La Junta de Fiscales de Sala debatirá hoy la aplicación de la amnistía a la causa del ‘procés’, que afecta al futuro de Puigdemont

“Estamos preparados y dispuestos para la Junta de Fiscales de Sala. Conocemos bien el tema y llevamos estudiando la compatibilidad con la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea desde hace tiempo”, es la reflexión que comparten con Economist & Jurist los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, ya conocidos como los fiscales del ‘procés’, en vísperas de dicha reunión en la Fiscalía.

Estos profesionales avanzan a E&J un debate largo que se ha puesto en marcha en la mañana de ayer, lunes, a partir de las 09.30 en la propia sede de la Fiscalía en la capital de España: “Aunque la gran mayoría de los fiscales que pertenecen a UPF, asociación de fiscales de la que fue portavoz el propio Álvaro García Ortiz, no se han estudiado el tema. Eso podría desequilibrar el desenlace de la reunión”, señalan.

El enfrenamiento directo entre el fiscal general del Estado y los fiscales de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo en torno a la aplicación de la amnistía a esta causa se escenificará este martes en la Junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía el martes pasado, García Ortiz dio un plazo de 24 horas a los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza para reflejar en un informe su postura respecto a la amnistía en la causa del ‘procés’.

El informe, según opina en un decreto el fiscal general, se extralimitaba de lo «meramente jurídico» y ponía en un compromiso «la imagen de neutralidad de la institución». «Contiene muchas valoraciones políticas», señalaban desde la propia Fiscalía.

García Ortiz ordenó a los fiscales obrar en contra de su criterio: deben informar a favor de la amnistía a la malversación del ‘procés’ y pedir el alzamiento de las órdenes de detención dictadas por el juez instructor Pablo Llarena.

Sin embargo, como ya venido contando Economist & Jurist, los cuatro fiscales señalaron en su informe que la malversación del 1-O no es amnistiable porque incluye ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.

Al mismo tiempo invocaban el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal para que se reúna la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, órgano consultivo que votará ambas propuestas, la oficial del fiscal general del Estado de defender la amnistía, y la de los fiscales “rebeldes de no informar sobre ella”.

Los fiscales del Supremo Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, galardonados con los premios ‘Carmen Tagle y Luis Portero’. (Imagen: Asociación de Fiscales)

Un pleno muy intenso

Según ha podido saber este diario, es posible que el turno de intervenciones de esta Junta de Fiscales de Sala lo inicie el propio Álvaro Ortiz; luego intervendrían, los cuatro fiscales del ‘procés’; para luego seguir las intervenciones de otros fiscales que quieran comentar algo sobre esta cuestión, empezando por el fiscal más moderno.

Madrigal, Zaragoza, Cadena y Moreno son cuatro fiscales del Tribunal Supremo con una trayectoria de gran prestigio que ha valido para afrontar la causa penal más importante en nuestro país desde la instauración de la democracia. Su choque frontal con el fiscal general del Estado está generando problemas de credibilidad para la totalidad de la Carrera fiscal, en un asunto que al final resolverá el propio Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad de la Ley de Amnistía.

Se da por descontando que será una votación con estrecho margen y que decidan lo que decidan, como señala el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, la decisión última la tomará el propio fiscal general del Estado, lo que podría acabar en recomendar al Tribunal Supremo que levanten las órdenes de detención y apliquen la amnistía.

Sobre la mesa hay dos posturas enfrentadas. Los cuatro fiscales del ‘procés’ abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación, dado que —sostienen— la ley excluye los actos que «implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial» y además, afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional vigentes.

Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados en el desvío de fondos públicos para el ‘procés’, y que rechaza asimismo que hubiese «ánimo de enriquecimiento» personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O. Además, avala levantar las ordenes nacionales de detención porque «desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo» su alzamiento en base al «imperio de la ley».

La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito —el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello —el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig—, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.

