La inspección de Trabajo vuelve a anunciar movilizaciones y una posible huelga

Los representantes de las principales organizaciones sindicales de los trabajadores de la Inspección de Trabajo han mantenido hoy un encuentro en Madrid en el que han acordado reiniciar el proceso de movilizaciones en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) por la “falta de compromiso político” del Gobierno para implementar el acuerdo firmado hace ya 15 meses para solventar las deficiencias que arrastra este organismo.

Al encuentro han acudido Álvaro Gil, portavoz del Sindicato de Subinspectores de Empleo (Usses); Rafael Prieto, representante del sindicato de subinspectores de prevención de riesgo laborales (Sislass); Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; Cipriano Lara por parte de CCOO y Aida Barragan, miembro de CSIF que participó online.

Este colectivo muestra su preocupación por que el acuerdo suscrito el 7 de julio del 2021 con el Ministerio de Trabajo no se ha puesto en marcha. Se trataba de crear un nuevo modelo de inspección con una estructura adecuada a los nuevos tiempos. Una de las cuestiones que destacan es que los 200 interinos que se han incorporado al cuerpo de inspectores y subinspectores no es suficiente y la carga de trabajo a día de hoy es enorme.

“Seguimos igual que hace 15 meses. La situación de la inspección de trabajo no ha mejorado nada mientras que las responsabilidades y carga de trabajo ha incrementado de forma notable”, ha indicado Ana Ercoreca. Por su parte, el portavoz de Comisiones Obreras, Cipriano Lana, ha anunciado la celebración de «asambleas informativas» para «pulsar» la opinión de sus compañeros, en referencia a la situación de la inspección de trabajo. Lana, que no descarta una posible huelga del sector, asegura que “queremos defender el acuerdo alcanzado por encima de todo”.

Este cuerpo de la Administración está compuesto por 1.004 inspectores de trabajo, 1.041 subinspectores y 900 administrativos. Según los cálculos de la plataforma sindical que aglutina a este colectivo, habría que incorporar otros 500 administrativos para que realmente el trabajo de la inspección fuera eficiente, así como más inspectores y subinspectores. Precisamente, una de las reivindicaciones de este colectivo es que se incremente la plantilla.

A este respecto, recuerdan que España tiene una proporción de apenas un inspector de trabajo por cada 15.000 personas de población activa, cuando países como Italia tienen una ratio de uno por cada 7.500 empleados o incluso Francia uno por cada 5.000.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Foto: Moncloa)

Falta de medios técnicos

Además de contar con una plantilla insuficiente para la carga de trabajo que soportan, la plataforma que aglutina a los representantes de este colectivo extiende sus quejas ante las “deficiencias” en materia de inspección a los medios técnicos y organizativos, que consideran demasiado precarios.

En este contexto, los sindicatos advierten que si las carencias que soportaba el organismo el pasado mes de marzo, cuando desconvocaron la primera huelga general que tenían prevista ya eran «graves», el tiempo que ha transcurrido desde entonces, medio año, «no ha hecho más que intensificarlas».

En cualquier caso, advierten de que «el plan de choque diseñado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha demostrado incapaz de dar una solución e incluso se ha transformado en un problema adicional desde el momento en que las características retributivas del escaso personal incorporado rompen con los criterios que desde hace años están vigentes en el organismo, generando una doble escala salarial y una discriminación injustificable».

En este complejo escenario, el colectivo de inspecciones de trabajo denuncia que ni los responsables de Función Pública, ni siquiera los del propio Ministerio de Trabajo y Economía Social han encontrado hueco en los últimos seis meses para determinar cómo poder abordar las soluciones definitivas”.

Desde la plataforma se explica que no pueden permanecer en silencio cuando, por un lado, el Ministerio y otros órganos de este Gobierno, ensalzan el papel de la ITSS y el trabajo que desde esta institución debe abordarse en el futuro y por otro se olvidan de reforzarla y desprecian las medidas esenciales que se habían acordado como primer paso para superar los déficits existentes en este organismo.

Para este colectivo, es importante que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se defienda el mencionado acuerdo de 7 de julio, avalado por la propia ministra Yolanda Díaz, y que responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias en la Inspección de Trabajo y Economía Social que debiera servir para construir la institución que este país necesita en este siglo XXI.

“Es indudable que abrir un conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede tener consecuencias que afecten a la ciudadanía”, destacan.

También aclaran que “no está en nuestra voluntad propiciar un deterioro aún mayor de nuestro organismo, pero de cara al futuro sería mucho más peligroso transigir y mantenernos en silencio ante decisiones políticas que propician una situación que en su desarrollo futuro pone en riesgo el papel y la calidad del servicio que debe garantizarse desde la ITSS.