«Jueces y LAJs están aplicando la ley de eficiencia de forma ejemplar», afirma Jesús Lorenzo Aguilar, director de Asemed

«La judicatura está ofreciendo una respuesta ejemplar en el cambio de paradigma que la mediación y los MASC suponen, para cumplir la ley y exigir que se cumpla». Así lo declara a Economist & Jurist Jesús Lorenzo Aguilar, director de la Asociación Española de Mediación (Asemed), la primera y mayor institución mediadora de nuestro país, en referencia a las resoluciones que se están dictando desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, el pasado 3 de abril, aplicando criterios de la exigencia de buena fe.  

En los juzgados se están denegando e inadmitiendo procedimientos porque se está intentando la modificación de medidas y el ejercicio de acciones sin recurrir a un método adecuado de solución de controversias, pese a que existe la obligación de hacerlo.

Por ejemplo, según ha publicado El Faro de Vigo, en el Juzgado de Familia número 15 de Vigo han recibido un expediente de jurisdicción voluntaria de una madre que quiere ir de vacaciones al extranjero con su hija menor de edad y necesita el aval judicial, ya que su pareja se negó a firmar la autorización. La progenitora formalizó una demanda sin intento de mediación previa, y basando su petición en unos WhatsApp, por lo que ha sido desestimada.

«Están actuando con un desconocimiento de la ley o bien con una intención de saltarse la norma», lamenta este experto. Sin embargo, según informa, en la Asociación Española de Mediación están recibiendo «muchas solicitudes de mediación de todo tipo civil y mercantil: cláusulas suelo, cancelaciones de hipoteca, reclamaciones de temas de arrendamientos urbanos, asuntos de familia, modificación de medidas matrimoniales…».

En Asemed tienen registrados actualmente «más de 11.000 mediadores en toda España», pero afirman que van a ser necesarios más. «De hecho, estamos formando a muchos más para incluirlos en nuestra bolsa de trabajo y en nuestro turno de oficio», apuntan.

Jesús Lorenzo destaca que los principales juristas de España —magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Audiencia Provincial, juristas de reconocido prestigio—  están a favor del intento de mediación o de conciliación previa de los MASC porque supone un avance jurídico importantísimo para la ciudadanía».

De izquierda a derecha de pie, el presidente de Asemed; los magistrados del TS Antonio del Moral y Manuel Marchena; el directorde la asociación, Jesús Lorenzo Aguilar; la magistrada María Pilar Rasillo; y sentados, el catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats; el director del centro penitenciario de Alcalá Meco (Madrid), José Comerón; el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, y Javier Nistal, de Instituciones Penitenciarias. (Imagen: Asemed)

Su mensaje a los detractores de los MASC

«Otra cosa son los intereses económicos que existan para que esto parezca una tarta, en la que si los mediadores y mediadoras nos llevamos una cuña, hay menos para los demás», lamenta, en referencia al descontento de otros operadores jurídicos por la implantación de los MASC.

Ante ello, el director de Asemed pone el siguiente símil: «La mediación, los MASC y los mediadores y mediadoras somos la galleta de la tarta, estamos en el fondo de esa tarta y cuando todos los demás operadores jurídicos se lleven su trozo, se llevan también la galletita que va implícita en en el pastel. De esa manera, los MASC dan consistencia al sistema y endulzan a la sociedad española y a las partes en conflicto», afirma.

Además, recuerda que «en España existe una ley de mediación desde el año 2012, que ya recogía una función de mediación», y que «los mediadores y mediadores son personas muy preparadas que tienen sus orígenes profesionales en la abogacía, la procura, la psicología, el trabajo social, la ingeniería, la medicina, entre otros campos profesionales», por lo que «nadie se puede irrogar ese principio de resolver los conflictos en España».

«Quienes han resuelto los conflictos en España, hasta ahora, han sido los jueces, que están cumpliendo escrupulosamente la ley y están implantando los mecanismos necesarios para que los juzgados obliguen a quien no lo haga de una manera respetuosa con la ley, inadmitiendo sus demandas. Pero no hay que enfadarse por ello, simplemente hay que cumplir la ley, que bascula en dos principios que antes no se no se determinaban, que son la buena fe y el concepto de abuso del servicio público de Justicia«, argumenta.

