Las administraciones públicas no pueden imponer a los ciudadanos la cita previa

La cita previa obligatoria se ha convertido en el quebradero de cabeza de ciudadanos, gestores o abogados que realizan distintas gestiones con la administración.

El impacto de la pandemia supuso el desarrollo de este modelo para ayudar al ciudadano en sus gestiones, pero la falta de medios humanos ha colapsado el contacto con la Seguridad Social, Registro Civil, Extranjería o la obtención del NIE para inversores extranjeros. También CCAA y algunos ayuntamientos obligan a esa cita previa que no es sencilla de lograr.

Los expertos consultados por Economist & Jurist que sufren este problema desde distintos puntos de vista alertan del callejón sin salida en el que se ha convertido la relación del ciudadano con ciertos servicios públicos.

Sobre si con estos retrasos se podría reclamar a la Administración una compensación ante estos retrasos, el problema de esa reclamación es definir bien el perjuicio. Además, la batalla judicial que duraría años en la vía contenciosa.

Otro de los efectos de este problema es que ha generado un mercado negro alternativo de citas previas. La reventa, que ya se conocía en los partidos de fútbol de máxima rivalidad, ha llegado a este tipo de situaciones. Las tarifas pueden llegar desde los 50 a los 200 euros ante la ineficiencia de la administración para resolver este problema.

La cita previa no puede ser obligatoria

La voz de alerta la dio el abogado y profesor de Derecho Administrativo Diego Gómez, experto en Derecho Urbanístico ubicado en Vigo quien desde su blog y su actividad en redes sociales ha hecho bandera de este tema. “Desde septiembre del 2022 recibía consultas sobre la legalidad de la cita previa, una herramienta que la Administración tiene pero que no puede imponer”.

Del análisis jurídico que realizo en octubre de ese año “llegué a la conclusión que no se podía imponer. Eso hizo que se me ocurriera diseñar un escrito para que los afectados se lo descargaran y el que no estuviera de acuerdo pudiera solicitar la eliminación de dicha cita previa”.

Diego Gómez. (Foto: >E&J)

Para este abogado, “en este asunto de la cita previa obligatoria no hay habilitación normativa para hacerlo. No se puede entender que una administración en el 2023 en un país europeo como es España lleve meses desde que acabó la situación pandémica imponiendo este trámite”.

A juicio de este experto en derecho público, “la situación es muy grave, con este tipo de iniciativas la Administración se coloca al margen del derecho. Ya lo dice el artículo 103 de la Constitución, que señala que debe servir a los intereses generales sometiéndose de forma plena a la ley y al derecho. Y ese sometimiento pleno viene dado porque no tiene una legitimidad democrática directa, solo la tiene si el legislador la confiere”.

Desde su punto de vista “ahora las administraciones actúan al margen de la ley. Desde hace meses están actuando por la pura fuerza sin legitimidad democrática ni respaldo normativo para lo que hacen”.

Para este experto “los administrativistas tenemos claro que no se puede imponer una obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración. Las personas tienen el derecho de hacerlo, pero no se puede imponer. El contacto con la Seguridad Social pasa por la cita previa que hay que pedir telemáticamente, que no tiene sustento jurídico. Esto no puede ser”.

Diego Gómez subraya que ya desde el Gobierno de Aznar se fue adelgazando la Administración “desde el 2012 hay cerca de 60.000 funcionarios menos. Se han incrementado mucho las plantillas de las CCAA pero de la Administración General del Estado ha ido en picado. En la Seguridad Social, Escrivá lo sabe porque se lo han dicho los sindicatos. Ahora hay que tramitar el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones y no hay gente para hacerlo”.

Este tema ha entrado en campaña electoral, y el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo ha recogido en su programa electoral la eliminación de la cita obligatoria previa en las corporaciones locales. “Es curioso porque ahora aparece como promesa electoral, pero de momento en sus gobiernos se mantiene ahí”.

