Asufin denuncia a España ante la Comisión Europea por no transponer la Directiva de acciones colectivas

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado a España ante la Comisión Europea por llevar dos años de retraso en la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva.

La Directiva 2020/ 1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 debía haberse transpuesto en diciembre de 2022. Sólo quedan cuatro países en Europa que no lo han hecho: España, Francia, Estonia y Bulgaria.

Asufin advierte en su denuncia que el Gobierno español «no sólo está demorando en plazo la aprobación de la nueva ley, sino que ha decidido retirar el texto de la tramitación parlamentaria por acuerdo con otros partidos políticos, lo que supone que, en la práctica, sea materialmente imposible que se tramite y apruebe la transposición de la Directiva en 2024 y, salvo que se tomen medidas de urgencia, podría demorarse un año más».

Por ello, ha denunciado esta situación ante las autoridades europeas, con el apoyo de la asociación de consumidores europeos —BEUC, en sus siglas en inglés— para que el Ejecutivo comunitario inste al Estado español «a su transposición inmediata», ya que la Comisión Europea tiene como mandato garantizar un cumplimiento homogéneo del derecho de la UE en todo el territorio de la Unión, y la falta de transposición en plazo «quebranta el ordenamiento jurídico europeo». 

«Es absolutamente imprescindible que nuestro país aborde la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva porque nos estamos jugando el derecho de defensa de todos los consumidores. Resulta lamentable comprobar cómo nuestro país es farolillo rojo de la UE, sólo acompañado de tres países más, en no haber transpuesto a tiempo esta directiva, nada menos que dos años de retraso llevamos ya acumulados», declara a Economist & Jurist la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

«Sin la mejora del marco normativo de demandas colectivas, estamos resignados a que los pleitos que nacen de un abuso generalizado queden sin respuesta por parte de los tribunales. El abuso masivo requiere de dotarnos de herramientas de defensa masivas», sentencia.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin. (Imagen: Asufin)

Asufin denuncia «el fracaso» de las demandas colectivas: acumulan retrasos de hasta ocho años en los tribunales

Esta asociación denuncia «el fracaso de las demandas colectivas en nuestro país, hasta ocho años estancadas en los tribunales», y sostiene que es «imprescindible la aprobación de un marco legal con marchamo europeo para presentar acciones colectivas». «Sin la mejora del marco normativo de demandas colectivas, estamos resignados a que los pleitos que nacen de un abuso generalizado queden sin respuesta por parte de los tribunales. El abuso masivo requiere de dotarnos de herramientas de defensa masivas», afirma.

En su denuncia expone que «en nuestro país, la regulación actual de las acciones colectivas es deficitaria y ha dado lugar a la mayor diversidad de pronunciamientos judiciales», como ocurrió, por ejemplo, con la famosa demanda colectiva de cláusula suelo.

“El propio Tribunal Supremo se ha visto incluso en la tesitura de consultar al TJUE sobre su propia interpretación de este medio de litigación con efectos sobre determinados consumidores afectados por cláusulas abusivas”, recuerda.

De la veintena de demandas colectivas presentadas por Asufin, sólo han finalizado cuatro procedimientos, mientras que el resto siguen aún en marcha, algunos, interpuestos en 2016 y 2017, no se han resuelto todavía acumulando ya siete y ocho años de retraso», según informa Patricia Suárez.

Señala que se ha visto «obligada a presentar de forma paralela demandas individuales para que los consumidores vieran concluidos sus procedimientos y su dinero devuelto con la mayor celeridad y efectividad, y aun así muchos han esperado hasta 10 años para ello». «No tiene sentido y supone un despilfarro de dinero y tiempo», critica esta asociación.

(Gráfico: Asufin)

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha abierto la vía a reclamar una indemnización al Estado por la lentitud de la Justicia: declara que esta acción será «pertinente y útil» sin necesidad de plantear un recurso de amparo ante este propio tribunal.

«De este modo, la insoportable lentitud en la tramitación de acciones colectivas, su deficiente marco legislativo en especial  y los propios pronunciamientos al respecto de nuestro Tribunal Supremo, han producido el efecto de disparar el número de litigios individuales sobre una misma cláusula abusiva, lo que supone un enorme perjuicio sobre el propio consumidor, pero también sobre la propia Administración de Justicia y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», señala Asufin.  

Unos litigios que «se demoran más de cinco años en la primera instancia», denuncia esta asociación, y hace hincapié en que «las acciones de representación, conocidas como class action o demandas colectivas, son un derecho consagrado ya en el ordenamiento jurídico europeo, del que también tienen que ser partícipes los consumidores de nuestro país». 

«Nuestro Gobierno está jugando con los derechos de los consumidores españoles, condenándoles a ser europeos de segunda en el marco de defensa frente a los perjuicios que puedan sufrir en todo tipo de ámbitos, sanitario, digital, económico, entre otros muchos”, lamenta Patricia Suárez.

(Gráfico: Asufin)

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