Antonio Salas: «Habría que invocar la intervención del Rey para que condicione la firma de la amnistía a un referéndum»

«Habría que invocar la intervención del Rey para que condicione la firma de la amnistía a un referéndum consultivo». Así lo declara a Economist & Jurist el magistrado emérito de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) Antonio Salas Carceller, con 43 años de servicio en la carrera judicial, quien considera que «estamos en manos de políticos sin altura de miras ni sentido de Estado ni de la responsabilidad» y que «la ley de amnistía no sólo es un fraude político y jurídico, sino también democrático».

También aborda en esta entrevista el caso Koldo, los indultos y el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y habla sin tapujos.

Antonio Salas (Murcia, 1952) aprobó la oposición en 1977, con 24 años. Al ascender a magistrado, en 1981, tuvo que desplazarse al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vitoria y fue «la etapa más dura y peligrosa» que ha vivido», ya que «era la época intensa de ETA» y la banda asesina tenía a los magistrados en el punto de mira, y él no tenía escolta.

De 1984 a 2005 estuvo destinado en su tierra, llegando a ser presidente de la Audiencia Provincial, hasta que en junio de 2005 ingresó en la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se encarga de asuntos civiles y mercantiles e integran 10 magistrados. En noviembre de 2020 obtuvo la jubilación voluntaria, con 67 años –podría haber estado hasta noviembre de este año, hasta los 72 años, el máximo que permite la carrera judicial–, y todavía sigue sin cubrirse su plaza como consecuencia de la reforma aprobada posteriormente que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Desde entonces, colabora como consultor externo con el despacho familiar SRF Abogados, con sede en Murcia, integrado por su hija, su yerno y dos socios.

Economist & Jurist (E&J): El ministro Bolaños admite que aprobarán la amnistía a pesar de que la mayoría de la sociedad «discrepa de la ley». ¿Qué opinión le merece? 

Antonio Salas (A.S.): En estas condiciones, la ley de amnistía no sólo es un fraude político y jurídico, sino que, además, es un fraude democrático porque se hace a espaldas del pueblo español, después de afirmar quienes ahora la promueven que no se daría porque no cabía en la Constitución. Así lo dijo incluso la señora Carmen Calvo que, al parecer, es profesora de Derecho Constitucional y que cambió radicalmente de opinión a la vista del resultado de las elecciones, diciendo ahora que sí cabe y es perfectamente constitucional. No obstante, el Gobierno la considera -quizás por ese cambio de opinión- como una jurista de “reconocido prestigio” y la premia con la presidencia del Consejo de Estado.

Antonio Salas, en su toma de posesión como magistrado de la Sala Primera del Supremo, en junio de 2005. (Imagen: E&J)

E&J: ¿Qué consecuencias tendrá la ley de amnistía, además de que se borra una sentencia penal firme del Tribunal Supremo y se le pone una alfombra roja a un fugado de la justicia para que vuelva?

A.S.: La primera consecuencia es el ridículo internacional que representa admitir, por puro interés aritmético de lograr unos votos, que un Estado de Derecho como el nuestro ha ejercido “represión judicial” sobre unas personas que no sólo “pusieron urnas para votar”, como dicen, sino que burlaron la autoridad del propio Tribunal Constitucional y alentaron la violencia en las calles.

Ahora les pedimos perdón por ello, pese a que no renuncian a repetir estas actuaciones y a proclamar unilateralmente la independencia si el Estado no acepta la celebración de un referéndum. El Gobierno es consciente de ello, pero espera que sea después de esta legislatura. No obstante, si realmente lo van a hacer así los independentistas -repito, si finalmente lo van a hacer- deberían promoverlo en el curso de esta legislatura para ver qué soluciones adopta el Gobierno frente a ello.

E&J: ¿El Gobierno es rehén de un chantaje o un socio colaborador de los que no quieren a España ni a los españoles? 

A.S.: Evidentemente sí y, admitiendo que existen independentistas de verdad que en absoluto quieren formar parte de España, creo que la raíz última del independentismo está en la balanza fiscal, de modo que si Cataluña recibiera del Estado más de lo que aporta en términos económicos no existiría ese afán independentista. Sobre todo porque, aunque digan lo contrario, saben que la independencia comportaría quedar fuera de la UE.

