La ministra Saiz anuncia la necesidad de una reforma legislativa para resolver la situación de abogados y procuradores mutualistas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quiso lanzar este jueves en su intervención en el Consejo General de Economistas (CGE) un mensaje de confianza ante el crecimiento de la economía española, el 2,5% en el pasado año, y la viabilidad el sistema de pensiones, así como sobre el futuro de los miles de abogados y procuradores mutualistas que quieren saltar al RETA.

Saiz comentó que el crecimiento está acompañado por un dinamismo del mercado de trabajo con datos de afiliación de 21,4 millones de trabajadores. Las previsiones para este año según FMI, CE y a AIReF, es que este 2024 será un año bueno para la economía y el empleo en nuestro país.

Sobre la reforma de pensiones recordó que se hizo con Europa ofreciendo certidumbre y solvencia de cara al futuro. Para la ministra, el sistema es sostenible y aportó varios datos al mismo.

Recordó que en los primeros cinco meses del año se habían gastado 48.772 millones de euros en gasto en pensiones contributivas. Por otro lado, los ingresos de cotizaciones de ocupados, sin incluir las cotizaciones que están en desempleo suben a 50.960 millones de euros.

En cuanto a las pensiones no contributivas recordó que la recomendación primera del Pacto de Toledo hablaba de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y la búsqueda del equilibrio financiero.

Entre los asistentes a esta comparecencia de la ministra, algunos abogados del Movimiento J2, como es el caso de Miguel Ruiz, abogado del ICAM, preguntó a la ministra si en ese proyecto colectivo inclusivo tenía cabida los abogados afectados por la actividad de la Mutualidad de la Abogacía. La ministra indicó que era una situación sobrevenida en el Ministerio: “Hemos trabajado en una solución que tendrá que ser validada en las Cortes Generales”.

La ministra no ha concretado los plazos que llevarán a la activación de esta pasarela, aunque ha asegurado que se encuentra en tramitación, por lo que ahora su aprobación y activación dependerá de lo que se dilate su tramitación en las cámaras. “Se plantean soluciones para diferentes franjas de años y qué trabajar para que haya una cotización en el régimen de los trabajos autónomos».

La idea de Seguridad Social es que ese paso al RETA sea restringido, la ministra de Seguridad Social propone obligar a los futuros profesionales a cotizar por el régimen de autónomos desde 2027. Quedarían al margen los que tengan pluriactividad, como los médicos. Solo los mutualistas anteriores a 2005 que sean vulnerables podrán trasvasar lo que hayan capitalizado a la Seguridad Social.

Mesa inaugural de la sesión de líderes del CGE. De izquierda a derecha: Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE); Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Amelia Pérez Zabaleta, vicepresidenta del CGE. (Imagen: Consejo General de Economistas)

El tercer pilar de la propuesta de Saiz podría estar en avanzar en «la equiparación» de las aportaciones a las mutualidades con respecto a las cotizaciones del RETA —que oscilan entre los 225 y los 1.477 euros en base al nivel de ingresos y a la base de cotización mínima o máxima elegida en el tramo correspondiente—. Esto implica que los profesionales vayan incrementando «progresivamente el importe» de la cuota que paguen, «desde el 80% actual al 100% de la base mínima de la escala general» del RETA.

Es previsible que después del verano se conozca el alcance real de la propuesta.

El Movimiento J2 ha buscado una reunión con Saiz sin éxito, para poder aportar su punto de vista sobre la reforma que se avecina. Por lo que han manifestado en distintas comparecencias es partidario, como indicó uno de sus portavoces, Ángel López, del paso de todos los afectados al RETA.

Al mismo tiempo está a la espera de que se haga público el informe que el ICAM encargó a María Emilia Casas, catedrática del Trabajo y Seguridad Social y expresidente del Constitucional, sobre el paso de los abogados al RETA, que se conocerá en los próximos días; y anuncian otra manifestación masiva en Madrid el próximo 28 de septiembre en Madrid.

Reforma de pensiones

Sobre dicha reforma comento que viene del intercambio con las autoridades europeas y valoran sus elementos centrales reforzando su credibilidad y su sostenibilidad. En este contexto la reforma blinda la revalorización de las pensiones presentes y futuras al tiempo que garantiza la sostenibilidad del sistema a través del reforzamiento de los recursos, por tanto evitando cualquier tipo de recorte.

Es una reforma basada desde el refuerzo de los ingresos, de la solidaridad y de la equidad. Los ingresos de rentas más altas se incorporan con dos mecanismos progresivos, como son el aumento máximo de las bases de cotización y establecer una cuota de solidaridad que ayude a contribuir el sistema.

Esta cuestión lo que hará es “mejorar el nivel de suficiencia de las personas mínimas para que en el corto plazo alcancen el 60% de la renta mediana y sustituir el anterior factor de sostenibilidad por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional conocido como MEI que beneficia a los jóvenes y nos está permitiendo volver a nutrir la llamada hucha de las pensiones con más de 7.300 millones de euros a día de hoy. Gracias al MEI acabaremos este año con unos 9.000 millones en el fondo de reserva y serán 25.000 millones cuando concluya la presente legislatura”.

Para Saiz la reforma de las pensiones consensuada con Europa garantiza la sostenibilidad del sistema y que las pensiones se actualicen por vía ingresos. (Imagen: Consejo General de Economistas)

La ministra hizo alusión al artículo 127 bis de la Ley de la Seguridad Social, donde se habla del papel finalista del MEI “hay que estar preparado para el 2032 que será el año de la jubilación masiva de la llamada generación baby boom. Con el gobierno de Mariano Rajoy ese fondo de pensiones de 70.000 millones de euros se gastó en su integridad.

