Las restricciones de entrada a abogados y procuradores en algunas dependencias judiciales carecen de amparo normativo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha remitido al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Jose María Alonso, un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJM según el cual se reconoce que las restricciones de entrada a abogados y procuradores en algunas de las dependencias de los órganos judiciales carecen de amparo normativo o reglamentario.

Según informan desde el ICAM, este acuerdo es resultado de las reiteradas solicitudes y conversaciones que José María Alonso y el Departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM han tenido durante meses con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el objetivo de terminar con las medidas de limitación y restricción de acceso a las dependencias judiciales que vienen sufriendo los letrados y letradas en el ejercicio de su profesión.

Tal y como reconoce el presidente del TSJ en el acuerdo, las restricciones  de entrada a abogados y procuradores “ni se contemplaban en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ni figura ya tampoco en la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de salud profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

El decano del ICAM, José María Alonso. (Foto: ICAM)

“Ha sido una cuestión que nos preocupaba enormemente en tanto que se estaba impidiendo a los profesionales de la abogacía realizar su labor de forma digna cuando acudían diariamente a las oficinas judiciales para realizar distintos trámites, tomar vista de las actuaciones o solicitar cualquier tipo de información sobre la tramitación de un procedimiento”, ha declarado el decano del ICAM, que, de manera muy gráfica, ha recordado que a abogados y procuradores se las limita “el libre acceso al interior de la oficina judicial mediante la instalación de verdaderas barricadas o barreras físicas, conformadas con mesas, mamparas o carteles con mensajes prohibiendo el acceso, con un contenido que en muchos casos podríamos calificar incluso de desconsiderado, no solo para los profesionales, sino también para la ciudadanía”.

Para Alonso, se trata de una situación “ante la que no podíamos permanecer inactivos y frente a la que hemos estados trabajando incansablemente desde el Colegio a través de Defensa de la Abogacía. Por supuesto continuaremos realizando un seguimiento diario, hasta que tengamos constancia de que los compañeros y compañeras pueden transitar libremente para realizar debidamente su trabajo por cualquier oficina judicial”.

El Departamento de Defensa de la Abogacía destaca que formular las quejas pertinentes y poner en marcha distintas acciones “para terminar con esta situación que afecta gravemente a la dignidad de la profesión y al ejercicio del derecho de defensa” ha sido posible gracias a las denuncias realizadas por letrados y letradas ante el Colegio. En este sentido, este departamento asegura que “seguirá trabajando para perfeccionar los canales de recepción de incidencias a través de Justicia en imágenes de la App +ICAM para seguir denunciando situaciones de este tipo”.