La Inspección de Trabajo, molesta con Yolanda Diaz: “prefiere reunirse con el sindicato de las futbolistas que atender nuestras reivindicaciones”

Los inspectores y subinspectores de trabajo y seguridad social no dan crédito a lo que han leído en redes sociales. Saturados de trabajo y con escasez de medios para hacer frente a todas las actividades que tienen que supervisar se han desayunado este miércoles con que la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibirá este lunes al sindicato de futbol femenino Futpro y su equipo jurídico.

En algunas cuentas, en redes sociales ha estallado en enfado. Desde la cuenta en redes sociales @instrabajoyss , cuenta corporativa del sindicato de inspectores de trabao y seguridad Social en X, lo que era antes Twiter se ha recordado a Diaz que el último intento que mantener una reunión con ella fue del pasado 28 de marzo y “hasta el momento no nos ha contestado”.

Para Ana Ercoreca, presidenta del sindicato, nadie duda que las reivindicaciones del futbol femenino puedan ser justas, con salarios de 16.000 euros al año, muy por debajo de sus compañeros masculinos y cuando está pendiente la negociación de un nuevo convenio colectivo del sector.

“Pero lo que no es de recibo es que nuestro acuerdo pactado en julio del 2021 con nuevas condiciones salariales y mejora de medios humanos y técnicos no se haya aún aprobado”, comenta como el sentir generalizado del colectivo.

Hay que recordar que tras varios paros parciales de un dia en los meses de diciembre, enero y febrero, la inspección de trabajo organizó la primera huelga general de su historia el pasado 26 de junio.

Plataforma sindical de la inspeccion de trabajo en una de sus recientes comparecencias (Imagen: E&J)

Dicho paro general que fue seguido con un 95% en toda España terminaba apenas 24 horas después por acuerdo de los sindicatos convocantes, que justifican el fin de los paros por la «instrumentalización» del conflicto por parte del Gobierno.

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes -CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y Upit-, denunciaban que el Gobierno «ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo, cuando somos un servicio público, que llevamos desde 1906 trabajando para velar por los derechos de los trabajadores«.

Junto a CCOO, que se descolgó de la convocatoria a finales dias antes de ese paro, los representantes de los funcionarios de la Inspección vienen denunciando desde hace más de un mes que el conflicto laboral se estaba utilizando políticamente tanto por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz como por el de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero.

«Hemos decidido suspender la huelga porque el Gobierno de España ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo. Ha utilizado la Inspección de Trabajo con fines partidistas y nos han querido meter en una guerra de acusaciones políticas«, aseguraba  la presidenta del Sindicato de Inspectores, Ana Ercoreca, en declaraciones a Economist & Jurist.

No se cumple el Plan Estratégico

A lo largo de estos meses de conflicto laboral, la plataforma sindical se ha concentrado en distintas ciudades españoles reclamando al Gobierno el cumplimiento del Plan Estratégico par la Inspección en 2021, así como el compromiso de abril de 2022 para reformar la Inspección de Trabajo. Sin embargo, han constatado que «no había voluntad política de resolver su problema» que les hace trabajar en precario en muchos frentes.

El conflicto en el organismo ha provocado un choque entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. Para los sindicatos, «de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento «en el seno del Gobierno de coalición «si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficits que padece en la actualidad».

La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Claramente insuficiente para atender todos los frentes laborales que debe supervisar este colectivo.

En este contexto, el anuncio a finales de julio por parte de Yolanda Diaz, de la puesta en marcha de una Oficina Estatal contra la Discriminación, entidad en teoría ya operativa tras su publicación en el BOE, también generó en su día mucho malestar en el colectivo. “Somos los mismos profesionales que ya trabajamos para otras cuestiones los que abordaremos esta nueva entidad, pero por el momento no  está la estructura concluida”; apuntan.

Primer paro general del 26 de junio, con muchas oficinas de la inspección vacías (Imagen: E&J)

Ercoreca denuncia públicamente que “con la creación de esta Oficina contra la Discriminación se da cumplimiento al Plan Estratégico nuestro en su objetivo siete, pero nosotros como colectivo reclamamos que se cumpla dicho Plan en su totalidad formado por 40 objetivos”. En ese Plan Estratégico también se dice que “para que las actuaciones previstas de la inspección sean eficaces se debe aprobar una nueva RPT [Relación de Puestos de Trabajo] que impulse una nueva estructura de la Inspección de Trabajo”

Al mismo tiempo, esta inspectora recuerda que “en la Orden que habla de la creación de dicha Oficina los puestos de alta dirección están por crear, aún no existen. Esos coordinadores que también se indica que habrá en las oficinas territoriales ya están haciendo parte de ese trabajo, pero deben de crearse esos puestos”.