«Los partidos están usando los indultos a su antojo, por lo que esta figura tiene que ser revisada»

E&J: ¿Estamos en manos de políticos sin altura de miras ni sentido de Estado ni de la responsabilidad? 

A.S.: Por supuesto, creo que muy pocas personas serían capaces de hacer lo que está haciendo el presidente del Gobierno, que lo es de todos los españoles. Me parece una gran imprudencia que -por simple interés personal siguen otras personas cuyos cargos dependen de su subsistencia política- se asuman pactos en beneficio de una parte de los españoles con claro perjuicio para el resto.

Salas Carceller, posando en la tribuna del Senado, en una visita que hicieron varios magistrados del Tribunal Supremo a la Cámara Alta en 2016. (Imagen: E&J)

E&J: La ley de amnistía se vende diciendo que es por el “bien del pueblo”. Ahora sale a la palestra Zapatero diciendo que «la democracia es amabilidad, hospitalidad, un permanente acto de reconciliación»… ¿Qué le diría? ¿Qué es lo que, a su juicio, sería para el bien del pueblo?

A.S.: El Sr. Zapatero es uno de los grandes culpables de esta situación. En cuanto llegó al Gobierno en 2004, una de sus primeras medidas fue eliminar en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndums ilegales, quizás por entender que en absoluto se iba a producir tal situación. Sin duda, pecó políticamente por ignorancia y por imprudencia y ahora habría que pedirle explicaciones sobre ello. Probablemente, si ese tipo penal se hubiera mantenido no habría ocurrido lo que pasó en 2017.

«Zapatero es uno de los grandes culpables de esta situación»

E&J: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, como dice el artículo 92.1 de la Constitución. ¿Es un caso adecuado para invocar la intervención del Rey para que condicione la firma de la amnistía a un referéndum consultivo? 

A.S.: A mí me parece que presentar a la firma del Rey -titular del derecho de gracia según la Constitución- una ley de amnistía, sabiendo que la mayoría del pueblo español está en contra, supone un grave desprecio al pueblo español y al propio jefe del Estado; sobre todo cuando la aprobación de dicha ley responde a una finalidad que nada tiene que ver con la naturaleza de la amnistía. Una decisión política como es la concesión de una amnistía requeriría una mayoría reforzada que, sin duda, habría previsto la Constitución si la hubiera contemplado; mayoría que no se daría en la actualidad. 

Pero cuando se entra en el abuso de una mayoría aritmética “anti natura” como es ésta, sucede lo que sucede. ¿Qué explicación tiene que la Constitución -razonablemente- exija una mayoría de 3/5 en cada Cámara para nombrar vocales del CGPJ y, sin embargo, se pueda conceder una amnistía simplemente con el voto de la mitad más uno de los diputados del Congreso? Evidentemente, esa ley debería presentarse al Rey con el respaldo de la mayoría del pueblo español mediante una consulta previa.

Salas estrechando la mano al Rey en septiembre de 2017, en el acto de apertura del año judicial. (Imagen: E&J)

E&J: ¿Qué piensa de cómo está cubriendo el tema la televisión pública? Informa de que la Comisión de Venecia considera que la reconciliación social y política podrían legitimar una ley de amnistía, que, por cierto, el texto estudiado es un borrador de noviembre…

A.S.: Yo sigo poco la televisión pública, pero, por lo que he visto, creo que no cumple bien con su función de neutralidad política. Utilizar un borrador de la Comisión de Venecia, sin un texto definitivo de la ley, no tiene sentido. En situaciones de excepción una amnistía puede desempeñar una función social y política loable, pero no cualquier amnistía; y ésta, por supuesto, a mí me parece ilícita por su origen y por su finalidad.

«El caso Koldo no ha hecho más que comenzar y hasta ahora sólo hemos visto las primeras ramificaciones, que ya son graves»

E&J: ¿La figura del indulto tiene que ser revisada? Es una facultad de los jefes del Estado, no del Gobierno. ¿Los partidos la usan a su antojo?

