La Justicia: un actor estratégico en la construcción de la paz en Colombia

Desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro Urrego, la justicia ha tenido un foco de atención en la agenda pública colombiana. Las reformas diferenciales a la justicia que se han propuesto desde el gobierno nacional han enfocado el lente crítico de la oposición que se alimenta de los grandes medios de comunicación. Estas voces claramente tienden a construir un mensaje de “impunidad rampante” y la necesidad de diseñar mecanismos punitivos más drásticos y efectivos. Constantemente se muestra a la opinión pública ejemplos de dispositivos de investigación y juzgamiento de países centroamericanos a primera vista muy efectivos, pero que como ya se ha comprobado, extralimitan sus funciones y violan los marcos legales de derechos humanos y derecho internacional humanitario; pero lo que es cierto es que después de mucho tiempo, de una u otra manera, en la sociedad colombiana se habla de Justicia y esto es un síntoma esperanzador para una democracia que busca respetar la independencia de los poderes.

El nuevo Gobierno presentó una reforma a la justicia[1]que se encuentra en revisión por la Corte Constitucional. La propuesta de reforma tiene tres ejes temáticos encaminados a: i) la Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, ii) Mayor inversión en el sistema judicial, mejorando sus condiciones de infraestructura, cobertura y efectividad. iii) Mayor promoción de los mecanismos de justicia restaurativa y de resolución de conflictos. Estos tres ejes son claramente de una justicia de línea progresista y garante de los derechos humanos, lo que la convierte en un blanco muy fácil de atacar por parte de la oposición y de los grupos políticos de derecha derrotados en las últimas elecciones presidenciales.

Por otra parte, el ministerio de Justicia presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional que crea una jurisdicción agraria y rural[2], un compromiso del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc. La jurisdicción agraria permitirá resolver los conflictos por tenencia, ocupación y uso de las tierras en los diferentes territorios del país. Sin duda, es una iniciativa que permitirá impulsar en forma estructural los acuerdos de paz de la Habana, dará mayores garantías a las víctimas de desplazamiento forzado y a los campesinos, convirtiéndose en un mecanismo jurídico para la materialización de uno de los ejes fundamentales para la construcción de la paz, la tenencia de la tierra.

Gustavo Petro (Foto: RTVE)

Pero no todo el panorama ha sido positivo. Si bien existe un interés especial del Gobierno nacional por fortalecer la justicia, entidades de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación (elegidas desde el gobierno anterior) se han convertido en cajas de resonancia de oposición a las políticas del presidente Petro, especialmente las que conciernen a la paz total. Primero hay que señalar que la búsqueda negociada con los actores parte del conflicto armado colombiano es el camino más efectivo para el actual gobierno, sin embargo, existen condiciones que han dificultado las negociaciones con grupos armados ilegales, principalmente de origen paramilitar. No se cuenta con una voluntad política mayoritaria en el Congreso que impulse el proceso de implementación de la Paz Total, sumado a esto no es clara la voluntad colectiva de estos grupos de buscar una salida negociada y la entrega de las rentas ilegales; esto ha generado muchas incertidumbres frente al proceso, incluso se ha propuesto una discusión de fondo para determinar si estos grupos deben tener el mismo estatus de negociación de grupos subversivos como el ELN.

Más allá de esas discusiones necesarias que debemos darnos como país, aquí el punto importante a analizar es por qué entidades de control tienen una participación política ante la opinión pública. Las incertidumbres y temores de la población (muchas de estas entendibles) se alimentan de las voces oficiales del fiscal general, Francisco Barbosa, quien cuestiona permanentemente las políticas de paz del gobierno nacional. Por su parte la Procuradora General, Margarita Cabello toma decisiones arbitrarias sancionando y suspendiendo a gobernantes elegidos por votación popular, pasando por encima de la legislación colombiana, fallos internacionales y las facultades propias del poder legislativo y ejecutivo. Estos choques de poderes que se han trasladado a discusiones en Twitter (ahora X), que lesionan la imagen de la democracia y le hacen un daño profundo a la confianza que depositó la ciudadanía en el gobierno de Petro.

Por supuesto que en medio de estos pulsos de poderes están inmersas las comunidades de territorios claramente afectados por el conflicto que aún persiste. Las disputas por las rentas ilegales como la minería informal y el narcotráfico se han agudizado en algunas regiones del país como el pacífico colombiano, el Urabá antioqueño y en el nororiente de Colombia. Los enfrentamientos entre los grupos residuales de las FARC, los grupos armados ilegales de corte paramilitar y las bandas criminales locales que buscan surgir, han continuado fenómenos de violencia estructural contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y población civil.

Desde FASOL (Fondo de solidaridad con los jueces colombianos) hemos recorrido en el último año 31 municipios en 4 departamentos, visitamos 83 despachos, dialogando con más de 200 servidores judiciales. En estos diálogos con funcionarios (as) de la justicia, hemos podido determinar que los riesgos se han incrementado y que aún persiste un abandono estatal para la función judicial en poblaciones alejadas con graves problemas de orden público. En el último año hemos registrado 43 casos de violencia contra 24 hombres y 19 mujeres al servicio de la justicia, en donde las amenazas son el principal mecanismo para afectar la justicia. Estas cifras nos genera una alerta acerca de las problemáticas y riesgos a los que están expuestos los jueces y fiscales en los territorios sumergidos en graves problemáticas por presencia de grupos armados, por lo que esperamos que en el contexto actual se involucre a la Justicia como un actor estratégico para la construcción de la paz y el restablecimiento de la confianza en las entidades del estado.

Fasol continuará con su trabajo humanitario en la defensa de los derechos y garantías del ejercicio judicial, atendiendo los casos de riesgos y amenazas contra jueces y fiscales, esperando que la materialización de la paz en los territorios, permita que la justicia tenga un libre ejercicio y que por supuesto no lamentemos más daños y afectaciones a quienes ponen a diario su vida por ejercer justicia en los rincones mas alejados y olvidados del país.

[1] Reforma a la justicia: todo lo que debe saber sobre el proyecto de ley | Cambio Colombia

[2] Jurisdicción Agraria fue aprobado en su séptimo debate en el Senado – Congreso – Política – ELTIEMPO.COM