Las asociaciones del Turno de Oficio piden a Bolaños “menos palabras y más hechos”

La intervención del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el último Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha despertado el interés de la abogacía del Turno de Oficio cuando, a las preguntas de los asistentes, señaló que el Gobierno está abierto a estudiar una subida de los baremos del Turno de Oficio.

El comentario hay que contextualizarlo en un momento en el que una plataforma de este colectivo formada por 14 asociaciones está organizando para el próximo 27 de abril una concentración de abogados frente al Congreso de los Diputados para reclamar mejoras salariales y defender sus derechos.

Las asociaciones que participan en esta movilización consultadas por Economist & Jurist muestran cautela ante las palabras de Bolaños por el momento que vive la Justicia Gratuita en España. “Menos palabras y más hechos” señalan, al tiempo que exigen que “a igual trabajo, igual retribución”.

“Queremos hechos, no palabras”

Alicia Vega, presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT) y de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Toledo (ASATO), cree que falta saber si “son palabras para calmar nuestros ánimos ante la concentración del día 27 de abril o realmente hay una idea de impulsar una dotación presupuestaria que mejore el servicio”.

Esta abogada recuerda que ya mantuvieron una reunión con la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario del PSOE en noviembre del 2022 en el Congreso de los Diputados. “Les entregamos un amplio dossier con las retribuciones de todas las Comunidades Autónomas y Territorio Ministerio para que hicieran la comparativa. Les dijimos que no era de recibo las desigualdades que había”.

Alicia Vega, presidenta de CEAP y de AJATO. (Foto: CEAT)

Otra cuestión que comentaron es que “había muchas actuaciones que no estaban contempladas en los baremos, con lo cual no las cobrábamos. Es el momento de que den un paso adelante, con actuaciones reales concretas para que nos creamos que realmente están abiertos a una mejora de estos baremos. De todas formas, estamos al final de la legislatura no creo que hagan nada en estos momentos”.

Sobre las reivindicaciones al Gobierno, esta letrada recuerda que “hay una zona en el llamado Territorio Ministerio, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha donde tienen competencias, en el resto las competencias de Justicia están transferidas a las CCAA para regular la justicia gratuita. El Ministerio paga con mucho retraso y mal. Creo que deberían dar ejemplo y gestionar mejor esta actividad que afecta a tantos profesionales que están operativos los 365 días las 24 horas del día”; apunta.

Desde esta perspectiva, Alicia Vega, como presidenta del CEAT, habla de asegurarse siempre de forma automática los pagos por los trabajos que se hagan. Que haya renovaciones automáticas anuales, sin depender de una subvención cada año que siempre se demora en su aprobación cuatro o cinco meses, que es lo que tardamos en cobrar cada vez que cambiamos de ejercicio presupuestario”.

Al mismo tiempo, “queremos que se amplíen las actuaciones que no viene recogidas en los baremos. Que estos baremos se homologuen al alza de forma homogénea. Al mismo tiempo, habría que hacer un cálculo del IPC sobre estos baremos y que se hagan las subidas pertinentes. El compromiso de pago mensual no lo está cumpliendo el Ministerio de Justicia ni muchas autonomías”.

Desde su punto de vista, “es importante que se modifique el artículo 30 de la Ley de Justicia Gratuita para que se paguen todas las actuaciones que hagamos, se archive o deniegue luego esa petición de justicia gratuita. Bastaría con cambiar ese artículo para que los profesionales del Turno de Oficio mejorásemos mucho en cuanto a condiciones”.

Vega recuerda que “nos pueden llegar a pagar por un procedimiento penal 220 euros, del que depende la libertad de una persona. Puede suponer un trabajo de años y luego encontrar que no te lo pagan porque se deniega con posterioridad esa petición de justicia gratuita. Eso es lo que hace polvo a la economía de nuestro colectivo. No puede ser que dependamos de la resolución de ese expediente para poder cobrar”.

Se paga tarde y mal

Virginia de la Cruz, presidenta de la Asociación ALTODO desde enero de este año y cerca de 20 años inscrita en este servicio público, cree que la situación de la justicia gratuita española, apreciada en Europa como modelo a seguir, es dramática.

En su opinión, “hace falta una norma que actualice los baremos del turno de forma automática en relación con el IPC. Desde 2003 no se ha hecho, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo es notable. Esa norma nos ayudaría mucho en cuanto a las retribuciones”.

Desde ALTODO, asociación de implantación nacional, se han hecho varios estudios sobre el Turno de Oficio. “Los actuales baremos vienen de un reglamento 2003. Desde ese año hay baremos que no se han modificado, los que se han actualizado están lejos de lo que supondría su revalorización del IPC. En muchos casos la pérdida es de un 50,9%”.

Virginia de la Cruz presidenta de ALTODO. (Foto: Twitter)

Esta experta reconoce que en aquel momento “ya eran unos baremos miserables, pero ahora se han quedado cortos. No se corresponde con el trabajo realizado por el letrado. Es un clamor que se puedan actualizar. Lo que se paga por las casaciones y recursos de amparo es ridículo, pese a la responsabilidad que se tiene en esos temas”.

