La Inspección de Trabajo rechaza la última oferta de Función Pública y anuncia que intensificarán los paros

En los últimos seis meses la Inspección de Trabajo ha protagonizado tres días de huelga general y desde este mes de mayo paros parciales cada día. En esta semana la plataforma formada por CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, ha mantenido hasta tres reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero el conflicto sigue sin resolverse. En esta huelga no sólo está involucrado el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, sino que afecta también al de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Esta plataforma sindical llegó en julio de 2021 a un acuerdo con Trabajo para reforzar la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social (ITSS), que se convirtió en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, aprobado por el Gobierno a finales de ese año, pero que todavía no se ha implementado

En esta situación, y ante la falta de certeza de que el acuerdo suscrito en julio del 2021 para mejorar las condiciones de ese colectivo vaya a ir para adelante, los convocantes siguen manteniendo la petición de dimisión de la vicepresidenta Díaz, que ha estado ausente del conflicto en estos dos últimos años.

Sin embargo, este conflicto entre los inspectores de trabajo y el Gobierno daba un nuevo giro este jueves. En los últimos días, la postura del Ministerio de Trabajo ha cambiado de forma radical. Del silencio más absoluto en el último año, a hace un mes señalar a la plataforma de la inspección que se estaba negociando un nuevo acuerdo con Función Pública, lo que ha generado nuevos paros de este colectivo.

Pero lo más importante se ha producido esta semana, con tres reuniones en apenas 48 horas, donde el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Rey, ha transmitido a este colectivo la última oferta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para resolver el conflicto. Se da la circunstancia de que desde Trabajo se señala a este Departamento como culpable de la congelación de la modernización de la inspección de trabajo.

Para Josetxo Gándara, representante de CCOO en la negociación “nos sorprende del cambio de 180 grados del Ministerio en este conflicto. Sólo les falta defender con nosotros en la pancarta nuestras reivindicaciones. Y por supuesto este cambio genera desconfianza en el colectivo”.

En declaraciones a Economist & Jurist señala que “la unidad de la plataforma reivindicativa sigue siendo muy alta y no vamos a negociar nada que no sea el acuerdo ya cerrado en julio del 2021 con el Ministerio de Trabajo. El acuerdo ya lo concretamos, lo que queremos es que se le dé el visto bueno”, apunta.

Concentración de la Inspección de Trabajo. (Foto: CCOO)

Rechazo a la propuesta de Montero

En este contexto, los sindicatos han rechazado por unanimidad la propuesta, que contemplaba la incorporación de 781 efectivos más en los próximos tres años, una productividad extraordinaria de seis millones de euros, pero que no prevé una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para el cuerpo, una de las principales reivindicaciones de las protestas.

Gándara explicaba que la oferta de Función Pública —el departamento dependiente de Hacienda que gestiona el empleo público— es un «parche inservible» que cuenta con el rechazo unánime de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo. “Hasta el punto de que se ha planteado trasladar a Hacienda la negativa a esta oferta en conjunto con el Ministerio de Trabajo”, añaden.

En las últimas horas se ha producido un cruce de declaraciones entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz mostraban su «malestar profundo» con el ministerio en manos de María Jesús Montero.

Trabajo acusa a Montero de haber resuelto en tiempo récord los conflictos laborales en los ministerios socialistas (Justicia y Seguridad Social han sido los más sonados) y, en cambio, bloquear el que existe en Trabajo, en manos de Unidas Podemos.

Por su parte, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), a través de su presidenta Ana Ercoreca, criticaba que se ofrezca un refuerzo de personal que ya se incluye en la oferta de empleo público y señalan que los seis millones en productividad extraordinaria que plantea Hacienda «ya forman parte del presupuesto asignado a la inspección».

«No queremos algo temporal, queremos algo estructural«, comentaba Ercoreca, otro de los miembros de esta plataforma.

Pero el punto que más descontento ha generado es la decisión de no incluir en la oferta la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT). La RPT funciona como una especie de organigrama que describe los puestos de trabajo, las funciones y las retribuciones de los empleados públicos.

La RPT de la Inspección de Trabajo lleva 20 años sin actualizarse y los sindicatos arguyen que hace tiempo que no refleja las necesidades actuales de los inspectores. Para este colectivo, sería necesario incorporar a la plantilla de manera inmediata a las 500 personas que se habían prometido de manera urgente en las negociaciones.

Faltan efectivos en la inspección

La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

La propuesta de Hacienda se limita a vincular la promoción profesional de los inspectores de trabajo a la futura ley de función pública, algo que para el SITSS supone incumplir con el acuerdo firmado con el Ejecutivo en 2021 y recogido en el BOE.

Rueda de prensa de los representantes de la Inspección de Trabajo. (Foto: E&J)

Según la versión del Ministerio de Trabajo, la reforma de la RPT de la inspección estaba prácticamente cerrada tras año y medio de negociaciones, pero Función Pública se echó atrás en el último momento sin dar explicaciones, algo que desde el Departamento que dirige Montero no han confirmado en ningún momento. Fuentes sindicales señalaban el miércoles que la negativa de Hacienda se produjo para evitar «reivindicaciones en cadena» en otros ámbitos de la administración.

«No entendemos por qué, de la noche a la mañana, lo que se había trabajado en un año y medio se retira. No entendemos que, estando ya el trabajo hecho de tantas personas y horas se haya decidido ahora que no sale adelante», agregan desde el SITSS en referencia a la RPT.

Los sindicatos se plantean ahora incrementar las movilizaciones, aunque no han precisado en qué forma. Desde CCOO señalan que están valorando la posibilidad de «intensificar el proceso de denuncia«.

Conviene recordar que los sindicatos ya denunciaron al Ejecutivo ante la Comisión Europea acusándole de incumplir con los compromisos del plan de recuperación que atañen a la reforma de la Inspección de Trabajo.

En esa denuncia se indica a los incumplimientos con la Agenda 2030, con la inaplicación del Plan de Recuperación que conlleva el reparto de los fondos europeos vinculados al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, «que se publicó en el BOE y está aprobado por el Consejo de Ministros, pero ni se está aplicando ni cumpliendo», subraya Ana Ercoreca, presidenta de Sislass,

En los próximos días, este colectivo va a dar un paso más y presentarán otra denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los convenios estatutarios 81, 87, 98, 150 y 151, firmados por el Ministerio de Trabajo, «los que tienen que ver con la negociación de la situación laboral de la plantilla, que es inexistente, y con el incumplimiento del mantenimiento de una plantilla y unos medios adecuados», explica Ercoreca.

Para la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, no se entiende la actitud de la vicepresidenta Díaz, que «presume de negociación de puertas hacia fuera y de puertas hacia dentro lo que da es un portazo a sus propios trabajadores, porque ni siquiera se ha dignado a recibirnos», apunta.