La ley 1/2025, cuestionada: El catedrático Banacloche pide reformas urgentes y la AEAFA criterios claros para los MASC

La intervención de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y  vocal permanente de la Sección Quinta de la Comisión General de Codificación en estas XXXII Jornadas Centrales de AEAFA ha sido muy crítica con la Ley Orgánica 1/2025, anticipando numerosos problemas prácticos y una gran inseguridad jurídica.

Unos problemas que ya adelantaba Lola López-Muelas, presidenta de AEAFA en una entrevista previa a nuestro medio informativo. Este jurista considera que la ley adolece de graves defectos de técnica legislativa, ha sido aprobada de forma precipitada y no responde a una reflexión profunda sobre sus consecuencias. En relación con los MASC, defiende su no obligatoriedad en los procesos de familia.

Respecto al juicio verbal, Banacloche ha criticado la tendencia a la eliminación de vistas y la primacía del procedimiento escrito. El ponente aboga por una interpretación de la ley que sea lo más razonable posible y anticipa la necesidad de futuras reformas.

Desde su punto de vista, cree que hay que proponer modificaciones urgentes a la ley y aboga por defender la no obligatoriedad de los MASC en los procesos de familia y celebración de vista, basándose en la interpretación de los artículos 4,5 de la LO 1/2025, y 770 de la LEC.

Sobre la ponencia de Julo Banacloche, y el debate abierto sobre si es necesario de incorporar los MASC a la mayor parte de los procedimientos de familia, se ha centrado el FORO de AEAFA, donde los abogados asistentes a esta jornada han podido preguntar sus dudas está sábado sobre dicho requisito de procedibilidad y su implementación.

Este debate ha sido moderado por el magistrado Antonio Javier Pérez magistrado del juzgado de primera instancia número siete de Córdoba que interpeló a otros magistrados como Emelina Santana, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y Xavier Pereda, presidente de la sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona que han dado su opinión sobre la reforma. Que las medidas provisionales previas deban ir a los MASC genera preocupación en los propios abogados que creen que la ley es errónea al defender ahí derivar a los MASC.

Es una norma confusa

Cristina Moyano, abogada especialista en Derecho de Familia. Es Vocal de la Junta Directiva de la SCAF (Societat Catalana d’Advocats de familia, conversa en un receso de las ponencias con Álvaro Iraizoz, abogado especialista en estos temas y secretario general de la AEAFA, “hay un debate sobre si a las medidas provisionales previas debe pasar por el requisito de procedibilidad de los MASC. Quedan dos semanas para la entrada en vigor de la norma y vemos un panorama complicado. Va a haber un volumen elevado de demandas que se plantean para eludir dicho requisito antes del próximo día 3 de abril”.

Lola López-Muelas, presidenta de AEAFA, dando la bienvenida a los asistentes. En la mesa presidencial Esther Erice, vocal del CGPJ y José Soriano, decano del ICAV en la inauguración que luego intervendrían. (Imagen: AEAFA)

A su juicio, “no es una ley consensuada con la abogacía de familia. Es posible que tenga que reformarse como ha apuntado Banacloche. Sabemos que la entrada en vigor de los MASC va a suponer que se retrase al menos la solución a la demanda tres meses más. No es fácil explicarles a los clientes lo que va a suceder, porque ya saben que nosotros ya mediamos en estos temas. No creo que era necesario obligarnos a los abogados de familia a utilizar el uso de los MASC, cuando ya lo hacemos. Luego habrá que ver si los lajs encargados de la revisión de los acuerdos o negociaciones que les lleguen, cómo lo gestionan y la propia decisión de los jueces al respecto”.

Por su parte, Álvaro Iraizoz, refleja el sentir de AEAFA en sus manifestaciones que ha hecho a medios como Economist & Jurist: “los criterios orientativos de los jueces de Madrid y de los lajs de Barcelona son bienvenidos ante el clima de incertidumbre que tenemos “pero no resuelven el problema de fondo. Los jueces de Madrid apuestan por incorporarlos incluso a las medidas provisionales previas. Ahí nosotros disentimos claramente. La ley habla de se podrán aplicar los MASC no es imperativo realmente. Necesitamos criterios claros y uniformes que den seguridad jurídica”.

