Conde-Pumpido pide respeto para el Constitucional en un momento en el que arrecian las críticas contra sus sentencias

Día de celebración el que tuvo lugar este pasado viernes en el Tribunal Constitucional con la incorporación del exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías como nuevo magistrado.

En este evento que congregó a destacados juristas, su presidente Cándido Conde-Pumpido, como hiciera Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, pidió respeto ante las decisiones del Tribunal Constitucional (TC).

Decisiones algunas muy controvertidas como la revisión de las sentencias de los ERES del Supremo que ha generado mucha polémica o sobre el impuesto de las grandes fortunas que han servido para que el Gobierno de Sanchez cogiera aire con estas resoluciones judiciales. El TC es el principal aliado del gobierno y le da la razón en aquellos asuntos claves que le llegan.

La sensación de algunos juristas consultados por E&J es que ese respeto que piden desde el Tribunal de Garantías “se lo tienen que ganar con decisiones más ajustadas a Derecho. Ahora que empezarán a llegar recursos al Constitucional sobre la Ley de Amnistía tienen la oportunidad de lograrlo declarando inconstitucional”, señala una parte de juristas de este país.

En opinión de Alberto Dorrego, socio responsable del área de derecho público de Eversheds Sutherland y director de la sección de derecho administrativo en el ICAM, “el Tribunal Constitucional tienen varios asuntos en su agenda que lo convierte en elemento clave en este escenario político que vivimos. El primero más importante es la Ley de Amnistía, que tendrá que pronunciarse sobre su constitucionalidad”.

Dorrego, letrado en Cortes en excedencia recuerda que “el propio Consejo de Ministros en el 2021 a instancia del ministro de Justicia, tras los indultos anteriores dejó claro en un informe que esa Ley de Amnistía era inconstitucional. También lo dijo la Mesa del Congreso de los Diputados que inadmitió a trámite el texto. Es lógico, por tanto, que el fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, se abstenga de pronunciarse en esa deliberación”.

Esta jurista señala que “aunque sabemos que la causa de abstención se va a estudiar esta semana por el presidente del TC, no creemos que la tumbe. Sería algo inusual hasta el momento. Es una abstención obligada porque Campo en el 2021 firmó ese informe señalando la ilegalidad de la ley de amnistiar. Con la incorporación del nuevo magistrado, Macías, habrá que ver su evolución, es un candidato idóneo por su preparación. Parece que va a equilibrar los bloques existentes aunque el ala progresista seguirá siendo mayoritaria en estos momentos”.

Desde su punto de vista “otro tema que tendrán que analizar en su momento es la financiación autonómica y el cupo catalán. Acabará en el Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse si la extensión de un modelo de cupo o de concierto como el que se quiere implementar en Cataluña tiene encaje en la Constitución porque en principio se podría pensar que rompe el principio de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles que se indica en la propia Carta Magna. Es un tema jurídicamente complejo y que va a generar mucha polémica si el TC lo valida, como parece ser que hará”.

Para Dorrego “el Tribunal Constitucional tiene una competencia central que es pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes. Hay otra adicional que es la relativa a los recursos de amparo. Desde esa revisión de los recursos de amparo el TC puede modificar sentencias dictadas por tribunales de instancia en la jurisdicción ordinaria o del Supremo. Lo que sí que hay que recordar es que la Constitución no establece como necesario el recurso de amparo. Este recurso fue importante durante años en materia de derechos fundamentales”.

Sin embargo, este experto cree que el recurso de amparo genera muchas distorsiones “porque lo que hace es utilizarse como un elemento para corregir muchas sentencias en materias que son jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional no debería entrar a interpretar preceptos del Código Penal, del Código Civil o revisando hechos y la valoración de la prueba que hace de cualquier tribunal de instancia o del propio Supremo. Esto no tiene ni pies ni cabeza, realmente. Puede generar un gran conflicto en nuestro país y un choque de competencias entre el Constitucional y el Supremo”.

Alberto Dorrego cree que es preocupante que el Tribunal Constitucional revise las sentencias del Tribunal Supremo. (Imagen: ICAM)

El Tribunal Constitucional se la juega

Por su parte, Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de Hay Derecho, explica a Economist & Jurist que sobre en el informe sobre el Estado de Derecho que presentara esta entidad en unos días hay una parte notable sobre el Tribunal Constitucional, su situación actual y la crisis por la que pasa la entidad desde la llegada de Cándido Conde -Pumpido: “La llegada del nuevo magistrado Macías deja claro la existencia de dos bloques definidos en la propia entidad”.

A juicio de esta jurista “el equilibrio existente no se ve alterado por esta nueva incorporación. Lo que sería deseable es cuando dictasen sentencias importantes no las resolvieran por bloques. Antes era siete a cuatro, ahora va a ser siete a cinco. Esto mina la credibilidad de la institución porque en cuestiones claves, como va a ser la próxima en consideración o no de los recursos planteados por la Ley de Amnistía, siempre votan en la misma dirección”.

