La modernización de la Administración de Justicia reabre de nuevo el debate sobre los juicios telemáticos
Los operadores jurídicos coinciden en que no es acertado utilizar la fórmula de Real Decreto Ley, que solo debería usarse para cuestiones urgentes
Imagen primer juicio virtual en mayo 2020 celebrado en media hora por el magistrado Luis Acayro. (Imagen: CGPJ)
La modernización de la Administración de Justicia reabre de nuevo el debate sobre los juicios telemáticos
Los operadores jurídicos coinciden en que no es acertado utilizar la fórmula de Real Decreto Ley, que solo debería usarse para cuestiones urgentes
Imagen primer juicio virtual en mayo 2020 celebrado en media hora por el magistrado Luis Acayro. (Imagen: CGPJ)
En vísperas de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados, el Real Decreto-ley 6/2023 de 19 de diciembre —que impulsa la Ley de eficiencia digital y algunas medidas procesales— ha vuelto a reabrir el debate sobre la modernización de la justicia y la vuelta a los juicios telemáticos, utilizables en pandemia hasta julio del 2023, hasta que un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso fin a estas medidas especiales organizativas y técnicas.
Este Real Decreto-ley, estructurado en seis libros, dedica el primero a la justicia y a su modernización. Según ha manifestado en varias ocasiones el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, se da preeminencia al desarrollo de juicios telemáticos frente a lo presencial. Al mismo tiempo, dicha normativa viene a sustituir la Ley 18/2011, de 5 de julio, como la anterior regulación que se había quedado obsoleta.
La medida ha venido más tarde acompañada por la creación de hasta 70 unidades judiciales, lo que ha generado sorpresa en todos los operadores jurídicos, que creen que el problema no es desarrollar únicamente lo digital, sino dotar a los juzgados de más profesionales humanos y no ligarlo todo a lo digital, como parece que el ministro Bolaños tiene en mente.
Según explican varios operadores jurídicos a Economist & Jurist, lo que más ha sorprendido de esta reforma digital es su forma de presentarse. Al parecer, las Comunidades Autónomas (CCAA) lo conocieron un día antes de su aprobación, pero incluso según puede confirmar este diario, tampoco estaba informado el propio CGPJ ni los grupos parlamentarios.
Sobre su entrada en vigor, que es progresiva, hay una parte importante que entrará en vigor en tres meses. Se habla de un año para implementar de nuevo el teletrabajo y cinco para lograr la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal, cuestión por el momento no lograda pese a los trabajos realizados entre Justicia y CCAA desde hace años.
De hecho, las quejas de estos operadores jurídicos han sido su tramitación mediante proposiciones de ley, lo que ha impedido que estos colectivos hagan sus aportaciones a estos cambios normativos. Tampoco lleva informes ni de la Comisión General de Codificación ni de los órganos técnicos del CGPJ y del Consejo de Estado.
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) recuerdan a Bolaños que viven en los juzgados y que algo conocen de la problemática de la justicia. No obstante, aseguran que “no nos han consultado”.
Estos primeros pasos del nuevo equipo del Ministerio de Justicia, que van de lo digital a la creación de distintos juzgados —estando paralizadas varias ofertas de empleo público de LAJs y funcionarios— carecen, según algunos juristas consultados, de cierta coordinación.
Así, una jueza decana de un partido andaluz que ha preferido mantenerse en el anonimato se echa las manos a la cabeza e indica que eso deja claro que el ministro no ha estado nunca en un juzgado “donde hay una problemática clara diaria y desconoce los problemas. Toda tecnología es fantástica siempre que se cuente con buena infraestructura, formación para todos los profesionales de la oficina judicial y medios tecnológicos, y por el momento todo falla”.
Félix Bolaños, titular de Justicia, aspira a que muchos actos procesales se hagan vía telemática (Imagen: Moncloa)
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