Junto a ello, recuerda que “hay muchas actuaciones que no nos pagan pese a que invertimos mucho tiempo en ellas. Es el caso de las primeras ejecuciones. Si llevas un divorcio y hay luego que ejecutar la sentencia para que a una de las partes le paguen las pensiones de los hijos, durante los dos primeros años no las pagan pese al trabajo que te genera. Esto también debe cambiar”.

En este sentido, recuerda que hay actuaciones que nunca se pagan siguiendo el controvertido artículo 30 de la ley. Es un número creciente de actuaciones que no se cobran. “la excusa es que el justiciable no se le otorga al final la justicia gratuita, pero no se dan cuenta del trabajo que se hace. El encargo no lo hace el cliente, sino que nos lo pide la Administración. Nos dice que se lo reclamemos al propio justiciable”.

Para esta abogada, “la idea es que se pagase igual en todas las jurisdicciones, pero al haber una parte de las competencias de Justicia transferidas es complicado logrado. El Ministerio de Justicia y su territorio paga bastante mal, igual que Andalucía, mientras que por arriba, País Vasco y Cataluña pagan algo mejor. Cada CCAA tiene su forma de valoración, pero ninguna los tiene revalorizados desde que esos baremos se crearon en el 2003 conforme al IPC.

Como ejemplo, señala que el recurso de amparo “en la comunidad autónoma lo abona el Ministerio de Justicia. En 2003 se pagaba 260 euros, ahora se paga en 301 euros. Con la revalorización sobre el IPC deberían pagarnos 392,34 ahora, sin embargo, el aumento solo es de 40 euros.

En estas circunstancias cree que es inevitable tomar medidas de presión, y que la concentración del 27 de abril frente al Congreso de los Diputados sea el inicio de otras muchas actuaciones. “En el propio proyecto de ley sobre la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa no se habla apenas nada de la justicia gratuita. Podrían haberse hecho las modificaciones que las asociaciones del Turno de Oficio reclaman desde hace años”.

No puede haber abogados de primera y de segunda

Miguel Ángel González de Miguel, abogado originario de Jaén que esta colegiado en el ICAM en 2008 y desde entonces en el Turno de Oficio, conoce bien el movimiento asociativo de estos profesionales. En su día fue uno de los fundadores de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Jaén, (AJATO), asociación que ahora preside Gema Fernández. Reconoce que el problema se ha cronificado en cuanto al pago irregular de los baremos.

Miguel Ángel González de Miguel. (Foto: Abogados de Jaén)

Este abogado subraya lo que ya el Consejo de Abogados de Andalucía (CADECA) denunciaba hace unos días, la falta de actualización de los baremos en esta autonomía en los últimos 15 años. “El problema de su infrafinanciación es clara si lo comparamos con el País Vasco. Los retrasos son notables, alegan que no tienen partida presupuestaria. La subida a finales del año pasado del 4% tras la reunión con el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, sigue siendo insuficiente frente a la acumulación del IPC en estos últimos años”.

Otro problema es que varias regiones “se obliga a los compañeros a trabajar gratis en muchas actuaciones, como puede ser la ejecución de la pensión de alimentos o ejecuciones penales ,entre otras cuestiones. No es de recibo que esas actuaciones no se retribuyan. Estamos por ello cerca de la nueva esclavitud del siglo XXI”, apunta.

Desde su punto de vista, “se debe tender a la equiparación nacional por lo alto en cuanto a las retribuciones de los baremos y a sus cobros. Al final al ministro Bolaños lo que pedimos es que haya una ley marco para que no haya este tipo de abusos en algunas CCAA y que sirva para una gestión mejor de esas retribuciones y evitar que haya abogados de primera y de segunda en cuanto a la percepción de estos honorarios”.

En este contexto, en Andalucía se ha desarrollado un movimiento importante de asociaciones de abogados del Turno de Oficio en los últimos años así, “han surgido asociaciones como AJAI, de Cádiz; AJATO, JUSTO SEVILLA, FAIG tienen también representación DEFENDA, ALTODO y el Sindicato de Abogados Venia. También hay que citar a IUSTA CAUSA de Córdoba y a Foro de Abogados Independientes, de Granada”.

Sobre esa ley marco que reclaman muchos expertos, “sería una ley que estipule métodos y mecanismos para que homogeneice el pago y los honorarios de estos baremos. Ahora, en Andalucía muchos compañeros se dan de baja del servicio. Ha llegado un punto en que no es sostenible financieramente en estos momentos. El retraso es bastante generalizado en toda España. En el caso de Madrid es menor porque se puso en marcha el confirming que ayuda a un mejor cobro”.

En su opinión, “concentraciones como la del próximo 27 de abril frente al Congreso de los Diputados están más que justificadas. A los profesionales que integramos el Turno de Oficio no se nos reconoce nuestro trabajo. Y ya ha llegado el momento de un cambio de planteamiento por parta de todas las administraciones. Le decimos a Bolaños que el Gobierno debe dar ejemplo y pagar mejor de lo que hace Justicia en estos momentos. Las movilizaciones seguirán hasta que consigamos lo que es justo”.