A.S.: Así es, y la prueba más evidente es que la Ley de Indulto tiene más de 150 años (es de 1870) y, aunque se ha reformado alguna vez, nunca se ha querido acometer su sustitución por una nueva ley, que debía ser una ley orgánica y no una ley ordinaria. En tal caso se plantearía la dificultad de decir claramente a quién corresponde ejercer el derecho de gracia -la Constitución lo atribuye al Rey-. Es curioso que la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, al enumerar en su artículo 5 las funciones del Gobierno en ningún momento habla de la concesión de indultos.

No discuto que el Rey deba firmar, y de hecho lo ha hecho siempre, lo que le propone el Gobierno porque los intereses de una y otra institución deben ser coincidentes y a la vez con el sentir de los ciudadanos, pero si en un caso concreto no procediera otorgar la gracia (como ocurre en este caso la amnistía) nada debía impedir negar la firma o condicionarla a una consulta previa a los ciudadanos.

En una jornada de puertas abiertas del Tribunal Supremo explicando los pormenores de la Justicia a los niños. (Imagen: CGPJ)

E&J: Por cierto, ¿qué opina del caso Koldo?

A.S.: Son episodios que periódicamente nos demuestran que, aunque en la mayoría de los casos los cargos públicos se comportan de modo adecuado, hay excepciones y, cuando suceden, los partidos políticos emprenden una batalla para ver cuál es más o menos corrupto en lugar de buscar verdaderas soluciones  de común acuerdo.

Este asunto no ha hecho más que comenzar y hasta ahora sólo hemos visto las primeras ramificaciones, que ya son graves, pues ponen de manifiesto que, pese a producirse los hechos en momento de emergencia sanitaria, no se adoptaron ni las más mínimas precauciones respecto de una empresa que prácticamente carecía de actividad, lo que podía constatarse simplemente consultando en Internet. Es muy grave que desde el Ministerio de Fomento se indujera insistentemente a otras Administraciones a contratar con dicha empresa y desde luego no son satisfactorias las explicaciones dadas en el caso del anterior Gobierno de Baleares que, sabiendo que tenía que reclamar la devolución de dinero público por incumplimiento, deja pasar tres años sin hacerlo y lo hace en el último momento, lo que puede generar la sospecha de que en caso de haber continuado el mismo Gobierno, quizás no se habría efectuado nunca.

«La renovación del CGPJ no se debe acordar entre dos en la Moncloa, sino en el Parlamento, que es a quien corresponde»

E&J: Se han cumplido ya cinco años de bloqueo del CGPJ. ¿Por qué sigue sin renovarse y qué debería hacerse primero? 

A.S.: Esto es una anomalía que está afectando muy gravemente al Poder Judicial. Es consecuencia del sistema vigente, que atribuye los nombramientos a las Cámaras las cuales, en este sentido, no han cumplido sus funciones constitucionales por medio de sus presidentes como resulta obligado. La renovación no se debe acordar entre dos en la Moncloa, sino en el Parlamento que es a quien corresponde. Por otra parte, sin restar culpa a nadie, lo que se comenta sarcásticamente es que si Puigdemont exigiera el cambio de sistema en la elección ya estaría hecho por siete votos, mientras que el PSOE no cede en este tema ante el PP que tiene 137 diputados y mayoría absoluta en el Senado.

Respecto de la renovación del Poder Judicial, se podría cambiar en poco tiempo el sistema para que los 12 jueces en activo fueran elegidos entre los propios jueces y antes del verano tener renovado el Consejo.

Antonio Salas firmando su cese por jubilación voluntaria. (Imagen: E&J)

E&J: Su plaza en el Supremo sigue sin ser cubierta. Ya hay 25 vacantes…

A.S.: Creo que mi plaza es de las más antiguas que están aún sin cubrir. Cuando yo me jubilé no existía la limitación que después se impuso al Consejo en funciones prohibiéndole hacer nombramientos salvo, curiosamente, los de magistrados del Tribunal Constitucional porque interesó en ese momento. Es un absurdo lógico y jurídico que un Parlamento limite las funciones de un órgano constitucional por la simple razón de que el propio Parlamento resulta incapaz de cumplir su función de proceder a su renovación.

E&J: ¿Cómo se ven las cosas desde fuera en lo que se refiere a la Administración de Justicia?

A.S.: La Administración de Justicia, con sus luces y sus sombras, sigue cumpliendo sus funciones de la mejor forma que le resulta posible, pese a la falta de jueces y de medios que siempre ha padecido. 

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