El Constitucional decidirá este martes sobre la admisión a trámite del recurso del Supremo sobre la Ley de Amnistía

El Tribunal Constitucional se dispone este martes a estudiar los recursos contra la Ley de Amnistía con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, que será admitida a trámite por unanimidad dando inicio a un recorrido cuyo fallo no culminará en menos de seis u ocho meses.

Al mismo tiempo hay una decena de recursos que han llegado de otras comunidades autónomas y del propio Partido Popular.

Este es un momento clave como señalaron en Economist & Jurist varios expertos como Alberto Dorrego, socio director de público de Eversheds Sutherland; Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho; y Gabriel Domenech, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, quienes apuntaron que el Tribunal Constitucional se juega mucho de su prestigio en un momento en el que sus sentencias son muy criticadas.

Fuentes jurídicas explican que el Pleno que se reúne este martes es posible que admita a trámite la cuestión elevada por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal sobre el delito de desórdenes públicos —cuyo ponente es el conservador Ricardo Enríquez—. El primero de los muchos recursos y cuestiones que espera el Constitucional sobre la norma.

La Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, sostiene que la Ley del olvido penal vulnera tres artículos de la Constitución española: el principio de legalidad y jerarquía normativa (art. 9.3), la igualdad ante la ley (art. 14) y la independencia judicial (art.117). Y, por eso, ha presentado esta consulta al órgano de garantías en la revisión de una condena por desórdenes públicos a unos jóvenes el 1-O a Girona.

Con este argumento no ha aplicado la amnistía a ninguno de los condenados por desórdenes que tiene sobre la mesa para revisar.

Precisamente, la Sala de lo Penal del Supremo plasmó en su recurso sus dudas sobre la posible vulneración del principio de igualdad ante la ley que implica la Ley de Amnistía. Exactamente la misma queja que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saliente planteó en su informe sobre la Ley, en marzo de 2023.

En cuanto al recurso del Partido Popular, será el día 24 cuando el Pleno estudie su admisión a trámite, lo que se da ya por descontado, según las fuentes. El ponente aquí será el nuevo magistrado de la Corte de Garantías, el conservador Jose María Macías, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y nombrado a propuesta del PP.

El siguiente, previsiblemente, será el del Gobierno de Aragón, que este lunes aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de manera inmediata. Hay hasta nueve comunidades autónomas que han confirmado que presentaran ese recurso de inconstitucionalidad. La fecha tope es este miércoles 11 de septiembre.

Así las cosas, las fuentes explican que el tribunal dará preferencia en la tramitación a la cuestión del Supremo por ser no solo la primera, sino por venir del más alto tribunal del país, de manera que marcará el camino para la resolución de todos los recursos de inconstitucionalidad y amparo que verá después el Tribunal.

Con este recurso del Tribunal Supremo se inicia un periodo clave para la credibilidad del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. (Imagen: Tribunal Constitucional)

El recurso del Supremo

La Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al TC a finales de julio en un auto en el que los magistrados aseguraban no albergar “duda alguna” de que la Ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.

Lo hizo al estudiar la aplicación de la Ley de Amnistía en dos recursos, respecto de tres personas condenadas por desórdenes públicos y atentado en las protestas ocurridos en Girona y Barcelona tras la sentencia del ‘Procés’, hecha pública en octubre de 2019.

Al respecto, las fuentes dejan claro que el recorrido será largo y que su resolución puede tardar hasta un año siendo el horizonte más optimista de unos seis u ocho meses.

Otro asunto que encara el Pleno es la petición del exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo que comunicó su abstención en el debate de la cuestión planteada por el Supremo.

Hace casi un año, Campo ya pidió abstenerse de un recurso de un particular sobre una decisión de la Mesa del Congreso respecto de la amnistía, por haber sido el ministro que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional.

Según ha podido saber Economist & Jurist, es previsible que el Tribunal aceptará esta semana su abstención, por lo que la correlación de fuerzas quedara seis a cinco para los progresistas tras la llegada de Macías.

Ahora bien, cuando llegue el recurso del PP, tocará estudiar las peticiones de los populares que han solicitado que no solo se aparte él, sino también el propio presidente Cándido Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Diez recursos contra la Ley de Amnistía

Por el momento, el Tribunal Constitucional  acumula ya una decena de recursos contra la Ley de Amnistía, la mayoría presentados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, formación que a su vez ha impugnado la norma; pero también uno de un gobierno autonómico socialista, el de Castilla-La Mancha.

La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso es una de las nueve comunidades autónomas que ha recurrido la Ley de Amnistía ante Constitucional. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Según informa el TC, por el momento la Corte de Garantías tiene encima de su mesa diez recursos de inconstitucionalidad contra la norma que reguló el perdón de los implicados en causas relacionadas con el ‘Procés’ catalán, si bien el plazo para recurrir no finaliza hasta este miércoles. A esa decena se suma la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo en relación a un procedimiento por desórdenes públicos, y que previsiblemente el TC admitirá a trámite en el pleno que comenzará mañana. El magistrado Ricardo Enríquez, encuadrado en el ala conservadora del Tribunal, es el ponente de ese primer recurso.

De los recursos presentados hasta el momento, cuatro —el del PP, los gobiernos madrileño y andaluz, y la comunidad autónoma de Galicia— plantean las recusaciones del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y de los magistrados Laura Díez, que fue cargo del Gobierno, y Juan Carlos Campo, que se pronunció en contra de la amnistía en su etapa como ministro de Justicia, cuando firmó los indultos a los líderes políticos del ‘Procés’.

En el caso de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, las recusaciones de Conde-Pumpido, Díez y Campo, que si salieran adelante dejarían mermado el bloque progresista e imposibilitarían el aval de la Ley de Amnistía, se basan en la vinculación de los tres con el Partido Socialista. Hay que recordar que Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero; y Laura Díez fue alto cargo del Ministerio de la Presidencia un corto periodo en la pasada legislatura.

Otras comunidades que han recurrido la Ley son la de Aragón, Cantabria o Murcia, según la relación facilitada por el TC y la Comunidad Valenciana que ha anunciado el suyo posteriormente. Asimismo, el gobierno valenciano también recusa a tres magistrados del Tribunal Constitucional (Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campos y Laura Díez).

Por su parte, un ejecutivo autonómico socialista, el de Castilla-La Mancha, gobernado por Emiliano García Page, ha impugnado asimismo la norma.

Según los datos aportados por el TC, de la decena de recursos de inconstitucionalidad, la mitad han recaído en ponencias de magistrados de sensibilidad conservadora, y la otra mitad progresista.