La ley de amnistía podría traer consigo la retirada de los fondos europeos

La previsible aprobación del Proyecto de Ley de amnistía el próximo jueves en el Congreso puede hacer realidad la concesión del perdón a los acusados en el ‘Procés’, pero más allá del beneficio que obtendría el Gobierno al contar con el apoyo de sus socios de Junts, la concesión de la amnistía tendría un impacto social, tanto dentro de España como fuera de las fronteras.

Desde que se conoció la intención del Gobierno de aprobar dicha norma, se ha generado un intenso debate público en España. Por un lado, hay políticos, como los miembros del Ejecutivo, quienes creen que se trata de una medida para avanzar y dejar atrás conflictos pasados, sin embargo, estas alegaciones han sido debatidas por muchas otras instituciones, principalmente jurídicas, conformadas por jueces, magistrados, fiscales, abogados, etc., pero también por políticos que defienden que la amnistía supondría el quebrantamiento del Estado de Derecho en nuestro país.

En este contexto Economist & Jurist ha celebrado una Mesa Redonda sobre la amnistía en la que han participado el fiscal Antonio Roma, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF); Edmundo Bal, abogado del Estado; y el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI).

La amnistía abre una ventana peligrosa

Los ponentes afirman que la aprobación de este Proyecto Ley tendrá un importante impacto social, ya que podría percibirse por parte de la ciudadanía española como una forma de injusticia, especialmente por aquellos que han sido víctimas de crímenes o abusos en el pasado. Y al mismo tiempo abriría una ventana peligrosa para que en el futuro, cualquier persona o grupo político que sea de interés para poder formar gobierno solicite la aprobación de una medida legal que suponga el perdón de sus delitos.

El abogado del Estado, Edmundo Bal, durante su intervención ha asegurado que la ley de amnistía va a conseguir el dolor de la mayoría de los españoles: “La gente no olvida y no les va a parecer bien que mientras el resto cumple diariamente con sus obligaciones legales y tributarias otros se vayan de rositas”.

Bal también ha expuesto su preocupación por esta ley de cara a la Comisión Europea y a la posible retirada de los fondos europeos como consecuencia de que se apruebe la amnistía: “España depende de los fondos europeos, por eso creo que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno”.

El fiscal Antonio Roma ha aprovechado su intervención para hacer una reflexión generalizada: “¿Cuáles son los límites hacia el futuro?”. Enlazando con lo expuesto por el abogado del Estado respecto a la retirada de los fondos europeos por parte de la Comisión como castigo si se aprobara la ley de amnistía, Roma apoya esta posible consecuencia y pone el ejemplo de Hungría, país al que ya se le quitaron los fondos por inmiscuirse en el poder judicial. “La responsabilidad internacional es un punto que hay que poner encima de la mesa”, afirma este fiscal.

Por su parte, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, Fernando Portillo, considera que “se está mandando un lamentable mensaje a la ciudadanía de que los poderosos juegan con otras reglas y que están por encima de las normas y de los jueces que las aplican”.

Respecto a quienes apoyan que la amnistía será una medida para avanzar como sociedad, Portillo afirma que “nunca degradar y mal usar las instituciones democráticas va a suponer una mejora de nuestro sistema, sino todo lo contrario, lo que va a producir es un deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.