Para Ercoreca “no debe crearse una oficina de cartón. Se la debe dotar de contenidos y de profesionales cualificados. La estructura, de momento, no está operativa. Debe aprobarse todo el Plan Estratégico y que para que la Oficina funcione debe tener su estructura propia para que realmente sea eficaz en su funcionamiento”. Se da por hecho que realmente dicha oficina empezará a funcionar el próximo mes de septiembre.

Trabajo incesante con medios escasos

Pese a la situacion precaria del colectivo la  Inspección de Trabajo habría regularizado, de acuerdo con datos provisionales, a más de 17.500 trabajadores que estaban dados de alta como autónomos pero que, en realidad, tenían una relación laboral por cuenta ajena y debían constar como asalariados.

La cifra fue  anunciada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de los datos del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social, tras conocerse que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado 6.819 afiliados menos en julio en comparación con el mes anterior.

Así, a juicio del ‘número dos’ de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el balance de empleo autónomo «tiene repercusión» las actuaciones de la Inspección. «Obviamente, tiene algún impacto en las cifras que estamos considerando«, ha indicado.

Al mismo tiempo se ha dado a conocer que en los primeros siete meses de ese año, de enero a julio, se han corregido más de 122.600 contratos fraudulentos. La mayor parte, 69.600, son contratos temporales que han pasado a ser indefinidos, mientras que el resto, cerca de 53.000 empleos, son fijos discontinuos transformados en fijos ordinarios.

En el caso del paso de contratos temporales a fijos, estos 69.600 contratos quedan lejos de los 227.000 que se regularizaron durante el año 2022, pero desde el Ministerio de Trabajo apuntan que hay una parte de regularización que ya se ha llevado a cabo y que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el número de contratos temporales se ha reducido drásticamente, lo que explicaría también el menor número de contratos corregidos.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha propuesto multas a empresas por valor de 330.000 euros en “más de 5.700” actuaciones hasta julio de 2023 por no respetar las obligaciones en materia de protección de los trabajadores frente al calor. Así lo han explicado a Economist & Jurist fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La cantidad de inspecciones de Trabajo realizadas en este periodo de tiempo se asemeja a la suma de las que se llevaron a cabo en los dos años anteriores, que fueron “unas 5.800”.

Este aumento se debe, según Trabajo, a la “evolución de las condiciones ambientales y la evolución de las temperaturas cada vez más extremas”. Aunque en mayo entró en vigor una normativa que prohíbe la realización de ciertos trabajos al aire libre cuando haya alerta extrema de calor, desde el ministerio no hacen referencia al efecto de esta sobre el número de inspecciones.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el de Seguridad Social, Borja Suárez en el ministerio de Inclusión comentando datos paro (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Hasta julio de 2023, las actuaciones de la Inspección de Trabajo para proteger a los trabajadores de los riesgos que trae consigo la exposición a altas temperaturas han sido “más de 5.700”, como explican  desde la cartera que dirige la vicepresidenta primera y ministra en funciones, Yolanda Díaz. Desde enero hasta julio, los empleados afectados por las infracciones suman un total de 1.723. En los años anteriores que utiliza el ministerio, 2021 y 2022, el número de trabajadores afectados ascendió a cerca de 4.300.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó, el 11 de mayo, el Real Decreto-ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes para la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas para proteger a los trabajadores en episodios de fuerte calor, así como en otros contextos laborales.  Esta norma supone la modificación del Real Decreto 486/1997, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La nueva regulación jurídica, que entró en vigor el 13 de mayo de 2023, tras su publicación en el BOE, establece la obligación de prever medidas adecuadas frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos durante la jornada laboral, incluida la prohibición de llevar a cabo determinadas tareas en las horas del día en las que estos ocurran, que será obligatoria cuando la Aemet emita alertas de nivel naranja o rojo. Es decir, proteger a los trabajadores frente a episodios de calor extremo.

Esta norma, que se enmarca dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, también contempla la obligación de reducir o modificar las horas de desarrollo de la jornada laboral cuando no se puedan garantizar las medidas preventivas de salud y seguridad que garanticen la protección de los trabajadores durante los episodios de altas temperaturas, puesto que se considera que el laboral es “un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad”.