El BOE publica la Ley de Eficiencia Judicial: entrará en vigor el 3 de abril

«Se acabó utilizar el proceso judicial como un mecanismo de presión por la parte más poderosa del conflicto, antes deberá intentar un acuerdo». Así lo declara a Economist & Jurist Jesús Lorenzo Aguilar, director de la Asociación Española de Mediación (Asemed), la primera institución de mediación de España.

Se pronuncia así tras la publicación en el BOE este viernes de la Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios, y regula medios adecuados de solución de controversias (MASC).

A partir de su entrada en vigor el próximo 3 de abril que quien pretenda demandar en el ámbito civil o mercantil tendrá que ir a un procedimiento de mediación, negociación o Derecho colaborativo, asistido de abogado, antes de ir al juzgado.

Jesús Lorenzo Aguilar ya explicó en una reciente entrevista en este diario las claves de la utilización práctica de los procedimientos de mediación de acuerdo a la Ley orgánica de eficiencia. 

«Por fin, después de 12 años reivindicándola, se ha publicado hoy en el BOE esta Ley, en la que a partir de su página 879 se recoge por primera vez en la historia de la justicia española el requisito de procedibilidad que se debe cumplir para poder acceder a un procedimiento judicial», celebra este experto, quien participó en la anterior legislatura en la comisión de desarrollo de esta ley, y cuenta con «más de 20 años» de trayectoria profesional dedicándose a la justicia restaurativa.

A su juicio, esto «hace que las partes que tengan un conflicto de cualquier orden se verán equilibradas, pues no será posible ir directamente al juzgado en un procedimiento civil o mercantil sin haber intentado antes un método negociado, bien sea mediación, conciliación privada, propuestas de negociación, experto neutral, etc.».

Jesús Lorenzo Aguilar, director de Asemed. (Imagen: Asemed)

Este experto señala que «otra de las cuestiones importantes de la Ley Orgánica de Eficiencia es que, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, se recoge de forma positiva la Justicia Restaurativa y la posibilidad de que el juez o el Tribunal, valorando las circunstancias del hecho, de la persona investigada, acusada o condenada y de la víctima, podrá, de oficio o a instancia de parte, remitir a las partes a un procedimiento restaurativo, salvo en los casos excluidos por ley».

Esta modificación se incluye en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y «abre una nueva vía a la mediación penal».

Jesús Lorenzo Aguilar afirma que la norma podría haber sido más ambiciosa, pero está «razonablemente satisfecho» con ella. «Se ha hecho el esfuerzo de buscar los máximos apoyos posibles, y esta es la mejor ley que en estos momentos se ha podido conseguir», manifiesta. Ahora, los ciudadanos tendrán que decidir qué método les va a convenir para resolver sus conflictos, y, según este experto, «en ello tendrán un peso los plazos que hay que cumplir para que ese requisito de procedibilidad sea lo menos gravoso posible para las partes».

En este sentido, pone como ejemplo que «si una entidad financiera quiere demandar a una persona por un impago, deberá enviar una propuesta de negociación y demostrar que actúa con buena fe y no meramente para conseguir un documento que le permita ir al procedimiento judicial, pues probablemente no se la admitirán o la otra parte podrá oponer una excepción de defecto en el modo de proponerla».

«Tras una propuesta de negociación de una parte a la otra, habrá que esperar 30 días para que la otra se pronuncie y si no lo hace estará abierta la vía judicial, pero si solicita una mediación el plazo que se le otorga serán siete días y tendrá el certificado emitido, por ejemplo, de la Asociación Española de Mediación, para que pueda acreditar su intento de solicitud de mediación y, como se ha hecho a través de una institución de mediación, la buena fe se entiende integrada en ese proceso», destaca Jesús Lorenzo.

Este mediador sostiene que «a pesar de que aparentemente todos los MASC son accesibles, la mediación es el método más seguro, entre otras cosas porque ya tiene su estatuto, mientras que el resto de los métodos adecuados –experto neutral independiente y conciliador privado– necesitan que su estatuto se regule, puesto que el Gobierno debe presentar al Congreso en el plazo de un año una nueva ley para ello».

