Más de 292.000 dependientes esperan que Gobierno y CCAA aporten los 2.000 millones de euros anuales que financien sus necesidades

Dieciséis años después de aprobarse la Ley de Dependencia el 16 de diciembre de 2008, la aplicación de esta norma, que sí nació con memoria económica, pero que sufrió los recortes de los gobiernos en el poder desde 2012 a 2021, sigue siendo una losa. Los más de 292.000 dependientes que esperan esa ayuda no han logrado resolver su situación de vulnerabilidad, pese a los avances que ha habido en la financiación.

El informe de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales, vinculado al Observatorio de la Dependencia que impulsa este colectivo, es un detallado trabajo que anualmente se da a conocer deja claro que hay un problema de financiación de la dependencia, como indica uno de sus impulsores, José Manuel Ramírez. “Se habla de financiación de las CCAA pero no se fija una partida estable para la dependencia. No puede entenderse”, afirma.

Según aclara, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Destaca que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo. Harían falta 2000 millones de euros anuales entre Gobierno y CCAA para atender las necesidades de nuestros dependientes.

En conversación como Economist & Jurist explica el momento actual de las ayudas a la dependencia no es bueno. “Pese al esfuerzo del Gobierno de España, este 2024 no ha habido presupuesto y hay CCAA que han aportado poco. Eso genera que la financiación de la dependencia es insuficiente para atender a todas las personas que habría que atender y están en lista de espera”, manifiesta.

Su diagnóstico sobre la situación es preocupante: “Todo el mundo habla ahora de la financiación de las CCAA, es uno de los temas de las tertulias y de los partidos políticos en sus debates en el Congreso, pero  no se habla para nada de la financiación para la dependencia que tiene un rostro humano muy determinado. Hay mucha gente que lo esta pasando mal porque no recibe estas ayudas, algunas de ellas ya concedidas. No entendemos como se ha sustraído a ese debate sobre la financiación la cuestión de la dependencia”.

Desde su punto de vista, se habla de Pacto de Estado para muchas cuestiones, pero sobre este tema no se ha hecho nada en los últimos quince años, con gobiernos de todos los colores. Con este Pacto de Estado se podría intentar atender a las personas mas vulnerables de nuestro país, muchas de ellas sin recursos económicos, con las garantías presupuestarias necesarias  y con la pericia de los gobernantes a la hora de gestionar los recursos.

Para este profesional, “no es tanto hacer una reforma de la Ley de Dependencia como se ha dicho en algunos foros políticos, sino que nuestros gobernantes cumplan la ley en toda su extensión, sin ningún tipo de ambigüedad. Esta ley debe cumplirse y a partir de ahí se puede estudiar alguna modificación vía Real Decreto para que en estos casos el procedimiento administrativo sea más ágil que el actual y mucho mejor”, indica.

El Observatorio de la Dependenncia, con José Manuel Ramírez al frente de esta asociación de directores y gerentes, analiza la situación actual del modelo de dependencia en nuestro país. (Imagen; Juan Lázaro, Observatorio Dependencia)

Ahogados por la burocracia

En cuanto a la burocracia para ser reconocido como dependiente y recibir las ayudas, la situación sigue bastante mal, por lo que nos comenta este profesional de la asistencia social que “todavía es un gran obstáculo para que llegue a las familias que lo necesitan. Esas 292.000 personas en lista de espera siguen atrapadas en un laberinto burocrático que hace que estén esperando valoración  de su situación, la propia prestación o dándole esa prestación definitiva”.

Sobre la cantidad necesaria para ayudar a los dependientes de nuestro país y sus familias, Ramírez indica que “haría falta la aportación en los tres años de legislatura que quedan al Gobierno de unos 600 millones de euros y las CCAA que incrementasen su presupuesto.

En este informe se dice que durante el Plan de Choque (2020-2023) el Gobierno de España incrementó su aportación para la Dependencia en un 138% frente al 9% del incremento de las CC.AA. En 2024. al no aprobarse los presupuestos no ha habido incremento. Esos 600 millones que provienen del Estado sirven para atender a unas 10.000 personas de la lista de espera.

Sin embargo, nuestro interlocutor subraya que los efectos de ese Plan han sido limitados por la impericia de nuestros gobernantes para gestionar dichos recursos económicos. De hecho la lista de espera se ha reducido pero sigue siendo muy elevada en estos momentos. “Los Gobiernos de Castilla y León, Galicia y Aragón hicieron caja con el incremento de los PGE para dependencia durante el Plan de choque, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes», detalla.

En este informe se indica que la aportación para dependencia del gobierno de España en 2023 alcanza el 29% frente al 71% de las CC.AA. Para alguna Comunidad ya supera el 40%.  Las Comunidades que menos porcentaje aportan en Dependencia son Galicia (59%), La Rioja (59%), Andalucía (62%) Y Castilla y León (63%) y las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunidad Valenciana (78%).

Los expertos como Ramírez piden al ministro Pablo Bustinduy de Agenda 2030 y Derecho Sociales que no reforme la Ley de Dependencia sino que se cumpla en su integridad (Imagen: Ministerio de Agenda 2030 Derechos Sociales y Consumo)

Financiación desigual en las CCAA

Hasta 40.447 personas fallecieron el pasado año en las listas de espera de la dependencia. Y durante los primeros seis meses de este año, cada 15 minutos muere una persona esperando las prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia a las que tiene derecho.

Al mismo tiempo revela que tres comunidades han disminuido durante el Plan de Choque, el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, en millones de euros:  Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la Comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

Un total de 11.522 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023: 8.230 millones por parte de las Comunidades Autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%).

Se mantiene la acusada desigualdad territorial, siendo las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 €), Extremadura (2.599 €) y Navarra (2.413 €), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 €) Canarias (1.248 €) y Galicia (1.073€).

Las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos (las más financiadas por la AGE) son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).

Año tras año las Comunidades Autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, si en el año 2010 eran dos de cada tres euros destinados a estas políticas, en el año 2023 se han reducido en 9 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales.

Esta tendencia se ha agudizado en 2023, donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos de las Comunidades Autónomas (+15.469 M€) y, sin embargo, sólo el 12,58% de esta cantidad (1.946,6M€) se destinaron a políticas sociales.  La Comunidad de Madrid es la Comunidad Autónoma que menos invierte en políticas sociales. Cada habitante de esa Comunidad recibe 660 euros menos en políticas sociales que la media nacional.

En el 2022 el Consejo Interterritorial de salud y dependencia indicó las subidas de la ayuda a la dependencia que han sido irregulares en algunas CCAA. (Imagen: Ministerio de Sanidad )

Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que fueron especialmente drásticos en 2013 condujeron a que, en ese año 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros.

Desde el año 2014 y hasta el año 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas. En los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, ha ido aumentando en gran medida el gasto social hasta los 149.636 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2022. Haber contado con Presupuestos Generales del Estado ha propiciado el aumento de inversión en políticas sociales, aunque no ha sido igual en todas las comunidades autónomas.

Presupuestos autonómicos a la baja

Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue de 67,4%, mientras que en el año 2023 fue de 58,4% actuales. Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en 2023.

Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las CC.AA. sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales), mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo (6 veces más). Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las Comunidades Autónomas.

José Manuel Ramírez subraya que en este 2024, año en el que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia, hay que denunciar el incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel.

Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley.