La ley de amnistía plantea un dilema ético a la hora de aplicar las leyes de manera desigual

La previsible aprobación de una ley de amnistía en el contexto del ‘Procés’ de Cataluña plantea importantes cuestiones éticas relacionadas con la Justicia, el Estado de Derecho, la impunidad, la polarización social y la confianza en las instituciones democráticas.

Conceder ese perdón plantea la siguiente pregunta: ¿Es ética la ley de amnistía? Para determinar si la amnistía cumple con los criterios morales o, por el contrario, supondría la vulneración los principios que rigen en país democrático como es España, Economist & Jurist ha celebrado una Mesa Redonda sobre la amnistía en la que han participado el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI); Edmundo Bal, abogado del Estado; y el fiscal Antonio Roma, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF).

La amnistía no sería justa éticamente

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, Fernando Portillo, considera una amnistía sólo podría ser justa y ética si se concede en una situación “verdaderamente excepcional, como fue la que hubo en España en 1977 que se quería transitar de una dictadura a una democracia. En ese caso, además de ser otra situación totalmente distinta, la amnistía fue apoyada por “una mayoría social evidente”.

A su juicio, no se cumplen los requisitos para entender que se trata de una amnistía ética, justa o equitativa, ya que no hay una situación excepcional “porque la formación de un gobierno nunca va a ser una situación excepcional en democracia, sino que formar gobierno es lo normal”.

Pero para Portillo lo más importante es que “no hay una reparación del daño ni un reconocimiento de los hechos. Más bien al contrario, nos encontramos a un partido socialista que está asumiendo el discurso independentista, en vez de ser los independentistas quienes asuman el discurso constitucionalista”.

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) y magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla. (Imagen: Fernando Portillo)

Por su parte, el abogado del Estado Edmundo Bal considera que en este punto, el debate ha de centrarse en la legitimidad formal y la legitimidad material de la ley; y que la ley de amnistía no puede ser percibida ni como ética ni como progresista por cuanto que vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

“Si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia diciendo que la ley de amnistía es constitucional, no por ello convertirá esa ley en justa. No convertirá el perdón en justo porque no puede ser justo privilegiar a una serie de personas sólo porque en su día cometieron una serie de delitos con una finalidad política”, afirma Bal.

Este abogado del Estado ha propuesto que la realización de un referéndum nacional como herramienta para testar el consenso social hacia la aprobación de la ley de la amnistía: “Que se pregunte a la ciudadanía sobre si estamos o no de acuerdo en la amnistía de los políticos catalanes. Que se pregunte a todos los españoles a través de un referéndum si quieren fundamentar una ley de amnistía en el interés general y en el consenso de los que piensas de distinta manera”.

Y es que Edmundo Bal recrimina al Partido Socialista que no incluyera en su programa político de las últimas elecciones la intención de aprobar una ley de amnistía, ya que considera que la inclusión de esta intención en el programa político del PSOE era más que necesaria para que la gente hubiera votado en función de este elemento. A su juicio, lo que “no puede ser que el presidente del Gobierno días antes del 23 de julio dijera que la amnistía era inconstitucional para decir el 24 de julio que la amnistía se la estaban pensado, y hoy decir que es plenamente constitucional”.

Edmundo Bal, político, abogado del Estado y presidente de Nexo Plataforma. (Imagen: Edmundo Bal)

El fiscal Antonio Roma ha enfocado el debate desde un plano internacional, asegurando que cuando la Organización de Naciones Unidas en su convenio de corrupción habla del funcionamiento de la amnistía en los casos de reconciliación cuando existe un caso de corrupción, establece unos requisitos mínimos muy difíciles de tasar, pensados para países muy lejanos cultural y jurídicamente a España.

“Exige que se trate de una corrupción masiva y a pequeña escala y que se devuelva el dinero, poco parecido a lo que tenemos en la amnistía española cuando se nos habla del perdón de la malversación”. Y lo mismo sucede con el terrorismo, asegura Roma, “las Naciones Unidas exigen que para amnistiar determinadas acciones de terrorismo exista una petición de perdón por parte de quienes se quieren reconciliar en la sociedad. Nada de esto ocurre aquí”.

Respecto al estándar nacional, el fiscal asegura que debería preocuparnos la situación de desigualdad en la aplicación de la ley, y formula la siguiente pregunta: “¿Es que una finalidad determina una desigualdad en la aplicación de la ley?”.

El fiscal Antonio Roma, miembro de la ejecutiva de Asociación de Fiscales (AF). (Imagen: Antonio Roma)