Asemed celebró el pasado 20 de noviembre su gala de Premios, reconociendo la labor de destacados profesionales por su contribución al desarrollo y promoción de la mediación en España y a nivel internacional. (Imagen: E&J)

Así, afirma que hasta entonces «la única figura profesional verdaderamente constituida es la del cuerpo de mediadores y mediadoras españoles», que están registrados en el Registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que es obligatorio a partir de la entrada en vigor de esta ley, con lo cual dará una gran seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas porque todos estamos cubiertos por un seguro de responsabilidad civil».

Se necesitarán más de 20.000 profesionales de la mediación para gestionar 2,8 millones de procedimientos, según este experto

Uno de los efectos de esta ley es que «se van a crear decenas de miles de puestos de trabajo», como señala Jesús Lorenzo Aguilar.

Preguntado por cuántos mediadores hay actualmente en España, afirma que como hasta ahora el registro no era obligatorio, no se conoce la cifra exacta, y que «en el registro de mediadores puede haber unos 8.000″, pero en Asemed tienen registrados 15.000 profesionales de la mediación».

Ahora, que a partir de abril tendrán que gestionar «alrededor de 2,8 millones de procedimientos de mediación civiles y mercantiles», el director de Asemed calcula que «en España necesitaremos más de 20.000 profesionales de la mediación».

Indica que «hay 5.000 jueces en España y a pesar de ello la justicia está colapsada», subraya así que «no podemos cambiar un sistema de justicia colapsado por un sistema de mediación colapsado, sino que «tiene que haber un cuerpo fuerte, bien organizado, bien formado para que la gestión de los procedimientos de mediación sea rápida y eficaz».

A su juicio, «en España, a partir de que entre en vigor esta ley, habrá entre 600.000 y 800.000 acuerdos de mediación que evitarán otros tantos procedimientos judiciales».

Preguntado por qué profesionales pueden ejercer la mediación, señala que para ser mediador «es necesario cumplir tres requisitos: tener una formación profesional superior o grado universitario en cualquier ámbito del conocimiento, así como una formación teórico-práctica presencial de mediación, que consista en la participación en mediaciones asistidas». Una formación que desarrollan en Asemed. «El tercer requisito es contar con un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la mediación», añade Jesús Lorenzo.

Miembros de Asemed. (Imagen: E&J)

Llama a los mediadores a integrarse en Asemed

Este experto hace un llamamiento a los mediadores para que se integren en Asemed «para organizar la práctica profesional de los servicios que prestarán a la ciudadanía».

Para ello, Asemed ha organizado el próximo 14 de febrero su sexto Congreso de mediación, que tendrá lugar en Madrid, en el que «se abrirá la inscripción para que todos los mediadores y mediadoras que cumplan con los requisitos legales para el ejercicio de la mediación puedan incluirse en el turno de oficio de la Asociación Española de Mediación».

Según informa, en dicho simposio, participarán como ponentes, entre otras personalidades del mundo de la Justicia, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; representantes del Consejo General de Procuradores; del Consejo General del Poder Judicial; de la Judicatura, con Vicente Magro Servet y Julián Sánchez Melgar, embajador de Asemed; y del mundo de la Abogacía.

Por último, refiere que «nuestro Rey ha liderado la paz social con su discurso navideño«, dando una «llamada de atención a los partidos políticos por las formas de comunicación con la que se relacionan, en un enfrentamiento agresivo; la necesidad de la vivienda para jóvenes y personas desfavorecidas; la defensa de los nuevos españoles de adopción que vienen a trabajar; y sobre todo la necesidad de la concordia y el pacto de convivencia en nuestra sociedad para mejorarla».

«Como él dice, España es un gran país. Y nuestro Rey, ejemplar. Sigamos el modelo que, como primer mediador de España, nos marca», concluye Jesús Lorenzo Aguilar.

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