Sobre el MEI comento que pasará “de los 0,6 puntos porcentuales a 1,2 puntos porcentuales en el 2029. Se trata de reforzar el sistema que se tensionara ante las próximas jubilaciones masivas. Una persona de 25 años que se jubile en 20262 recibirá 20.000 euros más con esta reforma. Otra de 60 años que se jubila en 2027 incrementará sus ingresos en 5.300 euros con esta reforma.

Saiz recordó que esta reforma ya en marcha “moderniza nuestro sistema de pensiones, el modelo dual del cálculo de la base reguladora, permite sin penalizar a nadie mejorar las pensiones de los trabajadores con lagunas de su cotización y reducir la brecha de género existente que ahora perjudica a las mujeres”.

En cuanto a las medidas principales de esta reforma que se irán desplegando progresivamente, Saiz recordó que “en cuando a la adecuación de cómputo para los próximos veinte años se establecerá un régimen dual; que permitirá elegir entre las más beneficiosas de estas posibilidades, los 29 años de carrera, descartando los 24 meses peores y el periodo de cómputo actual de 25 últimos años. La primera opción se desplegará desde el 2026 y esto ayudara a trabajadores con carreras irregulares profesionales”.

Esta reforma incluye una regla semiautomática que evita que no se produzcan desviaciones en la cuenta del sistema “Se trata de revisar a los diez años de entrada del MEI, revisar las cifras de ingresos y gastos para poder corregir esas desviaciones. Es una cláusula de seguridad. La novedad es que las revisiones se harán cada tres años por si hay que hacer alguna corrección sea antes y de menor calado. Esa medida facilita al gobierno a tomar la medida adecuada consultando con la AIReF, el Pacto de Toledo y los agentes sociales”.

Desde su punto de vista “la reforma que se plantea es vía ingresos y no por los recortes de las prestaciones. Eso hace que las pensiones se actualicen con la inflación, de tal forma que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, igualándonos con otros países europeos que recaudan más que nuestro país”.

La ministra justificó la subida de las cotizaciones máximas de trabajadores porque “España tiene costes laborales más bajos que su entorno. Se mantiene aún bajo a otros países pese a la incorporación de esas medidas. Al mismo tiempo recordó que el marcado laboral con 21.4 millones de cotizantes está haciendo crecer los ingresos por cotizaciones a ritmo elevado, el 8% en el 2023 que ha supuesto el 10% del PIB.

la Ministra Sáiz ha intervenido en varias comisiones del Congreso para explicar la reforma de las pensiones (Imagen: Congreso Diputados)

Dualidad de financiación

Sobre las pensiones, la ministra comentó que quieren culminar ese proceso para homologar al sistema español con Alemania o Francia, donde se financia hasta un tercio del gasto en pensiones mediante el traspaso de impuestos. En la actualidad la partida que financia el Gobierno es sobre los 19.000 millones de euros.

«Avanzamos hacia una progresiva homologación con los sistemas del entorno», ha explicado, en referencia a Francia y Alemania. «Nuestra intención es culminar este proceso con la separación de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema y alcanzar ese equilibrio», ha explicado.

Varios expertos consultados calculan que los créditos a coste cero concedidos por el Tesoro ya financian algo más del 20% del desembolso anual en pensiones. La separación de fuentes de financiación es una de las máximas que defiende el Pacto de Toledo, la comisión permanente del Congreso de los Diputados representada por todos los grupos políticos.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mostró  su interés en resolver este asunto que afecta a más de 80.000 abogados y procuradores en estos momentos. (Imagen: Consejo General de Economistas)

Esta medida supone que las prestaciones contributivas se financien con las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, mientras que las prestaciones no contributivas, los gastos sanitarios y asistenciales se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos generales.

Esta diferenciación se está convirtiendo en una partida presupuestaria especialmente relevante los últimos cursos. Los créditos (o deuda) que concede el Tesoro a la Seguridad Social han pasado de suponer el 0,6% del PIB en 2010 a representar ya el 3% del PIB en 2023.

Al final se busca el equilibrio presupuestario en un ejercicio del pasado año que el déficit de la Seguridad Social se redujo en un más de un punto desde el 2017 pasando del 1,6% al 0,5 del PIB. Para este ejercicio se espera una reducción del 0,2 del PIB.

La posibilidad de dotar de una mayor presencia a las inyecciones del Estado sobre los ingresos de la Seguridad Social también la puso sobre la mesa Comisiones Obreras (CCOO) hace unos meses, entonces cuestionados por la cláusula de cierre de la última reforma y la posibilidad de tener que implementar un recorte del gasto, más ingresos o una combinación de ambas palancas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Sin embargo, la estrechez fiscal que demanda la Comisión Europea choca con la estrategia de la titular de la Seguridad Social. El ajuste fiscal —entendido como reducción del déficit primario, restando el coste de los intereses que pagamos por deuda— está previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en mínimo 6.000 millones anuales durante siete años (el 0,4% del PIB, aproximadamente), que podrían convertirse en más de 9.000 millones (algo más del 0,6% del PIB) si el Gobierno no plantea una senda fiscal convincente y Bruselas ejerce sobre España la vía rápida, de mayor exigencia.

En este sentido, Saiz se ha mostrado prudente y, en todo caso, a expensas de la implantación de las nuevas reglas fiscales. «Estamos en pleno proceso de elaboración del cuadro económico y hay que ver como impactan las reglas fiscales», ha declarado, destacando el «rigor fiscal» que persigue el Gobierno.

Desde su punto de vista estas medidas anunciadas   de los pensionistas de hoy, con las que se implementan para los pensionistas del mañana apuntan al concepto de justicia intergeneracional. En este contexto considera clave la reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos meses. Una reforma que no solo se basa en el Pacto de Toledo sino que tiene en cuenta el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia siendo España el primer país europeo que completa esta reforma”.