Ni los robots lo consiguen

La plataforma CIVIO ha realizado un trabajo de investigación sobre esta cuestión. CIVIO hizo público su informe en el que mapearon con un robot el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas: en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 para IMV. Y, cuando sí la hay, la mitad de veces es para, como mínimo, dos semanas más tarde.

En este informe recogen opiniones como la del Síndic de la Generalitat Valenciana, que en su informe anual de 2022 afirma que “el mantenimiento de la cita previa, pasadas las restricciones de la pandemia, infringe derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a respetar los principios de proximidad y servicio efectivo”.

Respecto a la solución, Diego Gómez apuesta por “utilizar las instituciones del Estado que están infrautilizadas como el Defensor del Pueblo y autonómicos para que presionen a estas instituciones. Los propios informes de estos defensores del pueblo dejan claro que esta medida es ilegal. Se trata de generar un movimiento nacional de ciudadanos indignados que logren tumbar esta cita previa obligatoria·

Este abogado recuerda que “en las webs del Gobierno Vasco o la Junta de Andalucía se habla de la atención por cita previa obligatoria al igual que en el propio ayuntamiento de Málaga. Ya se ha retirado en CCAA como Galicia, Asturias, Castilla y León o en ayuntamientos como Madrid o Vigo, pero el problema es bastante más amplio de lo que uno cree”.

Junto a ello cree que interponer acciones judiciales con el apoyo de abogados expertos en derecho público podría abrir otra vía “son acciones individuales pero que pueden tener tirón mediático en los medios informativos. Al final lo importante es que se extienda este movimiento. Esto se puede acabar haciendo ruido”.

La falta de funcionarios es parte del problema. La Administración se tiene se reorganizar para satisfacer los derechos de los ciudadanos, lo que no puede ser es que por no existir una buena organización no te den servicio. Me pregunto qué pasaría si la policía o los bomberos dijera que le falta personal y no atendiera las necesidades de los ciudadanos. Hay situaciones que no se pueden permitir”, señala Gómez.

Hay papeles que se vuelven a pedir

Por su parte, desde Alicante, Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho, experto en transparencia y en acceso a información pública, afirma que la cita previa obligatoria en todos los casos no es legal. Diferenciando casos y con carácter voluntario se puede admitir en determinadas situaciones. La idea era con esa reserva logra una mejor atención y evitarse colas y desplazamientos inútiles”.

Miguel Ángel Blanes. (Foto: E&J)

Sin embargo, el problema se ha convertido en una bola de nieve que arrasa las posibilidades de muchos ciudadanos en su contacto con la Administración. “Ahora el mensaje es que si no tienes esa cita previa no te vamos a atender de ninguna de las maneras, eso es un problema porque no te la dan de inmediato en función de cómo este el sistema de cargado. Así, muchos casos urgentes se quedan en el camino, entre ellos los mayores que no saben manejarse por Internet y que no superan la brecha digital”.

Desde su punto de vista “este es un problema de voluntad política del Gobierno, que para resolverlo debería adoptar tres medidas. Una es el reforzar los servicios de atención al público, no se trata de contratar a más gente sino de redistribuir las plantillas existentes para que estos servicios de cara al público tengan más efectivos”.

Junto a ello Blanes cree que “es necesario mejorar la tramitación de los procedimientos electrónicos porque hay mucha gente se maneja bien por internet y podría tramitar ese procedimiento sin tener que acudir ni presencialmente ni pedir esa cita previa. Es importante que todos estos procedimientos físicos se vayan adoptando a Internet para evitar este tipo de desplazamientos de los propios interesados”.

Como tercer elemento “y es también importante se trata de que la Administración no siga pidiendo a los ciudadanos documentación que ya tiene de nosotros en otras consultas. En muchos casos, además los puede obtener consultando con las fuentes de otras administraciones”.

“Eso lo ha dejado claro recientemente el Tribunal Supremo en una sentencia donde se habla del derecho a no presentar esos documentos cuando ya los tienen las administraciones. Muchas de las visitas a la Administración vienen dadas porque te siguen pidiendo documentos que ellos ya tienen desde el DNI o el certificado de obligaciones tributarias, entre otros documentos. Deberían pedirles los documentos a otras administraciones en este tipo de situaciones”.

