La recaudación de impuestos planteada por la Generalitat catalana podría terminar en el Constitucional

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha aumentado su plantilla a máximos históricos, alcanzando cerca de 1.200 empleados, alrededor de doscientos más de los que tenía el pasado año. Esta medida, anunciada el pasado martes, 18 de febrero, por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tiene como objetivo garantizar que el Govern catalán pase a recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos, de los que ahora únicamente asume el 9%.

El anuncio, emitido a escasos dos meses de que comience la campaña de la declaración de la renta para el año 2025, ha sido ampliamente criticado por corporaciones como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), quienes a través de un comunicado han denunciado que la deriva del Gobierno catalán podría afectar gravemente al sistema tributario, pues para implantar el nuevo régimen fiscal para la comunidad, denominado ‘financiación singular’, «se tienen que traspasar a la ATC los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene actualmente la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Cataluña, lo que supondría el fraccionamiento de la AEAT y su desaparición de ese territorio».

En este sentido, la Asociación IHE ha incidido en que «la financiación singular de Cataluña, con resultado equivalente al cupo del País Vasco y Navarra, es un régimen que no está contemplado ni en la Constitución ni en sus normas de desarrollo. Por tanto, se puede decir que en el momento actual es un régimen ilegal. Además del contenido del acuerdo firmado, una de las partes ha manifestado que este es el primer paso, y el más importante, para conseguir la independencia. Ante la imposibilidad material de implantar este régimen de forma inmediata, se quiere comenzar de forma gradual traspasando el IRPF, después el IVA, y así sucesivamente, hasta conseguir la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos que los ciudadanos pagan en Cataluña».

Sobre estos tributos propios que plantea Cataluña, el fiscalista Rafael Granados, director del área tributaria de Ceca Magán Abogados, explica a Economist & Jurist que, lo que pretende el Govern, es decir, «llegar a la soberanía fiscal, pero por la vía de cesión del Estado», podría ir en contra del principio de solidaridad territorial, un principio que obliga a todas las comunidades autónomas —con excepción de los regímenes especiales de Navarra y el País Vasco— a participar en la economía del resto de territorios. Una regla que lo que busca es que comunidades más empobrecidas, como por ejemplo Extremadura, no se vean perjudicadas.

Cataluña pretende gestionar directamente sus impuestos

Tal y como recuerda a este medio de comunicación este experto, actualmente el sistema tributario español establece impuestos de competencia estatal y otros que pueden ser gestionados por las comunidades autónomas. En este esquema, Cataluña ya administra ciertos tributos propios y tiene capacidad normativa y de gestión sobre algunos impuestos cedidos, como el de sucesiones o el de transmisiones patrimoniales. Sin embargo, impuestos clave como el IRPF o el IVA siguen estando bajo control estatal, aunque la Generalitat recibe un porcentaje de su recaudación. En este contexto, el plan del Govern supondría un cambio profundo en esta estructura, permitiendo a Cataluña gestionar directamente estos impuestos y decidir el porcentaje que devolvería al Estado.

Generalitat de Cataluña. (Imagen: Wikipedia)

Esta situación, según el fiscalista, podría equipararse al régimen del País Vasco y Navarra, donde estas comunidades negocian de forma bilateral su aportación al Estado. De hecho, la consejera de Economía, Alicia Romero, ya ha anunciado que estos cambios son tan solo «un primer paso» en dirección hacia lo que pretenden hacer desde la comunidad el año que viene, esto es, multiplicar por cuatro sus recursos para gestionar ellos solos la gestión y el control de la recaudación del IRPF en su territorio.

Aunque de momento no hay ninguna decisión formalmente tomada, más allá del aumento de la plantilla anunciada por la Generalitat para la Agencia Tributaria de Cataluña, la Asociación IHE ha criticado que «los firmantes del acuerdo tienen claro el camino para conseguir esa independencia fiscal, que supone, de momento, ir adoptando todas las medidas posibles sin tener que modificar las normas. La campaña de IRPF es la primera medida en ese sentido, y se disfraza como una fórmula de colaboración, habitual entre Administraciones, como también lo han manifestado las autoridades de la AEAT, que en los últimos meses nos dicen que debemos estar tranquilos, porque simplemente se trata de una fórmula de colaboración entre Administraciones».

Basta recordar, como así lo hace saber el fiscalista Rafael Granados, que desde un punto de vista legal la cesión de la recaudación y la gestión de los impuestos en sí misma no sería inconstitucional. Sin embargo, si esta cesión llegara a afectar al principio de solidaridad territorial, en caso de que la Generalitat y el Estado negocien qué porcentaje de los impuestos recaudados se devuelve a las arcas estatales, la situación sí podría terminar en el Constitucional, al que «se le podría solicitar que se pronunciara sobre sobre esto».

Otro factor clave en este debate es el IVA, un impuesto que recaudan las empresas pero que se ingresa en la administración pública. Sobre esto, Granados subraya que este tributo se paga en toda España, pero si la Generalitat llegase a controlar su recaudación, podría quedarse con un porcentaje mayor de los ingresos generados en Cataluña, lo que reforzaría su financiación pero abriría un nuevo foco de conflicto con el Gobierno central y, en especial, con el de la Comunidad de Madrid, con el que mantiene una prolongada disputa en materia fiscal. Así, mientras Madrid ha apostado por bajar sus impuestos, eliminando aquellos propios, Cataluña ha optado por reforzar la recaudación, intensificando así el denominado dumping (guerra) fiscal entre comunidades.

En opinión de Granados, todo este cúmulo de decisiones llevadas a cabo por la Administración catalana perjudica al sistema recaudatorio. Por un lado, «porque si cada uno hace guerra por su banda se puede perder el control de la recaudación». Por otro lado, porque puede llegar a afectar a las comunidades más necesitadas, al «dividir el dinero entre territorios en vez de entre personas». En este sentido, concluye que las críticas proyectadas desde asociaciones como la de IHE «están fundadas»; ahora bien, también considera que Cataluña «aporta bastante» y que «nadie tiene la razón absoluta», haciendo hincapié en que existe «un desequilibrio muy importante entre lo que Cataluña recibe y lo que aporta al Estado».