La razonabilidad y otras claves de la reforma con la que Israel despoja al poder judicial

El parlamento israelí ha dado el paso definitivo para adoptar una de las normas contenidas en un paquete legislativo que debilita al poder judicial. Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra unas medidas que, consideran, erosionan gravemente a la democracia atentando contra la separación de poderes y otorgando un poder ilimitado al ejecutivo de Netanyahu. ¿En qué consiste realmente esta reforma que concita un rechazo tan importante y ha polarizado a buena parte de la sociedad israelí?

Esta reforma consiste, básicamente, en despojar a la Corte Suprema de su capacidad para revisar y revertir decisiones adoptadas por el Gobierno que puedan ser consideradas como extremadamente irrazonables. ¿Qué se entiende por una decisión irrazonable? Es aquella que se centra desproporcionadamente en los intereses políticos sin tener suficientemente en cuenta la confianza pública y su protección; las disposiciones que puedan poner en riesgo el interés general en beneficio de unos pocos, de forma no fundamentada.

Hasta ahora, la Corte Suprema, que forma parte del cuerpo de Tribunal Supremo (pero mientras que este atiende apelaciones, la Corte escucha peticiones y actúa en relación a violaciones de libertades civiles y supervisa judicialmente la acción de la Administración) tenía la potestad de anular las disposiciones del ejecutivo que se desmarcaran del criterio anterior y  a partir de ahora, la nueva ley, contra la que se han manifestado altos cargos de la justicia y los servicios de seguridad israelíes, lo impide.

Las intervenciones de los tribunales en este sentido han sido mínimas. Dos ejemplos serían la decisión del ministro de Hacienda de suspender las subvenciones a determinadas guarderías sin previo aviso y, por tanto, sin dar a las familias la oportunidad de hacer otros buscar alternativas; o la decisión del Gobierno de no instalar protecciones contra los ataques con cohetes en las aulas de Sderot.

Benjamin Netanyahu. (Foto: RTVE)

El Instituto para la Democracia en Israel señala que “el estándar de la razonabilidad proviene de la ley inglesa y se usa en otros muchos países, cuando la vaguedad de la norma permite a los tribunales revisar la decisiones gubernamentales. Solo se utiliza en casos en los que resulta extremadamente irrazonable y puede ser considerado como dañino para los intereses democráticos del país”. El paso dado ayer, afirman, supone poner en riesgo libertades, prosperidad económica y la posición internacional de Israel.

La jurista Suzie Navot asegura que Israel es el único país del mundo “entre todos los países definido como libres y avanzado” que no tiene ningún mecanismo para la descentralización del poder político. 61 de los 120 diputados de la Knesset (el parlamento) es todo lo que se necesita para cambiar el sistema de Gobierno, con esos 61 parlamentarios se puede eliminar cualquier derecho humano, convertir Israel en una dictadura, es el poder absoluto. El único mecanismo que permite compensar esto es la Corte Suprema y por eso está bajo ataque”.

Navot considera que “solo un Gobierno que desea tomar decisiones extremistas, arbitrarias y corruptas estaría asustado del test de razonabilidad” y explica que lo que ha salido adelante es una enmienda a lo que en Israel se denomina Ley Fundamental:»capítulos» de la nueva Constitución de Israel. Tienen pues un peso importancia muy superior a una ley ordinaria. Critica que aquí  no se están discutiendo los límites de la razonabilidad, algo que podía hacerse, sino que directamente se está desposeyendo de una facultad al poder judicial que ya no podrá revertir las decisiones tomadas por el gobierno incluso si estas resultan extremadamente irrazonables. Esto, dice, supone luz verde para, por ejemplo, despedir y contratar a determinados cargos con el único criterio de la lealtad.

Solo un 14% de la población apoya rotundamente esta medida frente a un 59% que se muestra absolutamente contraria, según un estudio llevado a cabo entre febrero y abril de este año por el Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research. La oposición se marchó del Parlamento ayer en señal de protesta y la reforma fue aprobada con el apoyo de toda la coalición liderada por Netanyahu.

Protestas contra la reforma judicial en Israel. (Foto: RTVE)

El parlamento que surja de las próximas elecciones generales podría cambiar la norma con una mayoría simple, aunque eso no está previsto que pase, al menos hasta 2026. La única opción a corto plazo de anular la legislación sería instar al Supremo a que dictamine que la nueva ley entra en conflicto con otras Leyes Fundamentales del país, algo que ya han hecho tres organizaciones civiles y que ha anunciado la oposición. No obstante, sería un movimiento sin precedentes porque la Corte Suprema nunca ha anulado ninguna ley de esta importancia.

Según apunta el diario Haretz, expertos en derecho Constitucional consideran que existen argumentos legales para echar abajo esta Ley. Atendiendo a los criterios establecidos por el Supremo recientemente, sostienen que la norma debe es fruto de un abuso de autoridad del parlamento al salirse del marco dado por la constitución y que la inconstitucionalidad deriva de la violación del principio de separación de poderes. No obstante, son cautos respecto a la posible intervención de la Corte Suprema.

La de ayer es quizá la medida con mayor impacto aunque el paquete de reformas que debilitan al poder judicial van más allá. Así, se pretende introducir una cláusula de anulación que requiera una mayoría simple de 61 votos en la Knesset, anular la prueba de razonabilidad, eliminar la capacidad del Tribunal Supremo para anular leyes básicas, convertir a los asesores jurídicos de los ministerios en cargos políticos y cambiar la composición del Comité de Selección Judicial. Bajo todo ello, según buena parte de la sociedad israelí, subyace una aspiración a un poder ilimitado que ahondará en la degradación del Estado de derecho.