La imputación del Supremo a Puigdemont obligará al Gobierno a modificar la Proposición de amnistía en el Congreso

El auto del magistrado Juan Ramón Berdugo, que se ha conocido este jueves, ha dado un vuelco a la situación actual. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cree que hay indicios de delito de terrorismo en la actuación de ‘Tsunami Democrátic’ e imputa a Puigdemont. Asimismo, Verdugo ha elegido a la magistrada Susana Polo como instructora de la causa.

Juristas consultados por Economist & Jurist valoran la actuación del Supremo y creen que al Gobierno no le queda otra que modificar la propuesta de la amnistía sobre los delitos de terrorismo con el agravante de que pudiera vulnerar esa medida los tratados europeos y hacer intervenir a la Unión Europea (UE). Por su parte, el Gobierno, más pendiente ahora de la trama de las mascarillas, por el momento guarda silencio sobre la resolución.

Estos juristas recuerdan que “la semana que viene habrá que elaborar un nuevo texto de la amnistía incorporando las enmiendas que consideran oportunas y ese texto como nuevo dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso con lo que es posible que haya texto nuevo. Con posterioridad tendrá que elevarse al Pleno del Congreso para su aprobación o rechazo. En el caso que tenga la mayoría saldrá aprobada, de lo contrario quedará rechazada de forma definitiva”.

Pedro Sánchez, en la imagen con Pere Aragonès, tendrá que forzar en el Congreso un nuevo reto de la ley de amnistía (Imagen: E&J)

Por su parte, el expresidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio, Carles Puigdemont, ha reaccionado con ironía a la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa contra él y contra Ruben Wagensberg (diputado de ERC) por terrorismo por los hechos de ‘Tsunami Democràtic’. En una publicación en X (antes Twitter), Puigdemont ha cargado contra el «Matrix judicial español» y los señala por «haber adaptado la máxima del mal periodismo»: «No dejes que la realidad estropee una buena imputación», publicaba en su red social el independentista.

Las reacciones de otros políticos no se han hecho esperar. En el caso de Junts, el presidente del consejo nacional, Josep Rull, ha arremetido contra la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que la ha bautizado como el «Guantánamo de la Justicia europea». La presidenta del partido, Laura Borràs, ha lamentado que «van a por todas» contra Puigdemont y que «no renuncian a perseguirle sea como sea», y en este sentido ha asegurado que ellos tampoco renuncian «a nada».

Jueces y fiscales, prudentes

Para el fiscal del Tribunal Supremo y miembro del Consejo fiscal, Salvador Viada, “sobre la existencia de indicios de delito y en la calificación jurídica, siempre pensé lo mismo que ha dicho el Supremo en su auto, lo que pasa es que la Fiscalía adoptó una decisión insólita y en su informe dio la vuelta a la opinión de la junta de fiscales del Supremo. Técnicamente no es nada complicado tomar la decisión y el tema de los indicios hay que verlos en su conjunto, que es lo que dice el Supremo”.

A su juicio “el daño que está haciendo a la dirección de la Fiscalía en estos años es notable. No han dejado que los fiscales del Supremo hagan su trabajo. La próxima semana veremos que movimiento hace el Gobierno y su socio Junts para llegar a lo que ellos dicen que es una amnistía total. Hay cosas muy difíciles de amnistiar, aunque Sánchez necesita los votos de Junts para seguir en el Gobierno. Una situación complicada como puede verse”.

Salvador Viada ve lógico que el Tribunal Supremo haya respaldado las tesis de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo sobre el procesamiento a Puigdemont (Imagen: Salvador Viada)

Por su parte, Fernando Portillo, juez decano de Melilla y portavoz de Foro Judicial Independiente, que acaba de participar en un debate sobre la amnistía con Edmundo Bal y el fiscal Antonio Roma en E&J, cree que es el momento de dejar tranquilos a los tribunales y que estos hagan su trabajo: “Lo único que ha ocurrido es la posibilidad de instruir e investigar a Puigdemont por dichos hechos, lo que significa que puede que vaya a haber juicio en el futuro y, que en caso de que hubiera juicio, fuera a ser condenado. Hay que dejarles trabajar”.

En su opinión “los hechos se han ido desencadenando progresivamente. El informe primero de los fiscales de lo Penal se llevó a su superior jerárquico, que revocó el planteamiento y dijo que no había delito para imputar a Puigdemont. Al final la decisión final ha correspondido al Supremo que se ha tomado por unanimidad y ha tirado por tierra los argumentos finales de la Fiscalía. El Supremo lo que cree es que hay indicios suficientes para abrir dicha investigación. Es un trabajo técnico y no ideológico”.

