La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia renueva su secretariado para adaptarse a las reformas de Justicia de Bolaños

Nacida de una escisión del Colegio Nacional de Letrados Judiciales (CNLAJ) en 1988, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) es una de las tres asociaciones del cuerpo de LAJs. Acaba de elegir nuevo secretariado y comisión permanente para los próximos dos años.

Esta entidad está compuesta por unos 700 socios y hace unos días celebró su XVII Congreso Nacional en Córdoba, donde sus profesionales abordaron la problemática del colectivo en relación con la plantilla, que cuenta apenas con 3400 efectivos cuando debería ser de 4.500 LAJs.

Otras cuestiones que se abordaron fueron las reformas que plantea el ministro Félix Bolaños para la Administración de Justicia, a través del Real Decreto-ley 6/2023, que establece reformas procesales importantes y una mayor digitalización de la Justicia, donde los LAJs son un punto clave de la nueva oficina judicial, y donde las herramientas digitales serán clave en su desarrollo.

Otro de los cometidos de este nuevo órgano ejecutivo será hacer seguimiento al acuerdo suscrito por los LAJs con el Ministerio de Justicia tras una huelga de dos meses y medio, donde además de la subida de la retribución acordada, queda por regular aspectos como el teletrabajo, el decreto de sustituciones y el nuevo Estatuto Orgánico para este colectivo.

Juan José Yáñez, uno de los LAJs que formó parte del Comité de aquella huelga contra el Ministerio de Justicia, es ahora el portavoz nacional de la UPSJ. (Imagen: UPSJ)

El nuevo secretariado, que acaba de elegirse hace unos días, está compuesto por siete miembros titulares y dos suplentes, siendo seis de ellos nuevas incorporaciones, y contando con una mayoría de mujeres. En cuanto al comité permanente, que representa a los afiliados, han sido elegidas cinco mujeres y dos hombres, todos ellos nuevos en ese cargo.

Juan José Yáñez, LAJ del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, será el portavoz nacional de la asociación en un secretariado ejecutivo en el que también están Enrique Alberto, tercera categoría, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arganda del Rey; y Patricia Gimeno, tercera categoría, Juzgado de Primera Instancia número 62 de Barcelona.

Junto a ellos, María del Mar Garcerán, segunda categoría, SCOP Civil Murcia; Silvia Santana, segunda categoría, Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid; Esperanza Torregosa, segunda categoría, Juzgado Mercantil número 2 de Santa Cruz de Tenerife y Fina Bravo, segunda categoría, Juzgado de Primera Instancia número 5 de Reus.

Yáñez lleva en UPSJ desde el 2016, ha sido delegado en Galicia durante dos años y después perteneció a otros dos secretariados, el primero como suplente y el segundo como vocal responsable de la web y comunicación. En este tercer secretariado ha sido elegido portavoz nacional de este colectivo profesional.

Como suplentes quedan Francisco José Aguilar, segunda categoría, Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba; y Fernando Santiso, segunda categoría, Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña.

En el comité permanente han quedado elegidos Pedro Moya, segunda categoría, Juzgado de lo social número 2 de Castellón; Carlos Artal, segunda categoría, Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza; y María Luz Carballo, segunda categoría, Juzgado de Instrucción número 3 de Santander.

Junto a ellos, Virginia López, tercera categoría, Juzgado de Primera Instancia de Getafe; Marta Golvano, tercera categoría, Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón; Cristina Llaras, segunda categoría, Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona; y Concepción Fernández, segunda categoría, Juzgado Decano de Barcelona.

Contar con los LAJs

Para Yáñez, LAJ que repite por tercera vez en este secretariado de UPSJ, y al mismo tiempo miembro del Consejo de Secretariado, al igual que su compañera de UPSJ, Patricia Gimeno; y Juan Ávila, LAJ del Tribunal Supremo; hay que buscar una solución al problema de los registros civiles, cuyo funcionamiento es deficiente y en el que coexisten dos sistemas de gestión, lo que genera muchos problemas.

“La implantación de Dicireg es solo del 50% en el territorio nacional, además aún no se ha desarrollado el Reglamento de la orden del 2011 que lo regula. Por otro lado, los compañeros que gestionan estos registros lo hacen sin contraprestación alguna, lo que hace que tengan más responsabilidades y estén perdiendo dinero”, comenta Yáñez.

