La Ley de Medios que plantea el Gobierno pretende definir qué medios informativos se consideran como tales y cuáles desinforman

Libertad de expresión, derecho a recibir información; el reto que hoy supone la desinformación y los llamados bulos fueron abordados este miércoles en un webinar moderado por Safira Cantos, directora general de Fundación Hay Derecho, en vísperas de conocer las medidas del Gobierno en su lucha contra la desinformación y los bulos, que conoceremos la semana que viene.

Los expertos mostraron su preocupación ante la noticia de que el Gobierno pueda definir lo que es o no un medio de comunicación y apuestan por la autorregulación. Así lo comentaron Borja Adsuara, profesor y abogado, uno de los padres de la Carta de Derechos Digitales; Carlos Hernández-Echevarría, subdirector de políticas electorales de Maldita.es; e Isabel Fernández, profesora en CCII en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora durante un tiempo de un grupo de publicidad institucional.

Para Borja Adsuara, “el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación es de aplicación directa, no necesita ninguna ley de trasposición, pese a lo que ha dicho el presidente del Gobierno. La razón de este reglamento es intentar evitar que en Hungría se dominen los medios informativos, de forma directa o indirecta, para lo cual se exige una transparencia en la financiación y titularidad de estos medios de comunicación, porque a través de sociedades interpuestas se puede dominar a los medios informativos”.

Los expertos están preocupados ante el afán del Gobierno de decidir quién es o no un medio informativo. (Imagen: Wikipedia)

Desde su punto de vista, “este es un tema que afecta a la libertad de los medios de comunicación y al pluralismo informativo, que es tan importante, pese a que no se hable de él, como la libertad informativa. Estas cuestiones llevan reguladas tanto tiempo en Europa, España, como la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (EE. UU.). La libertad de expresión es una de las bases de nuestro sistema democrático. Ello implica libertad de información y libertad de opinión, que son cosas distintas. La primera implica el derecho y el deber a información veraz, pero no así la opinión, porque ahí cada uno tiene la suya”.

En este contexto, “las opiniones pueden no ser veraces, pero deben diferenciarse bien de la información, cuestión que viene mezclada en los medios informativos por su línea editorial y se presentan como hechos, cuestiones que son interpretaciones u opiniones sobre los hechos. Estos hechos deben ser objetivos y contrastables, mientras que las opiniones son diferentes. El problema es que muchos nos quieren hacer convencer de que su opinión es la realidad. En estos momentos está en juego la libertad de expresión, tenemos derecho a la información veraz, no solo de los medios de comunicación”.

Así, recuerda que en el artículo 20 de la Constitución está la libertad de expresión como un derecho fundamental individual. Luego de ahí se deriva que los individuos podemos crear medios de comunicación y también existe la libertad de los medios de comunicación, pero es un derecho fundamental individual. En este entorno, el Estado debe garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cuando alguien se erige en intérprete de la verdad absoluta y en decidir qué es verdad y qué no lo es, es peligroso, sobre todo cuando lo hace el Gobierno. Desde esa perspectiva, este o cualquier Gobierno dirá que cualquier información crítica a su gestión es molesta. En este contexto hay que tener cuidado con qué leyes aprobamos.

Borja Adsuara advierte que cualquier Gobierno tiende a censurar informaciones críticas sobre su gestión. (Imagen: Cesión propia)

Adsuara es partidario “de no dejar en manos de ningún Gobierno este tipo de armas que cercenan este derecho del individuo a la libertad de información y a la libertad de expresión».

Para Carlos Hernández-Echevarría, comentó el papel de los poderes públicos en la desinformación: “Tienen un papel regulatorio importante, pero lo primero que deben hacer es no generar esa desinformación ellos mismos. Coincido con Borja en que se ha hecho una interpretación malintencionada de este reglamento europeo, porque realmente es una ley europea de libertad de los medios. El peor escenario sería que el Gobierno viniera con una lista y definiera lo que es o no un medio informativo. Lo ideal sería ir hacia la autorregulación informativa en nuestro país como sucede en otras jurisdicciones».

En su opinión, “no se trata de códigos éticos que todo el mundo firma y se dejan en un cajón, sino que, cuando se ha publicado desinformación y no se ha corregido, haya ciertas consecuencias para ese medio informativo. Lo peor es la confusión que se está generando ahora porque el Gobierno quiere definir quién es un medio de comunicación. Cualquier gobierno se mantiene en una línea delgada entre la desinformación y aquella información que molesta porque es crítica. Al final, hay que establecer unos criterios que diferencien al medio informativo del que no lo es, porque hay webs que publican hechos que son falsos y esto es grave”.

Desde su punto de vista, en este debate generado por el propio presidente del Gobierno, lo positivo es que es posible que se haga un experimento serio de autorregulación en nuestro país con cierta perspectiva. En este contexto, hay que darse cuenta de que los derechos constitucionales a la libertad de expresión implican a todo el mundo, no solo a los medios informativos. Si se trabaja a nivel de autorregulación, la sociedad puede encontrar maneras de proteger el sector crítico que son estos medios de comunicación. Me preocupa que vayamos a una regulación dura y una ley de medios. Los poderes públicos no pueden decretar lo que es un medio de comunicación”.