De la misma manera entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura, a través de su presidenta María Jesús del Barco, y la Asociación de Fiscales, por boca de Cristina Dexeus, son prudentes en sus declaraciones y se limitan a señalar a este medio que poco tienen que decir sobre el auto del Supremo que imputa a Puigdemont por delito de terrorismo. Para ellas se trata de dejar claro que así funciona el Estado de Derecho con sus plazos y que la decisión tiene una marcada vertiente jurídica por encima de todo”.

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) subraya que “hay que tener máximo respeto a esta resolución judicial. Es una decisión unánime. Hay consenso para investigar estos delitos de terrorismo. Estamos en una fase de instrucción, los tiempos judiciales no coinciden con los políticos. Sería de agradecer que en los próximos días dejaran trabajar a los tribunales en este asunto, sin oír de nuevo señalamientos a determinados magistrados”.

Para este jurista “es injusto hablar de lawfare. Además estos hechos no aseguran que vaya a ser enjuiciado Puigdemont y vaya a tener una sentencia condenatoria. Son los primeros pasos en un proceso judicial largo. En el auto que está bien fundado se indica que algunas referencias sobre el terrorismo hay que respetarlas. Ahora el Gobierno tendrá que pactar con urgencia la nueva ley de amnistía donde tendrán que incluir el terrorismo íntegro, lo que puede despertar la actuación de la Unión Europea”.

El fiscal Antonio Roma junto con el magistrado, Fernando Portillo, y el abogado del Estado, Edmundo Bal, en un debate en ‘E&J’ para hablar de la amnistía (Imagen E&J)

La UE, pendiente de la nueva ley de amnistía

Por su parte, el magistrado Jaime Lozano, vicepresidente de la PCIJ, que intervino recientemente en el ICAM en un debate sobre la amnistía en el que también participo Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia, afirma que “el Supremo, por unanimidad, considera que los hechos relacionados con ‘Tsunami Democrátic’ podrían encajar en lo que se entiende por terrorismo, definidos en una directiva europea de forma clara donde se habla de destrucción de bienes públicos y privados y genera graves perjuicios económicos”.

Jaime Lozano y Elisa de la Nuez participaron en otro debate sobre la amnistía, esta vez en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Imagen: ICAM)

En su opinión “el concepto que hay sobre el terrorismo en la Directiva, y se traslada al Código Penal español, es más amplio de lo que entendemos por terrorismo. Eso facilita la imputación de Puigdemont y otras personas. Es una resolución relevante tomada por unanimidad y que viene a corroborar la opinión de los fiscales del Supremo. Parece que sus conclusiones van muy alineadas con la instrucción del asunto”.

Elisa de la Nuez explica a Economist & Jurist que “la Sala decide por unanimidad abrir causa penal contra Puigdemont y Wagensberg al ver indicios de delito en los hechos relacionados con ‘Tsunami Democrátic’. Es un procedimiento de investigación que ahora se abre con una jueza instructora, alejado de cualquier atisbo político como ya están diciendo los independentistas catalanes. El mensaje debe ser de tranquilidad en cuanto a que dejen actuar a los jueces a partir de ahora”.

En su opinión “no sería lógico hablar de una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por esta razón. De todas formas no es una buena idea que el Ejecutivo vaya reaccionando ante las decisiones judiciales que va conociendo. No se pueden prever todas las incidencias que genera una investigación de este tipo. Al final queda claro que el Gobierno quiere amnistiar a Puigdemont por encima de cualquier cuestión, esto debilita su credibilidad y que realmente están por interés general y la convivencia, como se dice en exposición de motivos de la proposición de amnistía que se volverá a analizar esta próxima semana”.

Para Guadalupe Sánchez, abogada y comunicadora conocida en redes como @Proserpinasb, “cada vez que hay una resolución judicial contraria al Gobierno se habla de lawfare, como ha sido en este caso este auto del Supremo que imputa a Puigdemont. El auto constata que tenía conocimiento de dicha organización y que no hizo nada por frenar su actividad. Por ello no se puede dudar que ‘Tsunami Democrátic’ sea terrorismo por lo que señala el Supremo que cita en el auto la actividad de la kale borroka”.

