Las primeras consecuencias del 3F: el CGAE convoca al Sindicato Venia a una reunión el 13 de febrero
Para valorar las propuestas del sindicato a la futura ley de asistencia jurídica gratuita
Belén García, secretaria general del Sindicato Venia, detalla en 'Economist & Jurist' las reivindicaciones que pondrá sobre la mesa. (Imagen: Venia))
Las primeras consecuencias del 3F: el CGAE convoca al Sindicato Venia a una reunión el 13 de febrero
Para valorar las propuestas del sindicato a la futura ley de asistencia jurídica gratuita
Belén García, secretaria general del Sindicato Venia, detalla en 'Economist & Jurist' las reivindicaciones que pondrá sobre la mesa. (Imagen: Venia))
«Los abogados nos hemos visto afectados por un sistema perverso. Después de toda una vida cotizando, nos hemos quedado sin nada. Las cosas no eran como nos decían». Así lo declara a Economist & Jurist Emilio Martínez, un letrado de Córdoba que el pasado domingo, 3 de febrero, se desplazó a Madrid para asistir a la manifestación de abogados y procuradores en reivindicación de «dignidad», secundada por profesionales de toda España, incluidos decanos de diferentes Colegios. Según los convocantes, asistieron más de 10.000 abogados y procuradores, una cifra que la Delegación del Gobiermo sitúa en 6.500.
«Desde que nos colegiamos, estamos cotizando en la Mutualidad de la Abogacía, entidad privada, como régimen alternativo al régimen de autónomos. Nos vendieron que por menos dinero íbamos a tener las mismas prestaciones, pero ha resultado que después de estar cotizando en la misma cantidad que al régimen de autónomos nos quedan apenas en torno a 300 y 400 euros. Además, estuvimos hasta 2012 sin acceso a prestaciones como la Sanidad», relata.
Este letrado indica que la Mutualidad se ha convertido «en una entidad aseguradora privada» y que las cotizaciones de los abogados son planes de pensiones que no les dejan rescatar hasta que tengan 67 años, a razón de 400 euros, y esto no les parece nada justo.
También señala que hay compañeros del turno de oficio mal pagados, y que los abogados están «asumiendo el coste de la justicia gratuita, que es un derecho de todos los ciudadanos, en vez del Estado». «Por asuntos por los que deberíamos cobrar de forma privada en nuestro despacho 3.000 y 4.000 euros recibimos en torno a 100, 200 euros o 300 euros como mucho», manifiesta Emilio Martínez.
Huelga y movilizaciones
Ante esta situación, el Sindicato de Abogados y Procuradores Venia convocó el pasado 21 de noviembre una huelga indefinida en el turno de oficio, que se mantiene a día de hoy y también, hasta la fecha dos movilizaciones. Una, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre en toda España y la del pasado domingo, que se celebró en Madrid.
Además, la secretaria general del sindicato, Belén García García, se ha reunido con la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para exponerle las reivindicaciones del sindicato; con el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Francisco Aranda, y también ha pedido una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. Según informa Belén García, el ministro les comunicó recientemente en un encuentro casual en Galicia que les convocaría para tratar sus reclamaciones.
Uno de los efectos inmediatos de la manifestación del 3-F es que el presidente de la Comisión del Turno de Oficio en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Antonio Morán, ha citado al Sindicato Venia a una reunión el próximo 13 de febrero -martes-, a las 12:30, en la sede de la institución.
En la manifestación del 3F, los abogados partieron desde la sede de la Mutualidad de la Abogacía, en el número 5 de la calle Serrano, y los procuradores desde su Mutualidad, en la calle Bárbara de Braganza, 2, y ambas columnas confluyeron en la sede del CGAE, en el número 13 del Paseo de Recoletos, con destino final en el Congreso de los Diputados. (Imagen: Venia)
Las reivindicaciones
En cuanto al turno de oficio, el Sindicato Venia denuncia que están en una situación precaria porque no tienen reconocida ninguna relación laboral con la Administración; que están trabajando de forma obligatoria; y que el trabajo es gratuito, porque la mayoría de las actuaciones no se abonan, y las que sí, se cobran mal y tarde.
Sostiene que ejecen «en una situación de semiesclavitud, siendo muchas de las actuaciones íntegramente gratuitas, sin remuneración», y que están «obligados a realizar tareas administrativas para poder acceder al cobro de unos baremos que se encuentran diez veces por debajo de los honorarios marcados en el mercado».
Por otra parte, reclama la pasarela al RETA, para lo que está manteniendo «numerosas reuniones con el Ministerio de Trabajo y diferentes diputados de los partidos que gobiernan».
Mientras que la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, manifiesta que no es el momento de manifestarse, sino de negociar, ya que actualmente hay abierta una mesa de negociación con el Ministerio para la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita, Belén García afirma que es «una oportunidad única para incluir las reivindicaciones del sindicato en esa ley».
Y subraya que los profesionales del turno de oficio tienen que estar al frente de la regulación normativa y que se incluyan los derechos laborales básicos que se les ha venido denegando hasta la fecha.
«No estamos dispuestos a reducir ni disminuir nuestras legítimas aspiraciones en la convocatoria de huelga. Ni un paso atrás, toca defendernos», concluye.
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