La Justicia perdona 58.000 euros a un individuo que desconocía su insolvencia porque los bancos no le habían avisado de ella

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado alrededor de 58.000 euros a un individuo, transportista de profesión, que desconocía su insolvencia porque las entidades bancarias a las que debía dinero no le habían avisado de su endeudamiento. Una situación que se había agravado a raíz del Covid-19 y de que el hombre se había visto obligado a cogerse sendas bajas laborales por problemas de salud.

Tal situación de insolvencia, según han informado desde Bergadà Asociados, despacho que ha llevado y ganado el caso, comenzó después de que el hombre, con afán emprendedor, fundara una empresa de transportes en 1995. Sin embargo, tras algunos años al frente de la compañía, decidió cerrarla y pasar a trabajar por cuenta ajena en el mismo sector.

Posteriormente, adquirió una vivienda, pero no pudo afrontar el pago de la hipoteca debido a diversas adversidades. En este punto intentó realizar una dación en pago de la propiedad, pero al no conseguirlo, la vivienda fue subastada, dejando una deuda pendiente. Así, con el paso de los años, el hombre permaneció ajeno a que su carga de deudas seguía aumentando, ya que aún arrastraba préstamos y avales que desconocía.

Además, debido a la crisis provocada por el coronavirus y a unas bajas laborales derivadas de operaciones quirúrgicas a las que se vio obligado a someterse, su trabajo se vio afectado y sus ingresos disminuyeron considerablemente. En este sentido, en 2019 estuvo ocho meses de baja laboral a causa de una rotura de los ligamentos y, a finales de 2022, otros tres meses por una operación, durante los cuales no pudo ejercer su profesión.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida. (Imagen: Cesión propia)

El banco embargó su nómina

Pero lo peor aún estaba por llegar. En octubre del año pasado, su nómina fue embargada debido a las deudas acumuladas a lo largo de los años. «Me quedé a cuadros, ya que desde que cerré mi empresa hace poco menos de veinte años siempre he trabajado por cuenta ajena y he estado empadronado en el mismo domicilio, por lo que he estado todos estos años localizable y nunca había recibido una comunicación», ha comentado a este medio de comunicación. Así, llegó un momento en el que no pudo hacer frente a lo que se le exigía.

Agobiado por la situación, decidió personarse en los juzgados de Balaguer para recabar información al respecto, «pero no me la dieron». Posteriormente, solicitó un abogado de oficio, pero tampoco se le concedió. Fue a principios de este año cuando contactó con Bergadà Asociados y con la abogada y socia fundadora del despacho especializado en derecho concursal, Marta Bergadà. «Nos conocemos desde hace años y un día le expliqué mi caso para ver si ella y su equipo me podían ayudar. De hecho, no conocía la Ley de la Segunda Oportunidad y, por desconocimiento, tenía desconfianza», ha puntualizado.

Por su parte, la letrada ha recordado que «tenía mucho miedo y al momento vimos que se trataba de un deudor de buena fe, por lo que le intentamos transmitir mucha tranquilidad, la cual necesitaba. Además, veíamos claro que se le podía exonerar el pasivo insatisfecho, pese a haber numerosas entidades bancarias a las que se les debían los préstamos, tarjetas de crédito y avales, con los correspondientes intereses, por lo que rápidamente nos pusimos a trabajar en el caso».

Sin embargo, lo que más le sorprendió es que «durante años no se le hubiera comunicado a nuestro cliente las deudas que tenía, lo que provocó que los intereses se multiplicaran. No obstante, al tratarse de un deudor de buena fe, la Ley de la Segunda Oportunidad se ha vuelto a mostrar efectiva, permitiéndole tener un futuro esperanzador».