El Gobierno aprueba la ley de intercambio de información fiscal sobre plataformas digitales

El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley que transpone la Directiva UE 2021/514 -conocida como DAC 7- de intercambio de información fiscal entre países sobre la actividad de operadores de plataformas digitales. La norma establece una nueva obligación de información respecto de los operadores de las plataformas digitales.

Según informa el Ministerio de Hacienda en una nota, la ley, no solo traspone la DAC 7, como se preveía en el texto inicial, sino que implementa el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio automático de información sobre la renta obtenida a través de plataformas digitales en el ámbito de la OCDE, que ya fue suscrito por España.

Asimismo, con esa novedad normativa se implementa el Modelo de Reglas de comunicación de información por parte de operadores de plataformas respecto de los vendedores en el ámbito de la economía colaborativa y la economía de trabajo esporádico» de la OCDE, que tiene un contenido similar a la DAC 7 y que se empleará para facilitar el intercambio de información a raíz del citado acuerdo multilateral.

La trasposición de la DAC 7 y la implantación del Modelo de Reglas se efectúa a través de la modificación de la Ley General Tributaria en diferentes aspectos. Así, se regula el régimen de las inspecciones conjuntas y determinadas cuestiones concretas de la presencia de funcionarios de otros Estados miembros en España y viceversa, así como los controles simultáneos.

Obligación de información

Asimismo, respecto de la obligación de información y de diligencia debida relativa a cuentas financieras y la obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, se impone a los intermediarios obligados el deber de comunicar a todo interesado que sea persona física que la información sobre dicho obligado será suministrada a la Administración tributaria.

La ley establece lo que denomina “operadores de plataforma obligados a comunicar información”, los cuales tienen tres tipos de obligaciones. Por un lado, las normas y procedimientos que deberán aplicar los operadores sobre los vendedores para la obtención de determinadas informaciones, a fin de cumplir con el suministro de información a la Administración Tributaria. En segunda instancia, está la obligación de registro en el censo y, por último, la obligación de suministro de información a la Administración Tributaria.

La obligación de suministro de información se establece para, una vez obtenida la misma, intercambiarla con los Estados miembros de residencia del vendedor al que se refieren los datos y, en el caso de arrendamiento o cesión temporal de uso de bienes inmuebles, al Estado miembro en el que estuviera situado el bien inmueble.

Sede de la Comisión Europea. (Foto: UE)

Según el texto de la norma, los operadores deberán aplicar los procedimientos de diligencia debida en relación con determinadas informaciones de los vendedores, que estarán sujetos a la comunicación de dichos datos. Estos datos deberán ser verificados, especialmente la residencia del vendedor. Una vez obtenida esta información por el operador, deberá suministrarla a la Administración Tributaria española. Para ello, el operador deberá estar registrado censalmente ante la misma.

Estarán excluidos de esta obligación los operadores de plataformas digitales que demuestren que la información ha sido comunicada por otros operadores y aquellos registrados en países con convenidos para facilitar los datos a los Estados de la UE.

El proyecto de también prevé un régimen sancionador específico para estas obligaciones de información.

Información que se debe comunicar

En este sentido, el proyecto de ley establece que el operador de plataformas digitales deberá comunicar diversos datos relativos a una serie de actividades económicas a las que denomina «actividades pertinentes”, que son aquellas en las que medien los operadores a través de las plataformas digitales que gestionan, poniendo en contacto a los vendedores de bienes o prestadores de determinados servicios, denominados “vendedores», y los usuarios de dichas plataformas.

Asimismo, serán objeto de suministro de información aquellas actividades determinadas expresamente por la DAC 7 consideradas como «actividades pertinentes», que son las de arrendamiento y cesión temporal de bienes inmuebles y medios de transporte, servicios personales y venta de bienes.

Se deberán suministrar datos como la identificación de los propios operadores y vendedores; actividades desarrolladas por éstos; contraprestación satisfecha al vendedor e identificación de las cuentas utilizadas para el cobro de la misma; tributos, comisiones, tarifas y otras cuantías retenidas o cobradas por el operador, entre otros datos.

La declaración deberá ser objeto de presentación durante el mes de enero del año siguiente al que se refiere la información.

Inspecciones conjuntas

Otra de las novedades que recoge la ley es la regulación de las denominadas inspecciones conjuntas a nivel europeo, así como ciertos aspectos de la presencia de los funcionarios españoles en otros Estados, y a la inversa.

La normativa define el concepto de inspección conjunta y establece que, con carácter general, la regulación aplicable será la española propia del régimen de las actuaciones de inspección, salvo que las actuaciones se desarrollen fuera de España, en cuyo caso, se aplicarán las disposiciones del Estado miembro donde se desarrollen.

Ello nunca implicará que los funcionarios españoles que actúen en ese otro Estado miembro puedan ejercer competencias no conferidas conforme a la normativa española.