La investigación del caso Koldo, en manos de la Fiscalía Europea, garantía de transparencia y de no que existan interferencias

En un momento en el que se cuestiona la independencia del fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha saltado la noticia de que la Fiscalía Europea (OEPP, en sus siglas en inglés) en Madrid se declara competente en el procedimiento del ‘caso Koldo’ y quiere asumir la investigación de la totalidad de los contratos que se adjudicaron por el procedimiento de emergencia a la empresa de la trama, unas adjudicaciones que están siendo investigadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional (AN).

La investigación sobre la compra de mascarillas en los inicios de la pandemia por parte de los ministerios de Transportes (a través de Adif y Puertos del Estado) e Interior es competencia actualmente del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que recibía este un escrito de dicha Fiscalia Europea reclamando dicha investigación,  aunque podría oponerse generar un conflicto de competencias.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya se opuso a la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El asunto se saldó entonces con una decisión salomónica de la Fiscalía General. Habrá que ver ahora qué sucede y si la Fiscalía Europea más y mejor blindada ante presiones puede encargarse de este asunto

La Fiscalía Europea recuerda que el pasado mes de marzo asumió la investigación por el posible fraude en la adjudicación de contratos de los servicios de Salud de Baleares y Canarias a una misma empresa, Soluciones de Gestión.

Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y así «investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», según ha informado este organismo a través de un comunicado.

Un modelo blindado a injerencias

“La Fiscalía Europea se crea como órgano independiente que defienda los intereses en cuestiones de  malversaciones en la UE. Es bueno que se lleve en casos como Éste. Son mediáticos y de alguna manera es bueno que esta Fiscalia lo gestione”, señala Francisco Bonatti, fundador de Bonatti Compliance y presidente del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).

Francisco Bonatti cree que estos fiscales delegados tienen más independencia que los dependientes del fiscal general. (Imagen: ASCOM)

Destaca que esta iniciativa viene cuando se cuestiona la independencia de García Ortiz en nuestro país. “Ahora, muchos tenemos dudas sobre la instrucción de los fiscales en España y la propia independencia del fiscal general. Lo bueno que tiene esta Fiscalía Europea, además de que su modelo instructor es novedoso, es que nos aportaría bastante valor en temas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque el modelo actual genera problemas sobre todo de aquellas que tienen modelos o sistema eficaces”, refiere.

Para Bonatti, el modelo de la Fiscalía Europea le daría más sentido al articulo 9 de la ley 2/2023 de protección al informante porque potenciaría el canal relacionado con el ministerio fiscal. “Al mismo tiempo,  ese modelo esta basado en la independencia de los fiscales. Y en Europa es el Consejo Europeo quien designa a los fiscales y a la fiscal general. Luego se eligen los fiscales delegados en cada país. De esta manera, ese fiscal delegado de la Fiscalia Europea en España tiene un elevado grado de independencia”, indica.

Y es que como nos asevera Bonatti, “este fiscal delegado no puede recibir instrucciones del fiscal general». «Eso es un elemento mucho valor, tal y como estamos viendo las cosas que suceden en la justicia española. No habrá interferencias en esta instrucción porque hay un fiscal delegado al frente de la misma. No tiene que rendir cuentas tampoco al órgano central de la Fiscalía Europea. Este es un elemento importante en un asunto tan mediático como es el caso Koldo”, señala.

Una garantía de independencia

Óscar Morales, socio responsable del área penal económico del despacho Cases & Lacambra, subraya que “es un dato relevante que la Fiscalía Europea entre en estos temas. Se crea con la finalidad y unas competencias específicas y concretas muy determinadas. Lo hace con una estructura especifica. Pocos recursos en la central con sede en Luxemburgo y lo que tiene en cada país un conjunto de fiscales delegados.

Desde su punto de vista, “parece por los últimos acontecimientos que el caso se ajusta a aquellos supuestos que puede asumir la propia Fiscalía Europea». «Este parece que sí que cuadra para que lo asuma este organismo internacional. A partir de aquí, lo interesante de todo es que el juzgado pierde la competencia para que lo asuma este fiscal por una razón. La Fiscalia Europea actúa como lo hacen algunas fiscalías en otros países, con competencias propias de un juez instructor”, manifiesta.