Sin embargo, el debate está abierto. La intervención de Julio Banaclocha cerrando la jornada de viernes reclamando una reforma urgente de la norma es algo que en AEAFA se piensa también: “aún no sabemos lo que piensan los jueces de otras jurisdicciones. Hay que darse cuenta que la ley no es nada clara y deja abierta a distintas interpretaciones sobre los MASC en los procesos de familia. Si urge regular una situación familiar, no se entiende que se quieran incorporar a los MASC determinados asuntos. No tiene demasiado sentido y puede ser una fuente de problemas”.

Jueces que apuestan por la ley 1/2025

Por su parte, Pascual Ortuño, magistrado jubilado, exdirector de la Escuela Judicial y uno de los grandes expertos en mediación de España, se queja de que haya hecho una ponencia tan destructiva: “de una ley tan extensa no ha dicho ninguna cosa positiva. Es una opinión legítima, pero hay muchas formas de afrontar una reforma legal. No creo que sea necesario que se impulse una reforma urgente integral de la ley 1/2025. Lo que sí hace falta es una planificación para que se vayan introduciendo todos los cambios de esta norma que cambia el modelo de justicia. Siempre que se plantea un cambio, hay una resistencia al mismo”.

A su juicio, la ley 1/2025, “lo principal que plantea es una forma de ayudar a la ciudadanía y sobre todo de soslayar este problema tan enorme que se están fijando medidas provisionales para dentro de dos años. A medida que se vayan implementando los MASC, los jueces irán consolidando sus criterios. Cuando en Cataluña se impuso el Plan de Parentalidad, incluso los jueces de primera instancia de familia decidieron no hacer caso de la ley. Hasta que no llegó la Audiencia Provincial dos años después no se tuvieron los primeros casos. Creo que necesitamos tiempo para ver su implementación”.

Cristina Moyano, secretaria general SCAF, y Álvaro Iraizoz, secretario general de AEAFA, coinciden en la problemática de los MASC en su implementación. (Imagen: E&j)

Juan Pablo González es magistrado juez del juzgado 24 de Madrid y uno de los firmantes del acuerdo de los jueces de Madrid capital sobre los lajs. No es partidario de una reforma global como la que apunta Banacloche: “vemos la reforma con esperanza para los temas de familia, infancia y capacidad. Es una reforma muy profunda y trascendente en la planta judicial y distribución de competencias. La aplicación práctica dará lugar a múltiples problemas. De hecho, se crean órganos especializados dentro de los tribunales de instancia para que conozcan de estas materias. Habrá que ver si logramos que se especialicen los operadores jurídicos en familia y una mejor calidad en las resoluciones”.

En su opinión, “los problemas tienen que ver con cuestiones interpretativas relacionados con asuntos sustantivos y procesales, como es el caso del requisito de procedibilidad de acudir a los MASC, antes de acudir a la demanda. Esta iniciativa está generando mucha polémica al no haber una cultura de la mediación y negociación en nuestro país tanto en los operadores jurídicos como en los propios ciudadanos. En los procesos de familia se plantea como requisito previo a todos los asuntos, salvo a aquellos que tienen que ver con las medidas cautelares del artículo 158 de la ley de Enjuiciamiento Civil. Eso generará problemas de aplicación de la ley”.

Sobre el acuerdo de Madrid, subraya que “los jueces de Madrid, los criterios que hemos aprobado por mayoría nos inclinamos porque es necesario ese requisito previo de procedibilidad en las medidas provisionales previas. Nosotros creemos que para resolver el problema de la urgencia de un posible daño en temas de menores están las medidas del artículo 158, esa es una aplicación que no debería dar lugar a problemas. La propia ley busca que en la mayor parte de temas de familia se pueda llegar a acuerdos, incluso en temas de menores, siempre y cuando los ratifique el control judicial posterior que pretende salvaguardar el interés superior del menor”.

No se ha consultado a la abogacía de familia

Para José Gabriel Ortolá, abogado de AEAFA con despacho propio en Valencia, destaca que “la recta final a este cambio de modelo en la justicia, donde se hablan de los MASC lo afrontamos con preocupación. En los despachos lo que estamos haciendo es dinamizar todo lo que tenemos en el horno para que salga cuanto antes. Se trata de evitar que tengamos que afrontar un nuevo obstáculo para evitar tener justicia en unos plazos adecuados. Si ahora nos encontramos con procedimientos de divorcio de hace dos años, a esto habrá que incrementar el plazo que suponga cumplimentar el requisito de procedibilidad”.

