Fernando Portillo (FJI): «Ha llegado el momento, por el bien de la institución, de que dimita el fiscal general»

«Ha llegado el momento, por el bien de la institución que representa, de que dimita el fiscal general». Así lo sostiene el magistrado Fernando Portillo Rodrigo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), preguntado por Economist & Jurist sobre este extremo tras los últimos acontecimientos.

«El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue gozando de la presunción de inocencia, pero ha llegado el momento de que se defienda en el proceso sin arrastrar con ello a toda la Fiscalía, permitiendo incluso que la misma pueda ejercer libremente su actividad, pues no hay que olvidar que él es el jefe de la Fiscalía y que ésta que tendrá que decidir si le acusa o no, lo que sin duda puede verse mediatizado por el hecho de estar bajo su dependencia jerárquica», señala este magistrado.

Este lunes conocimos que el juez del Tribunal Supremo instructor del caso por supuesto delito de revelación de secretos respecto al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar como investigados al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid, para el 29 y 30 de enero, respectivamente, al considerar apuntalados los indicios delictivos contra ambos.

En opinión de Fernando Portillo, «la responsabilidad política no debe quedar siempre atada a la penal. Quiero decir que no se puede esperar a que un juez de lo penal condene a un político o a un cargo para que este tenga que dimitir». «Hay diversos escalones de responsabilidad antes de subir a la más grave, la penal, como puede ser la política, que puede existir por mala gestión, aunque en un juzgado no se demuestre la culpabilidad de los hechos más allá de toda duda razonable», razona.

Entonces ¿a partir de qué momento se puede exigir responsabilidades políticas a un alto cargo? «Muchos son los que entienden que no basta la mera investigación sobre el sujeto en cuestión, pues eso no requiere de especiales exigencias probatorias ni indiciarias, y consideran que sería necesario que se formule acusación y la apertura de juicio contra dicho sujeto, momento en el que la responsabilidad política debería entrar en juego, independientemente de lo que finalmente pase en el juicio. En mi opinión, dependerá de cada caso: del cargo, de la naturaleza del delito imputado, etc.», indica el presidente de FJI.

En este caso concreto, estamos en fase de instrucción, el juez instructor aun no ha tomado una decisión sobre si mandar abrir juicio o no contra el fiscal general. Ahora se le va a tomar declaración en calidad de tal investigado, «algo que es lo habitual a pocos indicios que se encuentren, y es una diligencia obligada por ley si se quiere abrir juicio», recuerda Portillo.

Ahora bien, destaca que «en este caso, dado el carácter representativo que tiene el cargo del fiscal general, de la institución afectada, de la naturaleza del delito que se le atribuye —cometido presuntamente en el ejercicio de su cargo, abusando de su condición— y al hecho de que el Supremo sí suele hacer un análisis más profundo de los indicios antes de llamar a declarar a aforados —precisamente por serlo, para evitarles el paseillo innecesariamente—, podría sostenerse que ha llegado el momento, por el bien de la Fiscalía».

Fernando Portillo es el juez tuitero ‘Judge the Zipper’, y autor del libro Destripando el Derecho (La Espera de los Libros), «sobre Derecho y jueces para quienes no saben de Derecho ni de jueces», cuyos beneficios irán donados a la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (Fundela). (Imagen: E&J/Óscar Peña)

FJI se opone a que se atribuya a la Fiscalía la investigación de las causas penales

Foro Judicial Independiente se opone a que se atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos. «Esta fue la postura cordada en el XIV Congreso celebrado en Cuenca en 2017, esto es muchos años antes de los hechos actuales, y se puede resumir en que mostramos nuestra oposición a que se atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos, debido al riesgo de injerencias políticas», declara el magistrado Fernando Portillo.

«Un riesgo que hoy día parece que es mucho más evidente que entonces», subraya.

Portillo manifiesta que «los males de la justicia española son muchos, pero uno de ellos no es una deficiente instrucción de los delitos, entendiendo por ‘deficiente’ ineficaz (en la averiguación del delito y su autor) y/o falta de garantías». «La mayor tara de la instrucción de los delitos es su prolongación en el tiempo y, para atajarla, es imprescindible una mayor dotación de medios humanos y materiales, así como más adecuados instrumentos legales, cuestiones ambas que poco tienen que ver con atribuir al fiscal la instrucción», afirma.

Además, este magistrado declara que «el Ministerio Fiscal dista mucho de ser el modelo de eficacia que algunos pretenden vender a la opinión pública: la falta de medios personales y materiales de la propia Fiscalía, su opacidad interna, la verbalidad de muchas órdenes que se dan en su seno, la dificultad de oponerse a ellas por los fiscales y la dependencia laboral de los subordinados a sus jefes menoscaban sin duda esa eficacia».

