La supresión de las ‘Golden Visa’ anunciada por Sánchez solo impactara sobre el 0,1 de las operaciones inmobiliarias

Lo anunciaba este lunes en Sevilla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha corroborado tras el Consejo de Ministros este martes la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez: “La eliminación de las ‘Golden Visa inmobiliarias’ sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial. Hoy esta modificación es una buena noticia para todos ellos y ellas”, ha expuesto la ministra.

Pese a las dudas que los expertos en temas inmobiliarios señalan a Economist & Jurist sobre la efectividad de la medida, recordaba que: “Esto no es solo iniciativa del Gobierno de España; la Comisión Europea instó en 2022 a los Estados miembros a derogar inmediatamente cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente y a garantizar que se establezcan controles estrictos para abordar los riesgos que plantean los sistemas de residencias para inversores. Países como Irlanda o Portugal ya han eliminado dichos visados y otros están endureciendo los requisitos para obtenerlos”.

Al mismo tiempo señalaba que consideran “necesario modificar la Ley, aprobada en el 2013 por el Partido Popular, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en nuestro país, comprando vivienda por encima de 500.000 euros”.

La vigencia de las autorizaciones concedidas para las llamadas ‘Golden Visa’ son de cinco años y se pueden renovar cada cinco años siempre y cuando se cumplan las condiciones que generaron el derecho. Es más, “no se exige ningún tipo de permanencia en el país para renovar estos permisos”.

Desde el comienzo de esta medida (2013-2023) se han concedido en España 14.576 Golden Visa correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles, siendo las principales nacionalidades China, Rusia, Reino Unido, EEUU, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Y las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, concentrando el 90% de las autorizaciones en estos seis lugares de territorio nacional.

Ineficaz para frenar la especulación

Sergio Nasarre, catedrático de derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, ha sido muy crítico con esta Ley de Vivienda fruto del apoyo entre el PSOE y Podemos que, a su juicio, no arregla la especulación, dejando fuera a 100.000 viviendas fuera del alquiler.

Una norma que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Cataluña y Baleares, ya que consideran que invade competencias.

Sobra esta medida en concreto de suprimir los visados con derecho a residencia, este experto indica que “hay muy poco dato oficial. Las estadísticas del INE no dicen demasiado. Son dos mercados distintos inmobiliarios, uno para gente con gran capital y el otro más convencional que no creo que se vean afectados mucho entre ellos realmente. Solo hay algunos datos de la Asociación Transparencia Internacional pero realmente son pocos datos lo que se conocen sobre dicho impacto”.

Sergio Nasarre advierte que la medida tendrá un escaso impacto en el mercado inmobiliario. (Imagen: Sergio Nasarre)

Para este experto, el público al que va destinado esas ‘Golden Visa’ y el más genérico no tiene nada que ver. No se deriva que de la supresión de estos visados se esté haciendo política de vivienda. En la normativa que lo regula, en su exposición de motivos deja claro que su idea es la de lograr atraer capital extranjero al país, se pueden adquirir valores o depósitos por un millón de euros, y la otra vía sería viviendas por valor de 500.000 euros. Eso genera procesos de residencia temporal de un año en primer lugar y luego por dos años”.

Para Nasarre este tipo de medidas se toman con otra finalidad, «entre otras cosas se sabe que el silencio administrativo es positivo, si no lo hay se concede la citada residencia por ese visado de carácter inmobiliario. Hasta ahora los que se benefician son inversores chinos, rusos e iraníes. Cuando se puso en marcha en el 2013, esos 500.000 euros eran una gran cantidad y realmente es un mercado distinto al inmobiliario tradicional. El impacto según los datos que hay es escaso. Sobre las 6.200 de este total, el 96% es inversión inmobiliaria”.

En opinión de este jurista la medida afecta poco a la especulación de la vivienda: “Es cierto que hay acumulación de viviendas en pocas manos, pero eso es por la política especuladora que han seguido los últimos gobiernos en nuestro país desde el 2007, donde se dificulta cada vez más a las familias comprar. Hasta ahora los que han podido comprar son los grandes fondos y patrimonios que aparecieron hace seis o siete años. Han duplicado el parque de viviendas que gestionan”.

A su juicio, las dos leyes (1/2013 y la 5/2019) han generado problemas a las familias en hipotecarse. Han tenido que ir al mercado del alquiler y se han sobreendeudado a partir del 2016: “Los últimos datos sobre la ley de Vivienda señalan que no se arregla el problema. Ahora, según datos del portal idealista.com, hay 27 familias para cada piso y antes eran 17; y en ciudades como Madrid y Barcelona son 41 familias”.

Desde su punto de vista “la actual Ley de Vivienda genera tres cuestiones: expropiar la vivienda a quien la tenemos; bendecir la ocupación; y encarecer el alquiler para los inquilinos. El problema es importante y esta norma lo único que está haciendo es agravarlo. Vamos a peor, no tenemos una política de vivienda clara”.

