Comunidades autónomas y operadores jurídicos reclaman que la reforma de los tribunales de instancia tenga las inversiones adecuadas

Comunidades autónomas (CC. AA.), jueces, abogados, fiscales, procuradores y letrados de la Administración de Justicia (LAJs) muestran su preocupación ante la implementación de la Ley 1/2025 sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia, y por la dotación presupuestaria que necesita la misma para que esté operativa.

La carta enviada por el consejero de Justicia, Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, —que cuestiona al ministro la financiación prevista para esa normativa y reclama ayuda económica ante la inversión de 40 millones de euros que tendrá que hacer la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)— ha reabierto el debate de las inversiones económicas. Una opinión donde todos los operadores jurídicos consultados opinan de forma similar.

García le explica a Bolaños que “la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha atribuido a las comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia la responsabilidad exclusiva de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios”.

También revela que “pese a la enorme carga que dicha Ley atribuye a las CC. AA. con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta, de ninguna forma, a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta. De igual modo, tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva en cada uno de nuestros territorios”.

“Según los cálculos que hemos realizado”, indica el consejero a Bolaños, “la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrán, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid”.

“A lo anterior debe sumarse el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos”, ha asegurado.

Abogados, preocupados

Para Santiago Milans del Bosch, abogado con despacho propio, especializado en Derecho Público y jurisdicción Contenciosa tras ser muchos años siendo socio en Cuatrecasas tras su etapa de juez y fiscal, La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se presenta como una normativa extensa, sin embargo, es preocupante que una reforma judicial de tal importancia no haya sido debatida e informada adecuadamente por las instituciones, los órganos y las corporaciones que algo tienen que decir respecto de la admisión de Justicia.

“Curiosamente, la Ley no hace referencia al Poder Judicial (único “poder” que con este nombre recoge la Constitución) ni a la independencia en sus funciones y labor, y la debida exigencia del respeto a las decisiones de jueces y magistrados, así como a la colaboración por parte de todos con la justicia, centrándose únicamente en el sistema de justicia. La Ley no regula algo fundamental que afecta directamente al Estado de derecho, como es la defensa y protección de la independencia judicial del poder judicial, sin importar que esta se lleve a cabo a través de órganos colegiados, como los tribunales de instancia”.

Desde su punto de vista “se trata de una reforma sin debate, sin una vacatio legis proporcional a la magnitud de la reforma y, lo más alarmante, sin los recursos necesarios. La falta de previsión de recursos económicos, formativos de los funcionarios y de los que asumen un importante papel en la mediación y de recursos materiales para modificación en áreas como la ingeniería, informática, arquitectura judicial y forense, hace prever que la implementación del nuevo sistema de justicia será un desastre. Es extremadamente preocupante que la Ley no aborde estos aspectos críticos para llevar a cabo en un periodo de tiempo de vacatio proporcional a las reformas”.

Santiago Milans advierte que la Ley no está coordinada y faltan medios. (Imagen: Milans del Bosch)

Jueces, preocupados

Fernando Portillo, magistrado especialista en la jurisdicción Contenciosa, es el presidente y portavoz nacional de Foro Judicial Independiente, una de las cuatro asociaciones judiciales del colectivo, señala que “esta Ley no tiene dotación presupuestaria alguna. Desde el Ministerio de Justicia se nos dice que ya se han hecho inversiones para ir preparando esta reforma con anterioridad. En esa reforma incluye las mejoras salariales hechas a funcionarios, jueces y LAJs. Lo incluye como si fuera parte de esa inversión, cosa que es bastante discutible”. “En cuanto a los plazos de entrada en vigor, coincidimos las asociaciones judiciales con la necesidad de una demora. Algunas voces han hablado de vacatio legis de dos años que sería más razonable. El cambio que se hace de la justicia es radical y nos jugamos mucho”.

Para este magistrado “no podemos olvidar que hacer reformas de este calado en nuestros juzgados y tribunales no es sencillo. Hay que recordar que hay comunidad autónoma con competencias transferidas. La justicia es una serpiente de tres cabezas en España, por un lado, los jueces que dependen del Estado y del CGPJ; por otro lado, los LAJs que dependen del Ministerio de Justicia; y finalmente, los funcionaros que están a caballo entre el Ministerio y las CC. AA. con competencias transferidas. Decir que la Ley sale sin coste cuando hay que hacer cambios de calado, aunque sea estructurales, y no haber hablado con las comunidades autónomas, es un problema. En estas reformas debe haber siempre una coordinación”.

Desde su punto de vista “esta es la gran pregunta, quién va a pagar este desarrollo normativo que afecta al mismo tiempo al Estado y a las CC. AA. Es algo que puede condicionar la gran reforma que se quiere poner en marcha de los tribunales de instancia en nuestro país. Es evidente que la carta de la Comunidad de Madrid al ministro Bolaños deja clara una preocupación sobre los costes de esta reforma, que para muchas comunidades autónomas son cuantiosas y habrá que ver como las gestionan”.

Fernando Portillo confiesa que las asociaciones judiciales pidieron al ministro Bolaños más financiación para los tribunales de instancia. (Imagen: Foro Judicial Independiente)

Los LAJs quieren más coordinación

El colectivo de los LAJs es el señalado por el Ministerio de Justicia para la coordinación de toda esta reforma procesal de calado. Sin embargo, como ya se dijo en el evento celebrado por el Colegio Nacional de LAJ sobre el papel de estos letrados en la Administración de Justicia, “la coordinación es escasa con el Ministerio, aún no sabemos los criterios para que pueda impulsarse la oficina judicial este mes de julio. Sorprende que se quiera aprobar ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuando la principal reforma es la del nuevo modelo de justicia con los tribunales de instancia. La vacatio legis debe ser mayor”, aclara Ernesto Casado, presidente del CNLAJ.

