La Justicia, pieza importante en el acuerdo entre Junts y el PSOE

Francina Armengol ya es presidenta del Congreso de los Diputados. Ha sido elegida en la primera votación, con 178 votos a favor, gracias a los siete votos de JuntsxCat, que han terminado de inclinar la balanza hacia el lado progresista. Para que el apoyo del partido de Puigdemont haya sido posible, esta mañana, poco antes del inicio de la sesión constitutiva, esa formación, cuyos votos resultan decisivos para la investidura, ha alcanzado un primer acuerdo , lo que da pistas de cara a las posiciones que van a adoptar a futuro, aunque aún queda negociación por delante. En este primer acuerdo, cuyo texto aún no se ha hecho público, la justicia tiene un papel relevante.

Más allá del compromiso para que en las sesiones de la Cámara Baja se pueda hablar en catalán y en cualquiera de las demás lenguas cooficiales, según ha detallado el secretario general de Junts, Jordi Turull, ante la ejecutiva del partido y Gabriel Rufían, de Esquerra Republicana-que también ha sellado un acuerdo paralelo-, en rueda de prensa, el principio de acuerdo incluye la reapertura de la comisión de investigación sobre las “cloacas del Estado” y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Según ERC, el compromiso de usar las lenguas cooficiales en todas las instituciones se podría materializar en una ley orgánica que garantice el uso del catalán en todas las instituciones. En este punto, Rufian ha hecho especial alusión a la justicia. El periódico ElNacional.cat ha adelantado también que el ministro en funciones José Manuel Albares ha registrado hoy una petición para que la lengua catalana sea oficial en las instituciones de la Unión Europea.

En su discurso, la propia Armengol, ya como presidenta de la Cámara Baja ha mostrado su compromiso, ensalzando la diversidad y la pluralidad de España y ha asegurado que a partir de ahora, se podrá hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales.

Rufían ha hablado además de la “desjudicialización del conflicto político por las vías legales necesarias”, entre la que se encontraría una ley de amnistía sobre la que seguramente se hablará en las negociaciones de cara a la investidura. Ambas formaciones independentistas han insistido en que estos acuerdos no implican un apoyo a la investidura.

Juicio Procés. (Foto: Archivo)

La lengua en la Justicia

El artículo 3 de la Constitución Española estipula que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Sin embargo, “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

El artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. No obstante, la ley permite que se utilice también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere porque la desconozca, lo que pueda producir indefensión indefensión.

Así, el apartado tres de este artículo apunta que, en las diferentes comunidades autónomas en las que tengan lugar las actuaciones, se podrá usar las lenguas cooficiales tanto en las manifestaciones orales como escritas. En esos territorios, la norma ya establece que no resulta necesario la traducción de las actuaciones al castellano, pues en las lenguas cooficiales tienen plena validez y eficacia. “De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión”. Las leyes procesales también hacen referencia a las lenguas oficiales. Por poner un ejemplo, el artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en que se desarrolle la actuación…”.

De lo anterior se entiende que, si una de las partes asegura que no entiende la lengua cooficial, se podrá exigir el uso del castellano que, como españoles, tienen el deber de conocer y el derecho a utilizar. En Cataluña se utiliza con absoluta normalidad el catalán y, de hecho, el colegio de Abogados de Barcelona tiene un programa específico de fomento del uso del catalán en actuaciones procesales de asistencia jurídica gratuita en aquella comunidad. Fuera de las comunidades con lengua cooficial, la norma es usar el castellano. Veremos en qué se concretan los compromisos conocidos hoy en lo que a la Justicia respecta.

No obstante, y aunque hemos visto en ocasiones cómo a un abogado no se le permitía hablar en una lengua cooficial en juicios celebrados en el Supremo, también hemos asistido a juicios el Alto Tribunal en los que, como en el caso del juicio de Procés, se ha permitido a los acusados expresarse en catalán. En aquel juicio el Supremo se negó, sin embargo, a que los interrogatorios se hicieran íntegramente en catalán, como solicitaron los procesados. Las razones, cómo recoge Adarve Abogados fueron que “el plurilingüismo en el Sistema Legal Español está ligado al concepto de delimitación territorial y que la traducción simultánea habría imposibilitado el carácter público que se otorgó al proceso desde el inicio, pues haría necesario el uso de auriculares por las partes, impidiendo que la retransmisión del procedimiento fuera cien por cien efectiva para los fines de transparencia perseguidos”.