Jueces especializados y abogados de familia reclaman a Pilar Llop que la Ley de Eficiencia Procesal incluya la jurisdicción de familia

Es un clamor general y asumido por los operadores del sector la necesidad de contar con una jurisdicción específica de Familia, Infancia y Capacidad. Así se ha puesto de manifiesto en las jornadas que han tenido lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre en la Escuela del CGPJ en Madrid y, que concluyeron este miércoles.

Al encuentro acudieron abogados de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), la Asociación de Mujeres Juristas Themis y de la Plataforma Derecho en Familia, junto con trabajadores sociales y psicólogos que han intercambiado experiencias con magistrados especializados en familia en distintos órganos judiciales.

Sobre las más de sesenta conclusiones a las que se ha llegado en este grupo de trabajo, y que se harán públicas en un documento que se hará circular entre distintos operadores jurídicos y al propio Ministerio de Justicia, parece claro que se mantiene la reivindicación histórica de la necesidad de contar con la jurisdicción de familia, además de otras reivindicaciones colaterales que también se reclamaron.

Juan Pablo González, magistrado del Juzgado de primera instancia 24 de Madrid,  es el  director de estas jornadas que cumplen su decimonovena edición con carácter anual. “Este año, como está en trámite en el Congreso la Ley de Eficiencia Procesal teníamos la esperanza de que se incorporara la creación de una jurisdicción de familia, infancia y discapacidad a la norma”, declaró González. Sin embargo, por el momento dicha necesidad no aparece contemplada expresamente. “Estamos a la espera que se incorporen enmiendas en la Cámara Baja que ayuden a crear esta especialización orgánica de dichos juzgados de familia para evitar la existencia de juzgados de primera y segunda clase a la hora de resolver este tipo de asuntos”.

Para este jurista “es completamente necesario la especialización de familia que se viene reclamando desde hace años. En los juzgados donde no existe esta especialización, el ciudadano recibe una atención de mucha peor calidad. Hay que acabar con esa discriminación por el lugar de residencia porque es insostenible”. En el encuentro “se han tratado muchos temas, aspectos económicos que preocupan a las familias, la propia  Ley 17/2015 que modifica en caso de separación la relación con los animales de compañía; se han tratado temas de ejecución de sentencias tanto en el ámbito personal como patrimonial. También se han abordado cuestiones de violencia de género así como temas de derecho internacional privado con los nuevos Reglamentos que han entrado en vigor”, apuntaba el magistrado.

Y es que, en su opinión, “el legislador tiene una labor importante que hacer y es no dejar de lado ni olvidar la especialización de los Juzgados de familia. La oportunidad está en la futura Ley de Eficiencia Procesal que se tramita en el Congreso». En esa Ley 8/2021 ya quedó claro que la creación de la jurisdicción de familia se realizaría en el plazo de un año a partir de su publicación, sin embargo, ya ha pasado ese año de margen que existía para dicha creación y aún no existe esa justicia especializada en familia. «Es evidente que es una demanda muy necesaria en estos momentos», declaró finalmente González para cerrar esta cuestión.

(Foto: Archivo)

La necesidad de  juzgados especializados en estos asuntos

Por su parte, Mariló Lozano, presidenta de AEAFA, se mostraba satisfecha de estos tres días de reuniones de trabajo que han compartido jueces especializados y abogados especializados de esta entidad, de Themis, de la Plataforma Infancia Derecho, así como expertos en actividad psicosociales. “Ha sido una experiencia positiva al analizar aquellos aspectos que la ley no contempla o lo hace de forma dudosa al establecer ciertos criterios vinculantes que pueden ayudar en el día a día de los jueces y juezas de nuestro país”. Pues, desde su punto de vista son muchos los jueces y juezas que trabajan en juzgados especializados y mixtos y cuya colaboración es fundamental para que mejore el servicio público de la Administración de Justicia.

“Tenemos claro que el objetivo de fondo se reitera en la mayor parte de estos encuentros y es la creación de la especialización de jurisdicción de infancia,  familia y capacidad  “en teoría debería estar incluida en la Ley de Eficiencia Procesal. Estamos hablando de 2.5 millones de asuntos que llegaron en el la jurisdicción civil en el 2019 año prepandemia”, argumentaba Mariló Lozano.

En una de las últimas reuniones que tuvieron con el partido político Popular y con el Socialista ya manifestaron dicha necesidad.  AEAFA les instó a crear secciones de Infancia, Familia y Capacidad en cada uno de los futuros Tribunales de Instancia que se crearán en España (431) con la entrada en vigor de la ley que eliminará los juzgados unipersonales. De estos datos la Asociación señala que hay 550.000 asuntos que son de familia, infancia y capacidad, un número elevado debido al volumen de asuntos que afectan a las familias y ciudadanía, a niños adolescentes y a personas vulnerables, en comparación con el número de asuntos en mercantil o en material laboral. La jurista recuerda que, «en el año 2019 los asuntos mercantiles que se tramitaron en todos los juzgados fueron 116.000. Una quinta parte de los asuntos de familia, infancia y capacidad, mientras que el número de asuntos laborales fueron de 347.000. Esto motiva que se inste al legislador de que esta Ley de Eficiencia Procesal incluya de forma obligatoria la creación de dicha jurisdicción en materia de familia”.

En opinión de Lozano parece claro que “hay una parte de la judicatura cada vez más elevada, vinculados a los juzgados de familia, mixtos e instrucción que están a pie de cañón y que comparten nuestras inquietudes, y que también son partidarios de una reforma procesal sustantiva”. Así señala que, “el derecho procesal que tenemos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil es de hace un siglo, por lo que no está pensando para la casuística actual y ayuda poco en la ejecución de las resoluciones judiciales”. El resultado es que dichas sentencias judiciales se demoran más de lo debido en la ejecución por la falta de medios.

