La versión del guardia civil Bravo: «Lo que dije era temerariamente falso y formaba parte de una estrategia policial»

Sergio Bravo, miembro de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos), asegura que todas las manifestaciones que hizo en las conversaciones cuyos audios han sido desvelados por Economist & Jurist son “temerariamente falsas y responden a un papel desarrollado por el agente en el marco de una estrategia policial determinada a descubrir los ilegales artificios utilizados por una de las organizaciones desarticuladas”. Bravo, que califica sus afirmaciones como “burdas, inverosímiles y falsas”, afirma en un escrito remitido al juez que “no ha cometido delito alguno”, aunque “lamenta” la forma en que ha llevado a cabo su acción, sin ponerla en conocimiento de su superior ni implicar a otros miembros del equipo.

Días después de publicarse las informaciones en este medio de comunicación, concretamente el día 17 de julio, Bravo elaboró un informe sobre las mismas que ya se encuentra sobre la mesa del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye esta pieza separada. En ese documento, afirma que, dadas las “sospechas fundadas” de que la persona con la que hablaba tenía relación con las organizaciones criminales que se encontraba investigando, el guardia civil ideó una estrategia que pasaba por mostrarse como un perfil “fácilmente corruptible, a fin de que directamente, pero sin inducir al delito, le fuera ofrecida cuantía alguna a cambio de cesar el procedimiento o no informar sobre determinados extremos de este, buscando generar en la cúpula de la organización una sensación de hastío del agente que facilitara dirigir cualquier tipo de ofrecimiento en favor del mismo e incluso trataran de incorporarlo como colaborador suyo”.

Baliza denunciada por uno de los investigados (Foto: E&J)

Añade que “el falso halo de ilegalidad y peligrosidad interpretado por el agente o su capacidad para tomar decisiones arbitrarias y contrarias a la legalidad está perfectamente diseñado y pretende igualmente infundir sensación de peligro en los responsables de la organización”. Bravo sostiene que desarrolla su papel “inventando cuantos datos e informaciones se le ocurren para obtener el fin pretendido” con el objetivo de “que las defensas de la organización inventaran ad hoc un relato basado en tales afirmaciones y con ello poder demostrar sus medios y la falta de veracidad en sus afirmaciones”. Las aseveraciones tenían que ver con “cuestiones próximas al servicio, pero completamente falsas y en ningún caso reservadas”, mantiene.

El hecho de definirse como “el más ilegal de los ilegales ya es una incoherencia”, asegura Bravo, quien destaca su dedicación a la Guardia Civil y que “ha sido conocido por su integridad como característica principal asociada a su persona”. “Una persona de una integridad excepcional que jamás llevaría a cabo ni permitiría ninguna acción siquiera próxima a la corrupción”, añade en otro punto del escrito. Es “extremadamente discreto y profesional en su labor diaria”.

Bravo niega que se hayan utilizado balizas de seguimiento de forma ilegal, cómo se escuchaba a él mismo decir en el audio, o que se hayan grabado interrogatorios en el traslado a un detenido. Respecto a los comentarios relacionados con el Caso Cuarteles, el ahora brigada jefe asegura en su comunicación al juez Pedraz que “no solo no ha visto episodio alguno relacionado con sobres de dinero, sino que no tenía acceso a dinero en forma alguna (…) y evidentemente no tenía conocimiento de ningún tipo sobre ninguna actuación ilícita llevada a cabo por ningún integrante del cuerpo”. Y sobre las afirmaciones realizadas a un detenido que relató a su interlocutora afirma que “vuelven a ser voluntaria y temerariamente falsas, llevadas a cabo en el desarrollo de un papel estratégico”, tratando de mostrarse “fácilmente corruptible”. Una persona presente en esa diligencia confirmó a este medio las afirmaciones relatadas de forma previa a escuchar el propio audio. Uno de los compañeros de Bravo cree recordar, según se ampliará después, que se dijo algo de un vino. Otros dos afirman no recordar nada.

Carátula informe Guardia Civil. Operación Pantano (Foto: E&J)

El suboficial asegura que no “se atrevió” a poner estos encuentros en conocimiento de su oficial. Sobre su jefe, Abel Marín, afirma que hizo determinadas manifestaciones en la conversación cuyos audios han trascendido siendo conocedor de “la fuerte fijación” con el mismo que tienen los investigados y con el fin de causar una sensación de desapego que le hiciera ganar la confianza de los miembros de la organización. La relación que mantienen entre ellos, asegura, “es extraordinaria”. “El suboficial no puede sino sentirse agradecido de estar a las órdenes de dicho oficial” y “de compartir con el mismo un trato diario”, recalca.

Según Bravo, la publicación de las informaciones que dan origen a este informe “muestra de manera inequívoca que todos (el periodista y las defensas) actuaban conjuntamente y que su fin era el pretendido, llevando a cabo amplias recopilaciones de información de los agentes y un peligroso control real sobre la vida de los mismos” y tenían como objetivo “separar (al agente) de la investigación”. También afirma que por parte de los investigados como miembros de las organizaciones criminales y sus defensas se les ha intentado sobornar, coaccionar y extorsionar.

Audiencia Nacional (Foto: Archivo)

“Este suboficial es ahora consciente de las consecuencias que ha tenido su acción y del perjuicio que ha podido ocasionar al no informar a su superior y lamenta profundamente la forma en que la ha llevado a cabo; si bien quiere recalcar que se ha tratado de una acción noble, en la que imbuido de su responsabilidad como jefe de equipo y ante la creciente hostilidad hacia su superior por parte de la organización (…) decidió actuar sin implicar a otros miembros del equipo”, manifiesta en el escrito enviado al juez.