La sentencia, con fecha de 12 de enero de 2023, de la que ha sido ponente la magistrada de la Sala Contenciosa Huerta Garicano expone el caso de un extranjero que buscaba renovar su permiso de residencia y trabajo por cuenta propia en España y señala que el artículo 28.2 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas donde explica que «los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración».

La persona que desee obtener la autorización debe indicar el momento y el órgano administrativo donde remitió los datos de la solicitud para que, posteriormente, la administración solicitante pueda recogerlos de forma electrónica mediante plataformas, redes corporativas u otro sistema telemático habilitado para ello.

Para este jurista plantear una reclamación a la Administración en concreto y pedir una indemnización por esos daños sufridos “no es fácil, hay que acreditar realmente el daño sufrido y que realmente hemos hecho las gestiones oportunas para lograr dicha cita previa. La relación de causalidad es complicado de probar en este tipo de asuntos. Lo ideal es que no se impusiera la cita previa para todos los casos. Ya ha pasado la pandemia y hay que normalizar las relaciones del ciudadano con la administración”.

Lograr el NIE, harto complicado

Juan Sánchez, socio de la firma Life Abogados, está especializado en el asesoramiento a empresas en situación de crisis, tanto en concurso de acreedores como en procesos de reestructuración extrajudicial, en su caso, y como administrador concursal.

Juan Sánchez. (Foto: Life Abogados)

Este abogado señala que “lograr el NIE [Número de Identidad de Extranjero] es muy complicado en estos momentos y hay que acudir al mercado negro para conseguirlo tras el pago de 200 euros”.

Ese NIE es una especie de CIF para extranjeros que vienen a hacer negocios España “una vez que tienen ese número pueden ya constituir una sociedad. El notario se conecta de forma telemática con Hacienda para comprobar la veracidad del NIE y que coincide con esa persona. Existe en todos los países pero cada NIE solo vale en cada país. Las autoridades fiscales son independientes» aclara este jurista.

En la actualidad ese NIE, que viene en el formulario 790-012, supone que solicitudes por primera vez de Tarjetas de Residencia de Estudiante, Trabajo o Arraigo tengan un coste: 15,75 euros Solicitudes de Renovación de Residencias Temporales de Estudiante y de Trabajo: 18,92 euros Solicitudes de Residencias de Larga duración (y UE): 21,44 euros. Habitualmente se logra en el día y es fácil de realizar.

Se piden como documentos, original y copia del pasaporte completo, o documento de identidad, o título de viaje o cédula de inscripción en vigor. Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales que justifican la solicitud y en el caso de representantes que éste tenga un poder para que conste de forma expresa que se le faculta para presentar tal solicitud

Los NIE ayudan a que inversores y directivos que vienen fuera de España puedan hacer negocio en nuestro país. “Se trata de ser socio, administrador o empleado tienes que contar con ese NIE. Estamos hablando de profesionales que vienen a trabajar por cuenta propia y montar un negocio. Conseguir una cita en la comisaría de policía donde se tramitan es imposible con los medios habituales”.

Ese abogado reconoce que con la llegada de pandemia han cambiado mucho las cosas. “Se llamaba antes por teléfono o se hacia la búsqueda por Internet para esa cita previa, con más o menos antelación. Y antes o después tenías tu cita. Ahora es misión imposible. No sabemos cuál es el problema, pasa en toda España. Estoy dispuesto a ir a Málaga si con eso se consiguiera por ponerle un ejemplo, pero no te la dan en ningún sitio”.

Frente a esta problemática, este abogado constata que “hay empresas y gestorías que han invertido en tecnología que si las consiguen. A través de esos robots entran en la dinámica tanto de la Seguridad Social como de estas comisarias y si consiguen esas citas. Al final tienes que acudir a estas empresas o asesorías para lograr estas citas previas, eso también se está haciendo mucho en temas de extranjería en estos momentos”.