La carta a Bolaños ha dejado claro que “gran parte de esos servicios nuevos se van a pagar desde las arcas públicas, sea Estado o CC. AA. Es una utopía que la ley se puede poner en marcha a coste cero que es lo que están diciendo el Ministerio. Hay muchas necesidades de todo tipo en su implementación, sino también inversiones en medios materiales, edificios o reorganización de servicios. Al mismo tiempo habrá que financiar los servicios de los medios alternativos de solución de conflictos (MASC) que se vayan creando. la conciliación no puede ser privada, nos oponemos a ello. Es una medida útil porque mantiene la confidencialidad de la negociación pero que no tiene coste en principio. Lo que es privada es la mediación”.

Otra cuestión que advierte “han tardado demasiado tiempo las CC. AA. en reaccionar y en enterarse de que tendrán que financiar en gran arte esta reforma de la justicia. Deberían haber sido más diligentes porque han mantenido distintas reuniones con el Ministerio de Justicia en este último año. Estamos convencidos que la preocupación del consejero madrileño es la misma que otros de otras CC. AA. en cuanto a cómo financiar esta reforma de tanto calado d la administración de justicia. Al final parece que la norma necesitará de mayor vacatio para ser implementada. Esperamos una avalancha de conciliaciones civiles a partir del mes de abril, porque no tiene coste alguno”.

Los LAJs han reclamado en un reciente evento una ‘vacatio legis’ mayor para la implementación de estas reformas. (Imagen: CNLAJ)

Falta consenso en la Ley

Para Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y secretario general del Consejo General de Procuradores, “una ley de este calado lo lógico es que hubiera gustado el consenso de todos los operadores jurídicos. No ha habido consulta previa y nos hemos encontrado con la reforma ya en marcha. Es una norma muy transversal que afecta a todos los colectivos jurídicos. Nos la encontramos en el BOE y no ha habido una comunicación previa sobre la misma. Nosotros, pese a ello interpusimos nuestras alegaciones que no se han tenido en cuenta”.

Sobre la implementación de la reforma, el decano reconoce que seguimos sin demasiada información, “en sitios como Madrid la implementación va a ser muy complicada frente a poblaciones más pequeñas. Nuestra Comunidad tiene una configuración peculiar de las distintas sedes judiciales, en principio parece inviable y como nos ha revelado el consejero de Justicia en su carta a Bolaños, va a suponer una inversión económica muy importante. Este es un gasto que no estaba previsto en los presupuestos de las distintas CC. AA. con competencias transferidas. La Ley si quiere ser más eficiente necesita de una inversión económica adecuada que propicie que se incorporen más jueces en los juzgados españoles”.

En su opinión “otra cuestión que puede generar problemas es la implementación de los MASC que preocupa a los operadores jurídicos, al final la norma habla que se tendrá en cuenta cualquier actividad negociadora antes de interponer la demanda Civil o Mercantil en el juzgado. Pero ese concepto es muy indeterminado. Todo dependerá del criterio de los jueces y de cómo lo interpreten al final esa forma de haber intentando la negociación entre las partes. Ya en muchas de las demandas que se interponen van con cierto requerimiento a la otra parte. Habrá que ver realmente como se implementan estas soluciones extrajudiciales aglutinadas alrededor de lo que se entiende por MASC”.

Alberto García cree que a la norma le ha faltado consenso. (Imagen: Colegio de Procuradores de Madrid)

La justicia funciona mal

Desde San Sebastián, donde la APIF celebra su Congreso Nacional, Miguel Pallarés señala que “la justicia como servicio funciona de forma deficiente porque las competencias se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas. A falta de buena coordinación este sistema tiene fallos notables. Se ha planteado una reforma de calado de la reestructuración de la justicia sin hacerle de forma coordinada y nos tememos lo peor. La reforma de los tribunales de instancia se ha planteado sin consultar a ningún operador jurídico de forma previa y eso nos preocupa”.

Para este jurista “este cambio de modelo de justicia va a afectar poco. Es una nueva organización de los propios juzgados y tribunales. Esta es una reforma de la que nos han venido hablando desde hace 6 años a nivel teórico, pero no se habían dado plazos en concreto como los han dado ahora el Gobierno. Ahora hay una ley y nos tenemos que adaptar todos a ella. Es importante la interoperabilidad de los sistemas procesales. La carta del consejero de Justicia de Madrid, lo deja claro, las CC. AA. necesitarán de un apoyo presupuestario procedente del Gobierno para poner en marcha dicha iniciativa que es de gran calado en todo el territorio nacional”.

Pallarés advierte de la necesidad de más jueces y funcionarios, lo que viene a incidir en la dotación económica de la norma, cuyo coste tendrán que financiar en una gran parte las CC. AA. “Se ha ido muy deprisa en esta implementación. Además, los plazos de vacatio legis son escasos para todo el cambio de modelo que se plantea en nuestro país. Es posible que haya alguna prórroga para que realmente los tribunales de instancia y las reformas procesales que implementan los MASC, puedan ponerse en marcha sin posibles disfunciones que desvirtúan esta iniciativa”.

Miguel Pallarés, fiscal de la APIF, cree que la justicia es deficiente en España por falta de medios y de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. (Imagen: APIF)