Desde esta perspectiva “este tipo de votaciones son algo lamentables, porque de alguna forma puedes prever el signo de una votación, siempre en asuntos políticos de calado mediático. En la Ley de Amnistía algunos ministros ya han señalado la constitucionalidad de la norma antes del debate jurídico que esperamos todos los españoles. Confían en que va a avalar la constitucionalidad de la Ley porque saben que tienen al Tribunal Constitucional a su servicio fruto de esa división en bloques”.

Esta jurista se muestra contundente en sus planteamientos: “En estos meses el Tribunal Constitucional se juega su reputación con los asuntos que va a tener que resolver, en especial la Ley de Amnistía y la financiación autonómica. Creo que deberían hacer un esfuerzo para que no hubiera una votación en bloques como ha pasado en los últimos asuntos que han abordado. De lo contrario, la institución va a quedar muy tocada respecto a su reputación en los próximos meses aunque Conde-Pumpido pida respeto para las decisiones del TC”.

Frente a estos grandes temas, el Constitucional sigue siendo muy restrictivo en la admisión, primero, y consideración después, de los recursos de amparo que le llegan de los ciudadanos. Este 2023 el TC solo admitió 87 demandas de amparo según los datos de su Memoria, “estos asuntos se abordan de manera más lenta que otros asuntos mas mediáticos que se resuelven antes. El número de inadmisiones sigue siendo muy alto y mantiene la tendencia de los últimos años tras la reforma que hizo el Constitucional en el 2009”.

Para esta jurista “otro hecho destacable ha sido la revisión de las sentencias de los ERES que el Constitucional ha hecho del Supremo. Es cierto que no es la primera vez que ha pasado, hay algún otro antecedente, pero llama poderosamente la atención en un tema tan relevante política y mediáticamente. El Tribunal Constitucional si tiene esa potestad aunque en esta ocasión ha tenido más repercusión por el asunto en cuestión que han revisado”.

Elisa de la Nuez subraya que en estos meses el Tribunal Constitucional se juega su reputación y prestigio ante los recursos que tendrá que revisar. (Imagen: Hay Derecho)

Un Tribunal muy polarizado

Gabriel Doménech, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, destaca la polarización del Tribunal con sentencias que se han aprobado por siete a cuatro: “Ahora con la llegada de Macías se van a dictar otras por siete a cinco. Es un Tribunal muy polarizado, con magistrados previsibles en sus decisiones y votos que es reflejo de una sociedad que está también polarizada”.

Para este jurista “los partidos políticos han preferido nombrar como magistrados del TC a perfiles afines a ellos. Han sacrificado prestigio y reputación profesional por fidelidad y previsibilidad. En este punto no hay diferencias entre el PP y el PSOE en esos nombramientos. Los tres nombramientos de Campo, exministro de Justicia; Diez que trabajaba en Moncloa; y Macías, magistrado conservador del CGPJ, van en esa línea”.

Gabriel Doménech advierte que la composición del Tribunal Constitucional confirma la polarización existente entre conservadores y progresistas, cuestión peligrosa. (Imagen: Universidad de Valencia)

A juicio de Doménech “la abstención de Campo le honra, aunque el bloque progresista sigue teniendo la mayoría y al mismo tiempo no es presentable porque él informo de manera negativa sobre la Ley de Amnistía. Sin embargo, estos nombramientos minan la reputación, imagen e independencia del Tribunal Constitucional pero se alinean con los intereses de ambos bloques progresista y conservador”.

Al final lo que se está viendo es que “los dos grandes partidos políticos apuestan por sacrificar la imagen y reputación del Constitucional porque lo que quieren son magistrados leales y previsibles. El caso de la sentencia de los ERES revisado por el Constitucional ha dividido a los juristas porque el debate está si realmente el Supremo ha vulnerado el principio de legalidad en detrimento del reto”.

Respecto a la memoria última del Tribunal Constitucional, donde se aprecia un incremento de la actividad de este órgano judicial, llama la atención la escasa entrada de recursos de amparo sobre cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Tras la reforma del 2009 se optó por esa restricción de admisión de asuntos. Ahora resuelven los asuntos trascendentes, recursos contra leyes y recursos selectos de amparo. Un recurso contra una ley no puede esperar”.

Doménech, al igual que los otros juristas consultados por E&J, observa que el Constitucional está reforzando las tesis de Pedro Sánchez en cualquier tema polémico que plantea, “parece claro que van a declarar constitucional la Ley de Amnistía y hay sentencias muy cuestionables desde el punto jurídico técnico como ha sido la Ley sobre el impuesto a las grandes fortunas que el TC avaló pese a los recursos de varias comunidades autónomas. Parece claro que la norma interfiere en la potestad tributaria de las comunidades, aunque el Constitucional en su resolución lo niegue”.