Carlos Hernández-Echevarría apunta a que la desinformación también la puede generar cualquier Gobierno. (Imagen: Maldita.es)

A su juicio, una lucha más eficaz sobre la desinformación “en la medida de lo posible para un verificador como soy yo, es no borrar esa desinformación. Se puede crear un etiquetado donde se contraste esa información con la real, pero mejor no borrar porque borrar genera más desinformación. Al final, el debate sobre el borrado y la censura es absurdo».

Una normativa europea genérica

Por su parte, Isabel Fernández comentó que “este Reglamento de Medios es de aplicación directa, pero muy genérico. Lo que sorprende es que ahora se plantee que la publicidad institucional sea transparente. No hace falta desarrollar ninguna normativa europea para desarrollar políticas públicas transparentes en materia de publicidad institucional. Ya se venía reclamando desde hace tiempo porque tenemos una legislación manifiestamente mejorable. De hecho, se podría hacer una ley estatal en materia de transparencia en este tipo de asuntos. Ahora mismo hay un desorden importante y no hay coordinación entre gobiernos autonómicos.

En su opinión, “estamos expectantes por conocer la propuesta que presentará el presidente del Gobierno en los próximos días. Habrá que ver cómo se pretende limitar el volumen de ingresos públicos de los medios informativos. Ese volumen de fondos es enorme. Hay publicidad y subvenciones de fondos públicos de diverso calado y no será fácil la gestión de la misma. En un análisis del trabajo de estos dos últimos gobiernos a nivel de publicidad institucional, las pautas han sido las mismas. Hay información genérica, pero no se sabe cómo revierte esa publicidad en las cuentas de los medios. Y si se pide por el Portal de Transparencia, cada ministerio contesta de forma diferente”.

Esta experta recuerda que se ha preguntado al Gobierno en el Parlamento por este tema, pero no ha dado la información adecuada. No se ha contestado. No hay información sobre las cantidades que se transfieren ni tampoco sobre los criterios de planificación de esas campañas. Esa información debería estar accesible de una manera tratable y eso no se puede hacer de un día para otro. La publicidad institucional no debería ser una forma de financiación de los medios, sino una manera de llevar mensajes de interés general a la ciudadanía y la planificación debería obedecer a eso”.

Al mismo tiempo, recordó que estos mecanismos de financiación pública han sido habitualmente las subvenciones “que son complejas y abren otro debate sobre si deben existir o no para evitar que se capturen los medios desde el poder. Desde aquí hay que reflexionar si la publicidad institucional debe ser una forma de financiar a los medios informativos”.

Por su parte, Hernández-Echevarría afirmó que “la propuesta del Gobierno tiene que ver con los ingresos públicos que puede tener un medio de comunicación. La idea de este Reglamento de Medios es proteger los medios informativos de otros ubicados en China y EE. UU. Pero lo primero que hay que hacer en países como el nuestro es definir quiénes son los medios de comunicación, pero debe hacerse desde la autorregulación, que hasta ahora no ha habido voluntad de hacerlo”.

Isabel Fernández señala que es complejo gestionar la publicidad institucional y los medios informativos de titularidad pública. (Imagen: Cesión propia)

La desinformación ya está regulada

A nivel de desinformación, Adsuara comentó que ya se había regulado en la Ley Orgánica de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen, que desarrolla el derecho fundamental a la libertad de expresión de la Constitución, el concepto de desinformación que puede vulnerar este derecho a la intimidad, honor o propia imagen de terceros. Al final, se sancionan esas mentiras que generan un daño a un tercero. Luego tuvimos el Código Penal y, aparte de las injurias y calumnias individuales, están los delitos de odio o contra el orden público. Y al mismo tiempo, tenemos la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación de 1984. Todas estas normas regulan los límites de la libertad de información y expresión.

Para este jurista, “también tenemos leyes europeas. Junto con el Reglamento de Servicios Digitales, está la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se traspuso en marcha con la Ley General de Comunicación Audiovisual, que desde hace dos años afecta a todos los contenidos audiovisuales, incluidos los influencers, que se acaban de regular también. Al mismo tiempo, es aplicable la Ley de Transparencia, que obliga al Gobierno y Administraciones, entre otras cosas, a dar los datos de esas subvenciones a los medios informativos. El problema es que esta normativa no tiene régimen sancionador”.

En cuanto al Reglamento de Servicios Digitales, indicó que “está previsto en esta norma y en la Ley de Comunicación Audiovisual impulsar los mecanismos de autorregulación, donde hay un organismo administrativo independiente y otro de resolución extrajudicial de conflictos, como es el caso de Autocontrol de la Publicidad, que podría trasladar su experiencia al de los medios de comunicación. Esto es factible hacerlo, pero no debería imponerlo ningún Gobierno, como Pedro Sánchez ha dejado caer en sus últimas declaraciones sobre este tema. Con este reglamento, si las plataformas no borran esos contenidos tendenciosos, pueden sufrir multas de hasta el 6% de la facturación anual”.

En cuanto a los medios de titularidad pública, Isabel Fernández subrayó que “este es uno de los problemas que señala el Reglamento Europeo por la independencia de los medios y la financiación. El problema es grave desde el gobierno de Rajoy hasta ahora, porque se pueden nombrar los cargos de dirección de estos medios de gestión pública, lo que menoscaba su independencia. Es el caso de RTVE, donde hay un bloqueo y es difícil renovar su Consejo de Administración, o el RTV Madrid, entre otros entes públicos. Eso hace que se controlen desde el poder los medios informativos”.