«Asimismo, los jueces son independientes y los fiscales están sometidos al principio de dependencia jerárquica. Las cúpulas de ambas profesiones están politizadas, pero el riesgo de que las injerencias políticas se filtren a las bases es mucho mayor entre los fiscales que entre los jueces, ya que los primeros pueden recibir órdenes de sus superiores y los segundos no. Este riesgo, por sí solo, es razón suficiente para desalentar el cambio», argumenta, haciendo hincapié en que ni mucho menos está poniendo en duda la profesionalidad de los fiscales.

A este respecto, señala que «con una elevada preparación técnica, los fiscales están igual o incluso mejor preparados que los jueces para llevar a cabo la instrucción de los delitos», y que lo que hace es «una crítica al sistema».

«Con el actual sistema, los fiscales están muchos más indefensos que los jueces frente a un jefe que, abusando de su ascendencia sobre las condiciones laborales de sus subordinados y ejerciendo mal el principio de dependencia jerárquica, dicte órdenes, no jurídicas, sino que obedezcan a intereses políticos nacidos en esa cúpula politizada que, recordemos, tiene su cima en un fiscal general que nombra el propio Gobierno de turno, órdenes frente a las que el fiscal que las recibe, como decía, tiene difícil revolverse», argumenta.

es magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, donde sirve desde 2010, y decano de los jueces de dicha ciudad desde 2016. Cogió las riendas del Foro Judicial Independiente (FJI) hace tres años, y en noviembre de 2023 fue reelegido en el Congreso celebrado en Santander. (Imagen: E&J)

Portillo considera que «aunque se dan muchas razones para cambiar al juez por el fiscal instructor, realmente lo que se atisba en el interés de muchos por este cambio de modelo es que el poder político pueda dar instrucciones a la cúpula fiscal y que éstas se filtren hasta los fiscales de base». «Con ello se buscaría poner coto a uno de los escenarios que más intranquilidad causa al poder político pero al que actualmente no puede llegar porque le está vedado: la instrucción de los delitos de corrupción por un juez independiente», advierte.

Y añade que «la prueba de ello es que muchos de los que quieren este cambio no suelen acompañar esta pretensión con reformas de su Estatuto Orgánico que doten al fiscal instructor de mayor independencia y autonomía (como pudieran ser la desaparición de las instrucciones particulares, la eliminación de las órdenes verbales, la inamovilidad del fiscal que está investigando un asunto, la abstención/recusación del fiscal, etc.)», sino que «solo piden cambiar a uno por otro, y ya está».

«Quede claro que esto no es una lucha corporativa: lo importante no es quién instruya, sino cómo se instruya. Si mañana se reforma su Estatuto Orgánico para que los fiscales tengan las mismas garantías de independencia y blindaje frente a injerencias políticas que tenemos los jueces y, en consecuencia, puedan instruir cualquier delito sin más límite que el de su criterio jurídico, convenientemente sometido a revisión por vía de recursos, no habría ninguna oposición a dicho cambio», remarca.

«El sistema español de investigación de los delitos es un muy buen sistema de contrapesos que, en todo caso, garantiza la imparcialidad y la objetividad del instructor, valores que hay que preservar. Si ello es posible mantenerlo con el fiscal instructor, ninguna pega. Pero, repito, el problema es que, a la vez que se quiere cambiar el modelo, no se quieren avanzar en estas garantías que, incluso, muchos de los propios fiscales piden», declara.

Añade que «ello es todavía más claro con los acontecimientos habidos en los últimos meses, como decía, donde la conexión del Gobierno con el fiscal general, jefe de todos los fiscales (también de los futuros fiscales instructores), parece mucho más evidente, habiéndonos sorprendido propios y extraños con manifestaciones del Ejecutivo que hablan de la Fiscalía como de un apéndice del Gobierno. Y con actuaciones de la propia Fiscalía en casos de relevancia política y/o pública que no se ajustan a la normalidad técnica de otros miles de asuntos donde los fiscales intervienen sin problema».

«Parece, por tanto, que el momento actual, que al decir de muchos confirmaría los miedos sobre los riesgos de injerencias políticas, desaconseja aun más un cambio como el pretendido, un cambio que debería hacerse desde el sosiego y la normalidad política, y contando con un consenso social y político mayoritario. Y siempre, insisto, cambiando a su vez el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal a fin de dotarle de las mismas garantías de independencia y blindaje frente a injerencias políticas que tenemos los jueces», concluye.

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