo, los agentes comprobaron que en la bolsa, además de otros efectos personales, había una cartera rosa, en cuyo interior se localizaron dos tarjetas de débito de la acusada. Además, en el interior de la bolsa se localizaron sustancias, que fueron enviadas para su análisis al Instituto Nacional de Toxicología, resultando ser, según explica la Fiscalía, sustancias incluidas en la Lista I del Convenio de 1971, causante de grave daño a la salud de las personas, que los acusados tenían en su poder con el propósito de ofrecerlas a la venta a terceros.

En concreto, contenían 38 comprimidos de MOMA, cuyo valor de venta en el mercado ilícito podría alcanzar los 846,64 euros; seis comprimidos de 2C-B puro, con un valor de venta de 41,1 euros; un fragmento de comprimido de MOMA, que podría alcanzar los 60,96 euros; otro cuyo de la misma sustancia que podría costar 138,76 euros; tres bolsitas con sustancia en polvo de Ketamina y de MOMA, cuyo valor de venta podría alcanzar los 50,04 euros; 48 comprimidos de 2C-B, con las que podrían obtener 328,8 euros; una bolsa 0,68 gramos de cocaína pura, que podría alcanzar un precio de 88,23 euros; 0,011 gramos de cocaína pura, por 1,35 euros; y cuatro bolsitas con Ketamina pura y MOMA puro, que podrían salir en el mercado ilícito por 139,52 euros. 

También había una bolsita con MOMA puro, que podría alcanzar los 43,45 euros; LSD, con un valor de venta de 464,76 euros; otra bolsa con LSD, que podría salir por 58,9 euros; así como tres frascos de vidrio precintados con la etiqueta ‘El Toro’, que resultó ser Popper. 

El valor total de venta en el mercado ilícito de todas estas sustancias asciende a 2.292,51 euros, informa la Fiscalía.