Desde este Consejo del Secretariado se está haciendo un seguimiento al acuerdo que firmaron los LAJs con Justicia y Hacienda el pasado 28 de marzo. «La parte económica se está cumpliendo, hay cuestiones en trámite como la aprobación del decreto de sustituciones y la reforma de nuestro Estatuto como colectivo. La idea que tenemos es que los temas pendientes de dicho acuerdo se resuelvan lo antes posible».

En el Congreso de Córdoba de la UPSJ acudieron portavoces de Justicia del Congreso como María Jesús Moro (PP), Francisco Aranda (PSOE) o Enrique Santiago (Sumar). (Imagen: UPSJ)

El nuevo portavoz nacional de UPSJ aclara la importancia del último congreso nacional de esta entidad, celebrado en Córdoba, donde con la presencia de los diputados de los principales partidos políticos de la Comisión de Justicia en el Congreso se abordaron las cuestiones clave que preocupan a este colectivo, pieza clave en el diseño de la nueva oficina judicial y en el nuevo modelo de organización de Justicia que plantea Bolaños.

“A nivel interno hemos acordado renovar los estatutos de nuestra asociación, lo que ayuda a modernizar nuestra entidad. Se ha abierto un proceso democrático para proponer reformas a dicho Estatuto. La idea sería aprobarlo en el próximo evento que celebremos el año que viene en formato de jornadas, porque el Congreso a nivel nacional tiene lugar cada dos años”.

LAJs y reformas de la Justicia

Otro asunto que se abordó en este XVII Congreso fue el papel que los LAJs deben tener en el nuevo proyecto de servicio público de Justicia, donde se habla de un nuevo modelo de organización judicial con tribunales de instancia y oficinas de tramitación que afecta a este colectivo. “Es una reforma que nos afecta de forma plena en nuestras competencias, al igual que en la Ley de Enjuiciamiento Crimminal, donde también queremos participar en su reforma aportando nuestra experiencia”.

Juan José Yáñez nos explica también que en dicho Proyecto de Ley de Justicia se ha incorporado la introducción de los MASC para la agilización de la Justicia. “En este ámbito nuestro colectivo tiene mucho que decir. Se tiene que abrir más espacios a los LAJs porque nuestra función mediadora la regula la actual LOPJ”.

Sobre las reformas que plantea el ministro Bolaños en la transformación digital de la Justicia en ese Real Decreto-ley 6/2023, “se necesitan inversiones para llegar a esta Justicia digital donde operadores jurídicos y ciudadanos nos relacionemos por vía telemática con la Administración de Justicia. Falta un proceso de adaptación, aunque este proceso de digitalización está más avanzado de lo que parece. Nuestro papel va a ser el de promotor de las nuevas tecnologías en este entorno digital judicial”.

Toma de posesión de LAJs en Cataluña. El colectivo reclama que se convoquen más plazas ante un escenario de jubilación en los próximos años. (Imagen: UPSJ)

Sobre la necesidad de medios humanos, sobre todo a raíz de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que señalaban la entrada en los juzgados el pasado año de más de siete millones de asuntos, tanto el CNLAJ como UPSJ y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj), reclaman convocatoria urgente de oposiciones para paliar la carencia de profesionales en la actual plantilla de LAJs.

“La actual plantilla de nuestro colectivo, sobre los 4.500 efectivos, no está cubierta y llegamos sobre los 3.500 titulares, hay plazas por cubrir. A esto hay que añadir que en los próximos diez años habrá muchas jubilaciones. Lo primero que se debe hacer es sacar esas plazas para cubrir la plantilla a día de hoy. Es fundamental que se cubran las plazas de las oposiciones de estos tres últimos años. La última promoción, la 45 de nuestro colectivo, formada por 189 profesionales, está muy preparada y nos va a ayudar mucho a corto plazo”.

En las reformas procesales, Yáñez señala que se han hecho con precipitación y habrá que ver cómo las encajan los operadores jurídicos, “como aquellos recursos que se puedan interponer de forma directa en la Audiencia Provincial, cuestión que no queda claro cuándo entra en vigor esta disposición. Parece que será para los procedimientos que entren en vigor con la nueva normativa. En cuanto a los pleitos testigo, habrá que ver si evolucionan bien y pueden evitar el atasco judicial que hay en los juzgados”.

Los letrados de la UPSJ, a través de su secretariado, plantean también al Ministerio de Justicia una regulación adecuada del teletrabajo. «Había estado regulado durante la etapa de Covid, pero fue eliminado por el Ministerio de Justicia casi sin aviso. Eso es lo que genera un agravio comparativo entre nuestro colectivo, que depende de Justicia, y otros operadores jurídicos que en comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia sí lo utilizan«.