A estos otros operadores jurídicos que «se creen los propietarios del conflicto de España y buscan atajos», les llama a ser también ejemplares y a cumplir la ley porque «no es de recibo que se hayan estado llevando a los tribunales casos de padres que no se ponen de acuerdo en si su hijo hace o no la comunión o en los detalles de un bautizo». 

Asimismo, critica que se estén dando casos de «procedimientos monitorios por un importe de 2.000 que han sido inadmitidos por el juzgado de primera instancia y quien no ha estado de acuerdo con ello haya recurrido ante la audiencia provincial para que se resuelva en apelación sobre su admisión». «¿Qué coste económico supone esto para el Estado cuando se necesita un juzgado de primera instancia y tres magistrados en apelación?», plantea.

Jesús Lorenzo Aguilar y Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y exfiscal general del Estado, que es Mediador de Honor y embajador honorífico de Asemed. (Imagen: E&J)

Solucionados conflictos que llevaban 15 años enquistados

Según informa Jesús Lorenzo Aguilar, «en procedimientos que llevaban años en los tribunales de exparejas para modificar medidas, actualmente están llegando a un proceso de mediación y las partes, que no se hablaban, están aceptando volver a reunirse para poder cerrar ese conflicto que lleva enquistado 15 o 16 años». «Eso va a endulzar su vida. Va a producirse, por lo menos, un inicio de comunicación por el bien de los hijos y para resolver todo tipo de problemas familiares, patrimoniales, etcétera», manifiesta.

También está ocurriendo que «los reclamadores de deuda están solicitando muchas mediaciones y en esas solicitudes de mediación, los solicitados, que son los deudores, están aceptando rápidamente en una sesión llegar a un acuerdo con esos acreedores, algo que antes no se producía porque no se ofrecía esa posibilidad de arreglo».

«Lo que se sufría por parte del deudor eran llamadas infinitas a su teléfono por parte de una persona reclamándole sin mucha empatía. Ahora, lo que se está ofreciendo es la palabra, pero la palabra para que la parte más débil también pueda contestar y pueda usarla. Antes solo tenía la palabra la parte fuerte. Ahora la tienen los dos, porque ese es el principio de la mediación y la conciliación», agrega.

Justicia inmediata

Jesús Lorenzo destaca que «los MASC son la justicia inmediata, y que la mediación y la conciliación son la justicia del pueblo». En este sentido, indica que este martes en Asemed han tenido varias mediaciones de personas que las solicitaron el pasado jueves. Preguntado sobre cuánto puede tardar la resolución, señala que «si las partes llegan a un acuerdo en la primera sesión, tienen su acuerdo de mediación, que es una sentencia a todos los efectos para ellos, firmada por las partes y el mediador». «Por lo general, en cinco o seis días está resuelto el conflicto«, apunta.

La mayoría son «de derecho dispositivo y los acuerdos deben ser protocolizados notarialmente, y los que sean de familia, homologados judicialmente, pero en el momento en el que llegan a un acuerdo ya tienen su resolución y es de obligado cumplimiento. Si alguien no lo cumple, después de protocolizarlo notarialmente será el juzgado el que obligará a la parte rebelde a cumplir», precisa.

Los MASC son varios mecanismos: «negociación, que es directamente entre las partes; mediación; conciliación; la oferta vinculante confidencial, que es un modelo de negociación basado en el Derecho anglosajón para el tema de costas; y luego la opinión del experto neutral independiente», detalla Jesús Lorenzo.

¿Alguna bondad de la mediación frente al resto? «Nosotros tenemos un protocolo en el cual desde que una persona solicita una mediación a la otra parte, se le ofrece un plazo de siete días para que acepte o no. Por tanto, la mediación es la más rápida porque tiene un protocolo, es muy barata y muy eficaz«, responde.

Una mediación rápida «puede costar a cada parte 120 o 130 euros», según indica. En Asemed disponen de mediación y conciliación. La diferencia entre ambas opciones es que «el mediador no puede hacer propuestas a las partes y el conciliador sí». 

(Imagen: E&J)