Cómo actuar frente a la okupación

La situación de las okupaciones y los robos en España ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15,289 infracciones penales relacionadas con el allanamiento de viviendas. Esta oleada delictiva se ha visto facilitada, en parte, por la falta de vigilancia y la tardanza en las resoluciones judiciales, lo que, a su vez, ha contribuido al aumento de la actividad delictiva en nuestras ciudades.

El fenómeno del movimiento okupa merece un análisis profundo. Este movimiento, que surgió como una respuesta a la crisis de vivienda, ha derivado en situaciones de confrontación donde el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna chocan de manera evidente. A pesar de las intenciones de proporcionar refugio a quienes carecen de un hogar, la ocupación ilegal no es la solución. Para los propietarios cuya vivienda ha sido okupada, la legalidad puede parecer compleja y desalentadora, pero existen recursos y pasos que pueden ayudar a enfrentar esta situación.

Primero, es fundamental comprender los medios que tienen los propietarios para actuar. En un caso de ocupación, lo más recomendable es contactar a las autoridades de inmediato. La Ley de Seguridad Ciudadana permite actuar en situaciones de ocupación ilegal, aunque la respuesta puede variar en función de las circunstancias específicas. Documentar la situación con evidencia clara es esencial; tener a mano documentos que demuestren la titularidad de la propiedad, como escrituras y recibos, puede marcar la diferencia en cualquier procedimiento judicial.

La vía judicial, aunque efectiva, puede ser larga y costosa. Sin embargo, es importante mencionar la Ley Anti-Okupa, implantada en 2020, que ha creado rutas más rápidas y eficaces para desalojar a los ocupantes ilegales de una vivienda habitual. Este mecanismo permite iniciar un procedimiento civil en un tiempo reducido, lo que es una ventaja para aquellos propietarios que se ven atrapados en este desalentador escenario.

La Constitución Española (CE) establece, en su artículo 47, que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Sin embargo, la falta de acción legislativa frente a la ocupación ilegal ha dejado a muchos propietarios en una situación de desamparo. La realidad es que, en lugar de proteger ese derecho fundamental, las leyes actuales parecen facilitar un entorno donde la ocupación puede proliferar, lo que se traduce en una vulnerabilidad tanto para propietarios como para inquilinos legítimos.

Los mandatarios políticos tienen la obligación de intervenir y reformar la legislación para abordar esta problemática de manera integral. No se trata de criminalizar la pobreza ni de ignorar las necesidades de aquellos que buscan un hogar. Se trata, más bien, de encontrar un equilibrio que proteja los derechos de todos los ciudadanos, asegurando a la vez la protección de la propiedad privada.

Una legislación más efectiva podría establecer protocolos claros y rápidos para el desalojo de ocupaciones ilegales, garantizando el acceso a la justicia sin que los propietarios tengan que enfrentar un proceso largo y arduo que, muchas veces, parece interminable. También debería abordarse la necesidad de soluciones alternativas para quienes se encuentran en riesgo de exclusión social, en lugar de dejar que el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad se convierta en un campo de batalla sin resolución.

De igual manera, es imperativo que las administraciones públicas trabajen en la promoción de políticas habitacionales que garanticen un acceso justo y equitativo a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La mejora de la oferta de vivienda asequible, junto con programas de mediación que ayuden a resolver conflictos entre propietarios e inquilinos, puede ser una forma eficaz de prevenir situaciones de ocupación y, a su vez, desescalar las tensiones sociales que estas generan.

Es un hecho que los desafíos en el acceso a la vivienda y la realidad de las ocupaciones en España son multifacéticos, pero la responsabilidad de abordar estos problemas no puede recaer sobre los ciudadanos. El gobierno y la oposición deben actuar con rapidez y decisión, y asumir la responsabilidad que les confiere sus puestos de liderazgo. Los españoles merecemos una solución que, en última instancia, respete y promueva el derecho a una vivienda digna.

Al final del día, es fundamental recordar que la seguridad y el bienestar de las personas en sus hogares no deben ser objeto de discusión ni depender de la buena voluntad de los ciudadanos. Necesitamos un marco legal que, en vez de ser un obstáculo, sirva de herramienta para garantizar la paz y la estabilidad en nuestros vecindarios. La sociedad española está a la espera de un liderazgo responsable que tome las riendas de este problema y trabaje hacia un futuro más justo y seguro para todos.