Los cuatro fiscales del ‘procés’ abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación. (Imagen: Fiscalía General)

Una decisión ejecutable por escrito

Hay que recordar también que dicha decisión en forma de decreto se dará por escrito por parte del fiscal general del Estado al fiscal correspondiente, que será diferente a los actuales del ‘procés’ porque ellos se acogieron a otro artículo, el 25, del Estatuto del Ministerio Fiscal para no tener que llevarla a la práctica.

Al final la decisión final se plasmará en un informe por escrito avalado por el propio Álvaro García, fiscal general del Estado, que se enviara al juez de instrucción del Supremo, Pablo Llarena, quien dio cinco días para recibir informe de las partes y de la propia Fiscalía sobre la aplicabilidad de la amnistía.

Del actual fiscal general del Estado se subraya su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia y su alineamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez en la implantación de la Ley de Amnistía recientemente ya en vigor. Ahora tiene una situación complicada jurídicamente con la última denuncia de Manos Limpias.

Manos Limpias llevó también a los tribunales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunto papel como instigador de las filtraciones a la prensa de las comunicaciones de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, con la Fiscalía de Madrid, a fin de alcanzar un acuerdo de conformidad para reducir su pena por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

Esas comunicaciones ya se investigan como un posible delito de revelación de secretos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admitió a trámite una querella del propio González Amador contra dos fiscales que firmaban la nota de prensa. Pero la semana pasada, Álvaro García Ortiz envió un escrito al TSJM en el que afirmaba que había dado «orden expresa y directa» de emitir aquella nota. El propio fiscal general indicaba en aquel escrito que el TSJM no tenía competencia para imputarlo y que por tanto debía ser el Tribunal Supremo quien quedará a cargo de la instrucción.

Fuentes de esta negociación confirman a Economist & Jurist que ninguna de las dos partes implicadas hará declaraciones públicas, con lo cual los periodistas tendremos que esperar al comunicado de prensa del gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para conocer el desenlace de este asunto.

A partir de aquí, el informe llegará a la Sala Penal del Supremo que tendrán que decidir, entre el realizado por los fiscales del ‘procés’ y el realizado por el gabinete técnico de la propia Fiscalía donde se respalda las tesis de la amnistía. En el caso  de que Llarena no tenga en cuenta la decisión final, será la Sala de Apelación quien recibirá los recursos de la Fiscalía y de los propios investigados implicados.

Albaro García Ortiz, fiscal general del Estado, está dispuesto a obligar a que los fiscales informen favorablemente de la amnistía en todas las causas penales. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Premio a la honestidad

Por otro lado, el Gobierno de Aragón reconocerá la labor de los cuatro fiscales del ‘procés’ en la segunda edición del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, cuya gala de entrega se celebrará en diciembre, en reconocimiento a su rigor, profesionalidad e independencia en el tratamiento del caso.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en Albarracín (Teruel), donde ha inaugurado el curso ‘El compromiso público con la España vaciada’, organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, creado en 2023 por el Gobierno de Aragón, reconoce a personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos. El Gobierno autonómico galardonará así, con el nombre dado a un premio que recuerda a un aragonés ‘padre’ de la Constitución, a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno por su trabajo «excelente e intachable» en la persecución de los más graves delitos contra el Estado de derecho y contra principios fundamentales de la carta magna.

Un premio que se les otorga, además, por «anteponer su deber, el rigor jurídico y los principios de legalidad y separación de poderes ante la injerencia y la presión inaudita, irresponsable y partidista del actual Gobierno de España». «Queremos que sea para los fiscales que a día de hoy están defendiendo en el Tribunal Supremo la legalidad, la independencia judicial», ha concluido Azcón.

El Gobierno de Aragón reconocerá la labor de los cuatro fiscales del ‘procés’ en la segunda edición del premio ‘Gabriel Cisneros a los valores constitucionales’, cuya gala de entrega se celebrará el próximo mes de diciembre, según informo Jorge Azcón, presidente aragonés. (Imagen: Gobierno de Aragón)