Eugenio Ribón (ICAM): «Cuando se ataca el derecho de defensa, la Abogacía no puede ser un viento cálido caribeño, sino un vendaval de respuesta»

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), analiza en esta entrevista con el director general de Economist & Jurist Group, Pablo Capel Dorado, la ley de amnistía; la filtración de la Fiscalía del caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; y la situación del Estado de Derecho en España. Como decano explica las acciones que ha llevado a cabo el Colegio sobre el caso de la Fiscalía, mientras que el resto de cuestiones las aborda algunas como jurista y otras como ciudadano.

Además, Ribón da su opinión sobre el posicionamiento del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en todos estos asuntos. ¿Y cuál es? El decano del ICAM, «hubiera deseado una respuesta más contundente». «Ante una vulneración del derecho de defensa, en la que se ponen de manifiesto esas conversaciones confidenciales, no podemos quedarnos en la mera emisión de una nota de rechazo, hay que dar un paso más», afirma tajante. 

El decano de la abogacía madrileña –el Colegio profesional de abogados más grande de Europa, con 75.000 letrados–, destaca que «no se puede tener tibieza en la defensa de estos valores fundamentales», y apunta que «en función de la firmeza y la contundencia con la que reaccionen unas instituciones u otras, así serán respetadas por el resto de los operadores jurídicos y la sociedad». 

Al decano del ICAM le gustaría que cuando se ataca el derecho de defensa, la Abogacía «no sea un viento cálido caribeño, sino un vendaval de respuesta para que su voz llegue con la máxima resonancia a todos los operadores jurídicos y a las instancias donde tengan que tomarse las decisiones».

Por su parte, Eugenio Ribón asegura que «al Colegio de la Abogacía de Madrid no le va a temblar la mano en defender el derecho de defensa, la Constitución española y los derechos de los colegiados». En este sentido, avanza en Economist & Jurist una primicia. «Ante esta quiebra tan gravísima que se ha producido de la confidencialidad en el marco de un protocolo de conformidad, no podemos seguir aplicando este protocolo en los términos en los que está establecido, porque no existen los mecanismos ni la garantía suficiente para mantener ese secreto de las comunicaciones», explica el decano. 

El decano del ICAM, Eugenio Ribón Seisdedos, posando en el plató con Pablo Capel Dorado, director general de ‘Economist & Jurist Group’, la Casa del Derecho. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

Por tanto, el ICAM lo ha dejado en suspenso y, según avanza en este diario, «ha puesto a disposición de todos los letrados un nuevo modelo en el que, con carácter previo al inicio de cualquier conversación entre las partes, tanto el fiscal encargado como el letrado deberán firmar ese acuerdo inicial de confidencialidad». Eugenio Ribón sostiene que es necesario «establecer mecanismos reforzados para que si se produce la ruptura de ese secreto, se tenga plena identificación de los responsables». Aparte de ello, el ICAM ha instado al CGAE a que haga una revisión profunda del protocolo de conformidad.

Y advierte que con actuaciones como la del caso del novio de Ayuso, «se debilita de modo extraordinario la credibilidad de la Fiscalía, la pone en jaque, en tanto que se puede dudar, con fundadas razones, de esa independencia» respecto al poder político. «Basta una actuación de este cariz para debilitar el crédito que tanto le cuesta a miles de fiscales con su trabajo diario», lamenta. 

Además, señala que con este caso «ha venido a la memoria de muchísimos abogados» la situación que se produjo con el juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación en 2012, «de vulneración del secreto de las comunicaciones, que debían permanecer confidenciales en el marco de una negociación sobre una eventual conformidad». «El fantasma de aquel ataque al derecho de defensa ha revivido» con este caso, afirma.

Respecto a la ley de amnistía advierte que «todo apunta a que supone una vulneración del artículo dos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)». Denuncia que se están quebrando principios esenciales de la separación de poderes, principios que afectan a la independencia judicial», y no duda que finalmente este tema acabe en los tribunales europeos «con una decisión que ponga en jaque nuevamente a nuestras instituciones», pues «hay una intercesión indeseable entre los distintos poderes del Estado, cuando lo que debe regir es una firme separación».