La Fiscalía pide que se abran diligencias por el naufragio en el que murieron 39 personas

La Fiscalía Superior de Canarias ha pedido a un juzgado que abra diligencias sobre el naufragio en la ruta canaria en el que murieron ahogadas 39 de personas migrantes el pasado 21 de junio.

Según ha informado la ONG Caminando Fronteras, que instó a la fiscalía a intervenir, se trata de la primera vez que se investiga un delito de omisión del deber de socorro en la frontera marítima. “Nuestra organización viene denunciando prácticas en las fronteras españolas que podrían ser negligentes con la obligación que tiene el Estado de proteger el derecho a la vida, por lo que consideramos fundamental la apertura de investigaciones que depuren responsabilidades”, han manifestado.

Esta organización fue la que dio la voz de alerta el pasado veinte de junio, avisando de la existencia de una patera con decenas de personas a unos 160 kilómetros de la costa canaria. Según los audios que difundió la Cadena SER, el piloto a bordo del avión de reconocimiento manifestó, doce horas antes del naufragio, que se encontraban en aguas de rescate españolas, pero se decidió no intervenir a la espera de que Marruecos, costa más cercana, enviara sus propios medios. Cuando lo hizo fue demasiado tarde. Se envió igualmente a un helicóptero desde España, que tampoco pudo hacer nada.

Por estos hechos, según ha confirmado la agencia EFE, el Ministerio Fiscal ha pedido que se citen, en calidad de investigados, al piloto del avión y a la persona que se encontraba en el centro de coordinación de salvamento, que dio la orden de retirarse. También se ha solicitado al juez que intervenga todas las conversaciones que se mantuvieron durante el día del naufragio y el previo con el avión, un buque de rescate, un mercante al que se le ordenó que se quedase cerca de la patera y el helicóptero que fue enviado en el último momento.

El artículo 195 del Código Penal castiga a quien no socorra a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pueda hacerlo sin peligro propio ni de terceros con una pena de multa de tres a doce meses. Si la víctima lo es por un accidente ocasionado por el que omitió el auxilio, la pena es de prisión de seis a dieciocho meses. Y si se debe a una imprudencia, la privación de libertad puede ir de los seis meses a los cuatro años.

Hace dos semanas, se conoció que el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de amparo presentado por varias ONG contra el archivo del caso en el que se investigaba la muerte de 14 personas cuando intentaban llegar a nado a las costas españolas y fueron recibidos con pelotas de goma y botes de humo por parte de agentes de la Guardia Civil. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que presentó el recurso junto a la Asociación Coordinadora de Barrios mostró su satisfacción por lo que consideran “una oportunidad para que se establezca doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras y el derecho a la tutela judicial efectiva por el archivo judicial en 2019”. El Constitucional apreció la  existencia de trascendencia institucional, precisamente, ante la falta de doctrina en este sentido.