Bravo enmarca su actuación en una de las operaciones contra varias organizaciones criminal en la que se han producido hasta 33 detenciones por delitos contra la salud pública, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También destaca que fruto del trabajo de la Guardia Civil se intervinieron 677.000 euros en efectivo, 239 kilogramos de cocaína, cuatro armas de fuego y 56 vehículos de alta gama.

El informe de su superior

Por su parte, el teniente Abel Marín, su superior directo, también ha hecho llegar al juzgado un escrito, con fecha de entrada del 27 de julio. En realidad, se trata del informe principal, al que se anexa el de Bravo.

Sobre el presunto uso de balizas de forma ilegal, señala que las instrucciones existentes son que por la UOPJ solo se utilicen “medios técnicos de dotación y con la preceptiva resolución judicial”, cuestiones que, asegura “se cumplen de manera estricta”. Se descarta que el dispositivo al que alude la información haya sido proporcionado por la dotación técnica de la Guardia Civil y enfatiza que “la baliza de la fotografía no se corresponde con las de dotación oficial que existen en la UOPJ de Madrid”. Teniendo en cuenta que “no hay actividad operativa” en el momento en el que fueron halladas las balizas, “carece de sentido la utilización de ningún dispositivo de seguimiento”.

Informe Operativo GC. (Foto: E&J)

Sobre la grabación a un detenido en el traslado al juzgado, afirma que “se carece de cualquier micrófono como medio técnico de dotación propia y que no ha sido solicitado al departamento encargado”. De haber querido hacerlo “es muy extendido el uso del teléfono móvil, sin necesidad de otro artilugio”. En este sentido, manifiesta que “carecería de sentido procesal y jurídico llevar a cabo este tipo de acciones”. No obstante, reconoce que se podrían haber producido conversaciones en dichos traslados “sin ninguna trascendencia jurídica”.

En relación al presunto falseamiento de informes policiales presentados al juzgado se señala que de los seis agentes que firman un seguimiento, cuatro de ellos se marchan una hora y veintisiete minutos después de su comienzo para realizar gestiones en el marco de otra operación, lo que está “perfectamente justificado y ajustado a derecho (..) más allá que pudiese (haber) en este u otro documento un error de transcripción habida cuenta del volumen documenta, pero en ningún caso un informe falsario, si bien es cierto que en el acta no se especifica que agentes continúan con el control de actividades hasta las 11.55h”. Igualmente se reconoce el uso de imágenes de Google Maps para ilustrar sin que ello represente, a su juicio, ninguna falta de rigor. Los agentes participantes “se afirman y ratifican” en lo contenido en los atestados.

En lo que se refiere a los comentarios sobre el vino realizados a un investigado, el teniente asegura que ninguno de los agentes presentes escuchó nada de lo aludido en la noticia “si bien (uno de ellos) afirma que estaba con unos auriculares puestos” y otro dijo “no estar muy atento ya que se encontraba desarrollando otros cometidos”. El tercero “cree recordar que fue el letrado del investigado el que de manera distendida inició la conversación en relación al vino y que fue este el que en tono jocoso le dijo que tendría que haber traído unas botellas (…) y que el Brigada cree recordar que le dijo algo al respecto como insinuando que por traer vino no se iba a dejar de actuar”. Marín Seoane recalca que “nunca se ha ordenado al brigada la detención de ninguna persona que no estuviese ajustada a derecho”.

Sobre el caso

Los días 12, 13 y 14 de julio, Economist & Jurist publicó una serie de informaciones y audios en los que el  brigada (aunque se hace referencia a sargento primero, cargo que tenía cuando se comenzó a desarrollar la investigación policial) Sergio Bravo afirmaba, en una conversación con otra persona, que su equipo había hecho uso de balizas de seguimiento de forma ilegal, que había realizado grabaciones a los detenidos en un traslado policial o que era consciente de las presuntas mordidas que presuntamente se cobraron en el denominado Caso Cuarteles. Igualmente, daba detalles sobre otras operaciones en las que había participado aportando datos y refiriendo conversaciones que sucedieron como las ha relatado, según ha podido contrastar este medio.

Este medio está en permanente contacto con la Guardia Civil, a la que se ha dirigido en reiteradas ocasiones y desde el primer momento, para que expongan su visión y valoración de los hechos. Fue precisamente el Instituto Armado quien informó a esta redacción de que se había iniciado una investigación interna que se mantiene abierta. Poco después, este medio contó que Pedraz ha citado como investigado al brigada, que tendrá que comparecer en dicha calidad. Más allá de las primeras reacciones, la Guardia Civil no ha aportado ninguna valoración adicional. ¿Puede la Guardia Civil hacer alguna valoración? ¿Avalan lo firmado por Bravo y Seoane?, ha preguntado E&J sin obtener, de momento, respuesta alguna.

El apartado 5 del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Sin embargo, este no es el caso de un agente encubierto, que deberá ser autorizado por el juez, mediante resolución fundada, con una identidad supuesta otorgada por el Ministerio del Interior y que debe poner en conocimiento de quien autorizó la investigación los datos obtenidos, según ese mismo artículo. No se proporcionarán, pues, datos reales.

En la conversación de la que se desprenden los audios- los publicados y otros que obran en poder de este medio de comunicación y que se ha decidido no publicar una vez valoradas sus posibles consecuencias para los intervinientes y terceros en relación con el interés informativo que poseen-, se aportan datos reales de esta y de otras investigaciones.