Con este nuevo procedimiento, Ortola subraya que se ignora algo fundamental que la mayor parte de la abogacía de familia previamente a acudir a la vía judicial e interponer una demanda contenciosa ya ha agotado las vías de la negociación previa a ello. Es el problema de no haber consultado a la abogacía de familia.  Me parece un error que en este país no se cuide a los operadores jurídicos involucrados en la materia. Un año después, la jurisdicción de familia sigue en una inercia negativa, tanto en la respuesta judicial como en el propio legislador que no trata las reformas legislativas con los operadores de familia”.

Jose Luis Seoane, magistrado del Supremo, repasó la jurisprudencia de la ley 8/2021 a los tres años de su implantación. (Imagen: AEAFA)

María Dolores Lozano, fue hasta el año pasado presidenta de AEAFA, “las leyes de este calado deben contar siempre con una memoria económica y un presupuesto para que sea viable. En cuanto a las medidas previas antes de acudir a la demanda, tenemos una serie de criterios como los de los jueces de Madrid partidarios que se vaya a los MASC, que no coinciden en este asunto, en relación a los criterios de los lajs de Barcelona. Creo que lo que apuntó el profesor Banacloche es coherente. No hay medios humanos, ni plataforma dentro de la administracion de justicia. No hay suficientes mediadores e iremos a colapso”.

En su opinión, “es previsible que vayamos a un aumento sustancial de los procedimientos de familia en la jurisdicción penal a través de los procesos de violencia contra la mujer que no exigen requisito de procedibilidad. La reforma se quiere aplicar sin la preparación suficiente. Además, se está lanzado un mensaje equivocado, cuando la problemática es diferente. Desde el punto de vista del derecho internacional privado, cuando un elemento internacional en un proceso de familia, donde Estados son competentes para conocer del asunto es posible que con el requisito de procedibilidad ese asunto se derive al otro estado competente”.

Una reforma que puede dilatar los asuntos

Paloma Zabalgo, presidenta de la sección d familia y sucesiones del ICAM, clausuraba estas XXXII Jornadas Centrales pidiendo que se creen una mesa de trabajo donde jueces y abogados de familia mejoren la ley 1/2023 y la procedibilidad del MASC “los abogados ya venimos utilizando los MASC en los últimos años sin ninguna obligatoriedad como la que marca esta ley 1/2025. Hay mucha discrepancia sobre si las medidas provisionales deben pasar antes por este requisito de procedibilidad. En Madrid se ha dicho que sí proceden los MASC. Habrá que ver cómo se soluciona este debate. Por el momento, parece que tendremos que acudir a procedimientos urgentes en asuntos importantes donde no podemos permitirnos ir estos métodos extrajudiciales”.

A su juicio, “la reforma, nos puede suponer ahora un retraso en la resolución de los procedimientos, pero igual es una forma de alcanzar acuerdos. En familia, el 80% de los procedimientos pueden llegar a negociarse, o bien entre abogados, o con una mediación e incluso con la ayuda de los jueces. Los abogados de familia estamos acostumbrados, ahora de lo que se trata es de formalizar mejor este tipo de acuerdos a este tipo de asuntos. El problema que se ve es la improvisación a la hora de resolver estos asuntos. No se sabe cómo se articula este servicio en los juzgados y quién paga a los propios mediadores o terceros que colaboren”.

Aspecto del salón de actos del Hotel Melía Castilla. Otro lleno habitual. las jornadas acogieron  más de 600 juristas de toda España que acudieron a estos debates. (Imagen: AEAFA)

Carmen Varela advierte de la preocupación que hay en la abogacía de familia ante la entrada en vigor de los MASC “el requisito de procedibilidad de los MASC no me preocupe, lo que preocupa es la organización judicial. Cambia toda la organización y nadie sabe nada. La ponencia de Banacloche ha sido acertada y valiente.  Los propios jueces no tienen refuerzos y creo que va a ser un caos. En mi opinión, es la ley de deficiencia procesal. Todos los abogados estamos presentando demandas antes del 3 de abril y es posible que se genere un colapso en los juzgados sobre estas cuestiones”.

En cuanto a los criterios que se han conocido de los jueces de Madrid capital y los de los lajs de Barcelona: “no creo que resuelvan mucho en la práctica. Hay algún criterio que no comparto, en derecho de familia tenemos las medidas previas que son para casos urgentes, y también esos criterios hablan de acudir a los MASC En eso no estamos de acuerdo. Ese es un problema, porque si interpones medidas previas es por caso de urgencia. Estamos preocupados.  Nadie sabe cómo se va a aplicar, dónde habrá que interponer las demandas y hablamos de diez días. Esto es realmente tremendo”.