Óscar Morales cree que este modelo de instrucción podría adaptarse a la LECrim española. (Imagen: Cases & Lacambre)

Morales señala que posiblemente, las únicas competencias que no van a tener son las del “allanamiento o las de medidas de intervención de las comunicaciones que tienen que pedir autorización judicial. En todo lo demás operan como jueces de instrucción». «Es realmente un banco de pruebas importante que un caso tan mediático como este lo lleve la citada Fiscalía Europea. Al tener un papel de juez instructor habrá plazos que se acorten”, afirma.

Al final, este asunto “lo va a llevar un fiscal español, adscrito a la Fiscalía Europea que va a asumir por vez primera un asunto de tanto calado». Morales señala que «es una manera de ensayar si los fiscales están cómodos en la instrucción de un procedimiento». «Lo que sí hay que dejar claro es que el modo de operar de la Fiscalía Europea es totalmente distinto porque asume competencias propias de un juez de instrucción”, agrega.

Este jurista, como comentaba recientemente en una entrevista en Economist & Jurist defendiendo la instrucción por el fiscal, señala que “de esa forma, el juez estaría muy distante del hecho, como juez de garantías lo que reforzaría su imparcialidad. Que técnicamente decidiera sobre las medidas invasivas sobre la libertad de los investigados y que luego decidiera si el asunto pasa o no a juicio”.

Profesionales competentes

En opinión de Juango Ospina, titular del despacho penalista del mismo nombre, “es una buena noticia que la Fiscalía Europea se vaya ocupar de toda la trama Koldo, un asunto con notables implicaciones de diversa índole». «Esta Fiscalia instruye los procedimientos con gran profesionalidad, está compuesta por fiscales de gran preparación técnica para llevar este tipo de asuntos tan complicados, y al mismo tiempo, a diferencia de los procedimientos en nuestro país, estos asuntos ven agilizados sus plazos y tiempos de resolución”, declara.

Para este jurista, “es un modelo de instrucción de los procedimientos que podría llevarse en nuestro país». «Ahora que se debate sobre la reforma de nuestra bicentenaria LECrim y darle la instrucción a los fiscales, hay que darse cuenta que esta forma de trabajar de la Fiscalía Europea seria un ejemplo a seguir para darle una vuelta a nuestros procedimientos penales, algunos de los cuales se eternizan en el tiempo, sin demasiada justificación”, manifiesta Ospina.

Juan Gonzalo Ospina destaca la profesionalidad de estos fiscales que tratan de igual a igual a los abogados defensores. (Imagen: Ospina abogados)

Desde su punto de vista, los penalistas esperan «que la forma de instruir de nuestra Fiscalía cambie y se asemeje más a la Europea». «En mi trato, en algún asunto he comprobado que son educados con el Derecho a la Defensa. Están muy encima del caso y que siempre cuando mantienen contacto con los abogados defensores, como ha sido nuestro caso, nos permiten interactuar con ellos, casi como si fuéramos de abogado a abogado.  No es el caso de España donde el abogado parece un súbdito ante el juez de instrucción”, refiere.

Nuestro interlocutor cree que la intervención de la Fiscalía Europea aporta más certezas que dudas en su funcionamiento y que ayudará a resolver un asunto que se ha complicado, donde hay varios Ministerios implicados y posible desvío de fondos europeos en medio de esta trama que crece exponencialmente sus ramificaciones. “Cuando les pedimos que interpongan diligencias de investigación, rara vez se oponen con lo cual no hay que pedir que intervenga el juez de garantías que en su caso seria el juzgado central”, apunta.

El juez Moreno podría oponerse

Los expertos consultados señalan que ahora el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pedirá un informe a la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación con él hasta ahora.

Tras recibir ese informe, que no es vinculante, si Anticorrupción se opone a la pretensión de la Fiscalía Europea, el magistrado puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso, como dicta la norma que regula en España la Fiscalía Europea.

El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando esta ejerza su derecho de avocación sobre una causa, «las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito», precisaron otras fuentes.

Si finalmente la EPPO se queda con la investigación, el juzgado de la Audiencia Nacional que la dirigía hasta ahora la dejará completamente en sus manos, ya que, a diferencia del modelo español —en el que las investigaciones las dirige un juez—, en el europeo la asume totalmente la Fiscalía.