Una medida electoralista

Desde Cartagena, Antonio Navarro, abogado experto en derecho inmobiliario y de la propiedad señala que “el presidente del Gobierno ha anunciado recientemente la decisión de poner fin a la ‘Golden Visa’ que marca un cambio significativo de atracción de inversiones inmobiliarias. Esta medida, implementada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, permitía a no comunitarios obtener residencia al adquirir propiedades inmobiliarias por más de 500.000 euros”.

Antonio Navarro subraya que el anuncio de Sánchez tiene más de corte electoral que de efectivo. (Imagen: Antonio Navarro)

Este jurista recuerda que “el propósito principal fue originariamente el de atraer inversión extranjera, particularmente tras la crisis económica. Su eliminación busca, según el presidente, desacelerar el mercado inmobiliario y el precio de la vivienda, facilitando el acceso a esta.”

“Aunque la ‘Golden Visa’ atraía anualmente unos 580 millones de euros en inversiones extranjeras, principalmente a través de la compra de propiedades, la supresión de este visado resultará en una pérdida estimada de 550 millones al año en esta categoría de inversión; si bien era utilizado por pocos inversores que usaban mucho este sistema de inversión para sí mismos y familiares”.

Desde su punto de vista “esta medida que fue utilizada por muchos países europeos ha ido poco a poco siendo abandonada por muchos de ellos, permaneciendo en otros como Italia y Grecia, que aún mantienen este tipo de visado y ofrecen condiciones fiscales competitivas”.

Este jurista aclara que “los inversores que ya han obtenido la ‘Golden Visa’ no se verán afectados por esta decisión, debido al principio jurídico de irretroactividad”.

Sobre la oportunidad de la medida, Navarro cree que “supone más bien un intento de golpe de efecto electoral, como lo fue la Ley de Vivienda, que vio la luz poco antes de terminar la anterior legislatura, con penosos resultados en la subida de los precios de alquiler Tal objetivo que se pretendía obtener con la misma y que ha producido justo, el efecto contrario”.

“La medida se hace con la supuesta intención de terminar con la especulación inmobiliaria y por tanto repercutir en la bajada de vivienda, pero puesto en el conjunto de la compraventa en toda España tiene apenas incidencia, y no va a tener utilidad alguna”.

Para este abogado “bien es cierto que para los inversores principalmente procedentes de países como Rusia y China era una medida no bien vista por la Unión Europea, pero en absoluto, como digo, parece que vaya a tener utilidad alguna para la bajada del precio de las viviendas; y la enmarco sin lugar a dudas como una medida más bien política y efectista dentro del marco del periodo electoral que se avecina, elecciones vascas, catalanas y europeas”.

Habrá que ver sus efectos

Ubicado en Córdoba su despacho, Rafael López, abogado y presidente de la red de despachos Abafi, especializados en derecho hipotecario y de consumo, cree que habrá que ver los tramites que el Gobierno se pone en marcha para eliminarla: “Esta es la Ley 14/2013 que pretendía dar apoyo a las empresas españolas y que impulsaba la internacionalización y que facilitaba la residencia a personas no comunitarias comprando una vivienda. Unos precios altos con unas inversiones de un millón permitía acceder a la residencia durante un año, y seis años de un inmueble”.

Para este jurista, en su momento la medida se implementó en Estados Unidos y “en este país se hace a menudo tener que residir allí y el mínimo a invertir es mucho más dinero que en España y pedían mas requisitos. En nuestro país hasta la fecha se pedía medio millón en bienes inmuebles, tener instrumentos financieros equivalentes a un millón de euros en territorio español o invertir al menos dos millones en deuda del Estado”.

En su opinión, “esta medida tiene pro y contras. En sus inicios se intentaba obtener beneficios para la economía y que entrase la inversión en España, que era significativa. Se hizo para contribuir al crecimiento económico, sin embargo, desde Moncloa se indica que estos visados por compras de viviendas genera cierta especulación inmobiliaria. Se puede dar la idea de que la vivienda no es un derecho fundamental y que puede ser una mercancía a la carta”.

Rafael Montes destaca que habrá que ver cómo se aplica dicha supresión cuando en teoría es un mercado distinto del inmobiliario tradicional. (Imagen: Red Abafi)

López afirma: “No creo que por esos precios estemos hablando de la inmensa de la compraventa de vivienda. Es un porcentaje pequeño para el sector inmobiliario en las grandes ciudades donde se han producido estos visados. En Barcelona y Madrid tendrá un impacto negativo, sin embargo, la vertiente positivo se pueda moderar el precio de la vivienda que no estará disponible para esas fortunas”.

Este jurista recuerda que nuestro Gobierno sigue las recomendaciones de la UE de hace dos años, cuando se indicó a todos los países que esas ‘Golden Visa’ podrían ser un foco de corrupción y de blanqueo de capitales. “Hemos visto que las ‘Golden Visa’ han desaparecido en países como Portugal y Grecia porque había cierto cuestionamiento ético; ahora le llega el turno a nuestro país. Habrá que ver realmente como impacta en las compraventas de manera real”.