A su juicio “el Supremo hace suyos los indicios del juez García-Castellón y abre una causa contra Puigdemont porque los indicios son evidentes. La propia Fiscalía, cuando Dolores Delgado era Fiscal General del Estado (FGE), en su memoria del 2020 incluía a ‘Tsunami Democrátic’ como una de las nuevas manifestaciones de este terrorismo. Luego, de nuevo, los fiscales de la Sala Penal confirmaron esas sospechas con un dictamen clave aunque el actual FGE maniobrase para quitar esa imputación en un informe final de su número dos”.

Es una decisión técnica del Supremo

José María de Pablo, abogado penalista, ha realizado un análisis detallado en su perfil en X (antes Twitter) del auto del Supremo que imputa a Puigdemont:  “La definición del terrorismo es la que hay en el artículo 573 del Código Penal, esto se modificó por las recomendaciones de la UE para luchar contra los lobos solitarios. Ahora hay delito de terrorismo si se siguen las pautas del citado artículo. El Supremo entiende que se dan los requisitos e imputa a Puigdemont”.

Para este jurista “la actuación del Supremo hay que verla como algo normal de nuestras instituciones democráticas.  No parece lógico que se hable de lawfare como ya se viene oyendo desde Cataluña. Es solo un auto de imputación realizado desde un punto de vista técnico, no es una sentencia. Ahora habrá que ver los próximos movimientos del Gobierno en su intento de aprobar la futura ley de amnistía”.

Alberto Dorrego, socio del departamento de Derecho Público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de Derecho Administrativo del ICAM, indica que la resolución es muy importante: “No creo que su decisión sea política, es puramente técnica y jurídica que está alineada con lo que hace pocos días dijo la Junta de Fiscales del Supremo. Hay que darse cuenta que no se pueden amnistiar los delitos de terrorismo de forma íntegra, lo indican así los tratados de la Unión Europea. Si se incorpora a la nueva ley sería contrario al derecho de la UE”.

Alberto Dorrego cree que ahora el Gobierno tendrá que modificar el texto de la amnistía ante el auto del Supremo. (Imagen: ICAM)

En este contexto “es previsible que cuando se apruebe la ley tras su paso posterior por Senado y de nuevo por el Congreso y publicada en el BOE, se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, eso solo lo pueden hacer o 50 diputados o 50 senadores, o una Comunidad Autónoma. Además puede suceder que con ocasión de una decisión judicial, el juez que conozca del caso puede plantear una cuestión de constitucionalidad o una cuestión prejudicial ante el TJUE”.

Para este jurista cabe la posibilidad que una de las cuestiones prejudiciales primeras que se planteen sea por la Sala Penal del Supremo: “Cuando se apruebe la ley de amnistía es posible que el Supremo en lugar de aplicar la ley y favorecer a Puigdemont, plantee la cuestión prejudicial, con lo cual el asunto se suspendería hasta la decisión del TJUE, que podría tardar un par de años. Esta acción puede ser de varios jueces a la vez, con casos pendientes y la respuesta judicial del tribunal puede ser colectiva”.

Por su parte, Edmundo Bal que acaba de lanzar al ruedo político la marca ‘Cree’ como nuevo partido político de centro reformismo, afirma que “frente a los mensajes populistas del Gobierno tenemos en el Código Penal un artículo que define muy bien lo que es terrorismo. El bien jurídico que se protege es la estabilidad de las instituciones del Estado. Alguien realiza actos de terrorismo de forma indiscriminada para realizar dicha desestabilización que ocasiona terror en la población. Frente a estas tesis el informe último de la Fiscalía es inaceptable porque los hechos de ‘Tsunami’ sí son de terrorismo”.

El abogado del Estado cree que dichos hechos similares a los de la kale borroka vasca encajan en el tipo. “Hay otra segunda derivada que es la prueba. Los hechos son públicos y están demostrado y falta la prueba de la autoría donde puede haber más dudas de señalar a Puigdemont como el jefe de esta banda. Por eso se ha hecho la instrucción donde se ha llegado a la conclusión que hay una organización terrorista con principios jerárquicos. Hay indicios suficientes para investigar estos hechos como delictivos. El fallo por unanimidad del Supremo en ese auto es una gran noticia”.

Para Bal, que fue una de las piezas acusadoras del ‘Procés’ desde la abogacía del Estado, “la decisión del Supremo es lógica  y unánime. Utilizan el derecho desde una perspectiva técnica y no política. El uso político que se está haciendo del Derecho lo está haciendo el Gobierno español. Quienes hablen de lawfare les invito a que lean el artículo del Código Penal sobre terrorismo. Al Gobierno lo único que le queda es bajarse los pantalones y reformar la proposición de amnistía para satisfacer a Junts ante la supervisión de la UE”.