A razonamiento de la presidenta de AEAFA se hallan en un círculo vicioso, pues “promulgan leyes que deben regular situaciones en las que nos adaptamos a la normativa internacional, pero no tenemos equipos de mediación o de coordinación de parentalidad o escasos equipos técnicos judiciales, lo que conlleva un retraso en las sentencias”. De hecho, ha recordado que su asociación ha mantenido distintas reuniones con el Defensor del Pueblo para poner en conocimiento esta situación. “Nos ha dado traslado de que el mayor número de quejas que se tramitan tienen que ver con la dilación en la resolución de los asuntos, quejas sobre cómo funcionan estos equipos técnicos y la dilación en la emisión de esos informes. Solo un 34% de esos informes se emiten en seis meses. El resto puede tardar hasta dos años”.

En este contexto Mariló Lozano subraya que “no se puede tener a una familia sin regulación en ese tiempo y aunque haya medidas previas coetáneas que regulan provisionalmente esta situación, después de dos años hasta que se celebra la vista del procedimiento principal donde se consolidan situaciones, esto repercute negativamente por desgracia”.

Mariló Lozano, explica los problemas de la falta de una jurisdicción de familia: “Hay una justicia a dos velocidades” (Foto: E&J)

Ciudadanos discriminados

La reivindicación histórica que empuja a la Asociación Española de Abogados de Familia es que se cree esta especialización y que en todas las capitales de provincia de nuestro país haya una sección de Infancia, Familia y Discapacidad. Sin embargo, según el artículo 25 del Proyecto de Ley, esto no va a ser así. En su lugar estará sujeto a la carga de trabajo, pues no aparece de manera obligatoria. Para la jurista y presidenta de AEAFA si esto es así al final se generará una discriminación en el ciudadano por razón de su domicilio, de no tener derecho a un juez especializado que estudie su caso, lo que provocará una Justicia de doble velocidad, inseguridad jurídica y dilaciones en las respuestas.

Junto a este gran objetivo existe otro elemento de consenso entre los operadores jurídicos implicados, el de impulsar una formación continua especializada. “Es importante la especialización de los jueces; abogados, integrantes de los equipos técnicos judiciales y la dotación de medios económicos”, declaraba Lozano. Desde esta perspectiva recordó que “las leyes de tanto valor que se aprobaron el año pasado, como la Ley Orgánica de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y la Ley que ha modificado la disposición de apoyos para las personas con discapacidad, precisan de una cobertura e infraestructura de gran calado, tanto en la inversión técnica de edificios y salas adecuadas para la exploración de los niños, así como en la necesidad de más fiscales y jueces especializados y más equipos técnicos”.

Así recuerda Mariló Lozano que hay una gran diferencia entre los equipos técnicos que dependen de Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia diferentes a las autonomías que están en territorio del Ministerio. “Una de las quejas de estos equipos que han acudido a este encuentro de trabajo es, que muchas de estas personas están contratados laboralmente, son interinos que no se sabe qué formación tienen”. En este contexto, Lozano, como el resto de los abogados especializados en la materia de familia cree que “es necesario crear la especialización de la psicología forense, otra de las asignaturas pendiente que tiene el legislador para diferenciar la actuación de los peritos e integrantes de los equipos que tienen la formación en psicología forense, de lo que tienen en psicología clínica”.

Desde su punto de vista este es un debate que nos afecta a todos ya que “estos informes son claves para tomar decisiones sobre los repartos de tiempo o cuestiones que afectan a las familias”.

Mesa sobre ejecuciones de familia, presentada y moderadora por Aurora del Moral , letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 24 de Madrid. Luis Aurelio González, magistrado-juez del Juzgado de 1ª instancia nº 29 de Familia de Madrid; Antonia Roncero, magistrada-juez del Juzgado de 1ª instancia nº 30 de familia y capacidad de Sevilla; y Virginia Villanueva,  magistrada-juez del Juzgado de 1ª instancia nº 66 de Madrid como intervinientes (Foto: AEAFA)

La Justicia terapéutica es importante

Para Francisca Fariña, catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo y una de las coordinadoras de este encuentro, el debate durante estos tres días de trabajo ha sido muy intenso. «Se han aprobado mas de sesenta acuerdos, la mayor parte por unanimidad. Entre esos acuerdos hay que destacar la necesidad de implementar la formación en justicia terapéutica para los operadores jurídicos”. Sobre este tipo de justicia resalta que “trata la manera de humanizar la Justicia», es decir que la experiencia de los usuarios con la Justicia sea para ellos transitar por este sistema legal desde una práctica positiva y no negativa. «Que les resulte favorable para su bienestar psicoemocional por encima de todo”.

Desde el punto de vista de la catedrática, “es evidente el consenso que hay entre jueces,  abogados de familia , psicólogos y trabajadores sociales sobre los temas que preocupan en esta materia y las carencias existentes. Asociaciones como la de Psicología Jurídica Forense y la Asociación de Psicólogos Forenses reclaman una especialización de los psicólogos que trabajan en estos foros”. A su juicio esta especialización en materia de familia «debe llegar a todos los operadores jurídicos. Sin ella es difícil trabajar con garantías sobre los temas que preocupan».

Entre otros acuerdos, Fariña habla de la necesidad de regular la figura del coordinador de parentalidad. «El coordinador parental se presenta como un auxiliar o colaborador del juez con facultades para resolver los conflictos parentales y determinar las nuevas medidas por las que se regirá la familia».