Las transferencias al País Vasco y el cupo catalán amenazan la estabilidad del modelo único de Seguridad Social

El debate sobre la viabilidad de la Seguridad Social sigue abierto y preocupa a profesionales y a la opinión pública. Del 3 al 5 de octubre, en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial de Córdoba, se han desarrollado las XVII jornadas de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS).

En estos dos días se analizó la situación financiera de la Seguridad Social y los riesgos añadidos que supondrían las transferencias de su régimen económico, así como la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el modelo competencial de la carta magna en esta materia.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de Rocío Blanco, consejera de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía y clausuró el propio Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, quien volvió a señalar el mensaje institucional de que las pensiones están en buen estado y que la entrada del MEI en el 2023 va ayudar a consolidar las pensiones.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se refiere a un incremento del 0,6 % de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas y de los trabajadores. Concretamente, un 0,5 % a cargo de la empresa y un 0,1 %, del trabajador. El MEI es aplicable a las bases de cotización por contingencias comunes.

Según explicó Miguel Ángel García, investigador asociado de FEDEA, las transferencias del Estado a la Seguridad Social alcanzaron en 2022 los 58.332,42 millones de euros, lo que supone el 4,29 % del PIB. El saldo negativo del nivel contributivo, sin contar el régimen de clases pasivas alcanzó los 33.438,42 € y afecta a todas las autonomías salvo Baleares y Madrid, que presenta un muy ligero superávit.

Cabe destacar el déficit del País Vasco, 4.269,51 euros con el agravante de que todo hace pensar, atendiendo a las liquidaciones del cupo, que la Comunidad Autónoma no aporta ni a las transferencias del Estado a la Seguridad Social ni a los intereses de la deuda.

En el debate quedó claro que esta situación se agravará considerablemente con el régimen fiscal que se anuncia para Cataluña, que reducirá significativamente los ingresos del Estado, en un importe que inicialmente puede cifrarse en 30.000 millones.

Por lo que se refiere al TC, en estas jornadas se indicó que sus pronunciamientos en esta materia, que han culminado con las sentencias 19/24 y 32/24, que desestiman los recursos de inconstitucionalidad de VOX y PP contra la trasferencia al País vasco del IMV, no parecen, en principio, autorizar un proceso de transferencias que reduzca el papel del estado al de mero legislador.

Herminio Losada, letrado del TC y del cuerpo de Letrados, debatió con José Luis López-Tarazona la jurisprudencia del TC en esta materia.

Un momento crucial para la Seguridad Social

Para José Luis López-Tarazona, presidente de esta asociación de juristas, según ha declarado a Economist & Jurist, “estamos ante de uno de los temas claves en estos momentos». «Nos preocupa que ya se den por hechas las transferencias al País Vasco, como señala el PNV. En el propio País Vasco la única representación que hay del Estado es la Seguridad Social. Ya no queda más en estos momentos”, señala.

Para este cuerpo de letrados, una transferencia de la gestión de la Seguridad Social sería el final de la caja única, tal y como se ha entendido en estos últimos años. “Al final, se trata que las pensiones formalmente las abone con su sello el Gobierno vasco a sus conciudadanos cuando se jubilen, pero sea la caja única, sin aportación del País Vasco, la que financie los más de 4000 millones de déficit que como apuntó FEDEA presenta la comunidad autónoma en materia de pensiones», indica..

A juicio de este jurista, con el anunciado régimen fiscal catalán, “se llame como se llame, lo que se va a hacer es un concierto que va en la misma dinámica que el vasco». Y denuncia que «hay una opacidad notable en cómo se hacen las cuentas del cupo», destacando que ese déficit prestacional «precisará de aportaciones complementarias del Estado» porque duda de que se aporten desde la Generalitat y el Gobierno Vasco.

Finalmente, los representantes de los cuerpos superiores de funcionarios de la Administración de la Seguridad Social, técnicos, interventores y médicos inspectores coincidieron en su rechazo final al proceso de transferencias.

La conclusión que se alcanza tras la celebración de las jornadas es que el Estado debe desempeñar un papel preferente en la gestión del nivel contributivo de la Seguridad Social, mediante la creación de la tantas veces anunciada Agencia.

El proceso de transferencias puede jugar, en todo caso y con todas las cautelas precisas, en el ámbito del nivel no contributivo de protección y en el marco del pacto de Toledo y de la Agencia, nunca como contrapartida al coyuntural apoyo parlamentario de un partido nacionalista.

Urge crear la Agencia Estatal de la Seguridad Social

Los cuerpos de funcionarios de la Seguridad Social, interventores, técnicos y letrados propugnan su reconocimiento como cuerpos de habilitación nacional. No sólo por un legítimo interés corporativo, sino porque ello es garantía de unidad de criterio en el reconocimiento de derechos y la imposición de cargas.

Este colectivo de profesionales se sentiría perjudicado de forma notable en un proceso de transferencias de este tipo. “Queda por saber como se cubrirían esos puestos de trabajo. Nosotros propugnamos que en un hipotético traspaso de competencias, los puestos sigan siendo cubiertos por funcionarios de los cuerpos superiores de Seguridad Social, mediante convocatorias de la Administración General del Estado”, indica.

En estas jornadas, los intervinientes han puesto su preocupación por la Seguridad Social ante el cupo catalán y las transferencias al Pais Vasco.

“Al final, y esto es lo más relevante, de lo que se trata es de haya un criterio de actuación en toda España, lo que no se consigue limitando el papel del Estado al de mero legislador. De ahí que reclamemos la habilitación nacional es algo esencial en estos momentos”, manifiesta.

Para los letrados, “resulta inaplazable la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social, contemplada ya como una recomendación explícita en el Pacto de Toledo en el lejano 1995 y reiterada en   la disposición final tercera de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que ha sido incumplida, al transcurrir el plazo autoimpuesto para su implantación”.

Por el momento, desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, primero con Jose Luis Escrivá y ahora con Elma Saiz, se guarda silencio y se desconocen las razones de dicho retraso.

“Si bien una situación actual de tanta fragmentación política, con los intereses nacionalistas catalanes y vascos en primer plazo, no parece propicia para la creación de la Agencia, la Agencia Estatal de la Seguridad Social y la habilitación nacional de los cuerpos de funcionarios deben preceder a cualquier proceso de transferencias que, en todo caso, debe abordarse, en sus líneas maestras, en el marco del Pacto de Toledo”, opinan los Letrados.

Las jornadas contaron con una nutrida representación (en torno a 175 letrados), lo que supone el 50% del colectivo y un notable elenco de intervinientes (Lourdes López, catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Cantabria; Miguel Ángel García, investigador asociado de FEDEA, Herminio Losada, letrado del Tribunal Constitucional y Letrado de la Seguridad Social)

Intervinieron también como ponentes y comunicantes letrados miembros de ALSS, Blas Oliet, Carlos Ruiz de Toledo, José Antonio Martínez y José María Pérez. Por su parte,  Alberto Llorente, director del servicio Jurídico, tuvo unas emotivas palabras de recuerdo para María Ángeles Lozano, su antecesora en el cargo reciente y tristemente fallecida.

Las jornadas contaron también con la participación de representantes de las organizaciones sindicales y CEOE, que expusieron sus puntos de vista sobre el proceso de transferencias y el reciente acuerdo de reforma de pensiones, apuntando que no había sido objeto de negociación la posible compatibilidad de las bajas de IT con una progresiva incorporación al trabajo, anunciada por el ministerio. Por el momento, la postura de UGT y CCOO se alinean con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, no partidarios  de esa baja laboral flexible.